El Gobierno enviará el Presupuesto 2026 al Congreso el próximo lunes 15, como lo establece la Constitución. El FMI pidió que para el próximo año el Ejecutivo tenga un proyecto sobre ingresos y gastos aprobados por las Cámaras. Será el presidente Javier Milei quien lo presente a través de una cadena nacional, a diferencia de lo que hizo el año pasado cuando lo hizo ante el Congreso.
El Gobierno había enviado el Presupuesto para 2025 pero no fue tratado por el Congreso y el oficialismo decidió prorrogar el vigente durante 2024, correspondiente a 2023.
Cuando se firmó el acuerdo con el FMI, el organismo hizo énfasis en que el año próximo debía contar con un presupuesto aprobado por el Congreso. El ministro de Economía, Luis Caputo, viajará a Washington para participar de las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial que se realizarán desde el 13 de octubre, dos semanas antes de las elecciones que renovarán las Cámaras a nivel nacional, y con el esquema de flotación entre bandas bajo escrutinio, pero respaldado por el organismo y el presidente.
Mucho ha pasado desde el primer envío que hizo el Gobierno al Congreso el 3 de julio sobre el proyecto que se presentará este lunes.
En el mensaje que anticipa los lineamientos que incluirá el proyecto, el equipo económico había plasmado que proyectaba que el dólar se iba a ubicar en $ 1229 para fin de este año, mientras que la inflación interanual sería de 22,7% y la actividad crecería un 5,5%, en línea con lo pronosticado por el FMI. El dólar mayorista este miércoles se ubica en $ 1416, la inflación hasta julio acumula una suba del 17,3% y muchas estimaciones privadas recortaron sus proyecciones de crecimiento hacia abajo del 5%.
Si bien en su mensaje no daba precisiones sobre las reservas, el envío del Palacio de Hacienda ratificaba el compromiso con el ajuste fiscal, desregulaciones y apertura comercial.
Es de esperar que el Gobierno haga énfasis en el equilibrio fiscal y la política monetaria. Es que en cadena nacional el pasado 8 de agosto el Ejecutivo anunció que enviaría al Congreso un proyecto de ley para blindar el superávit fiscal y penalizar a legisladores que no cumplan con las reglas fiscales.
Además, adelantó que prohibirá que el Tesoro nacional pueda pedirle dinero al Banco Central para financiar el gasto y se penalizará la aprobación de presupuestos nacionales que incurran en déficit fiscal.
Los proyectos aún no fueron remitidos a las Cámaras.
Los números en la mira
Entre las cifras principales que había anticipado el Gobierno se destacan que la recaudación en 2026 crecerá un 22,3%, un aumento real de las exportaciones del 10,3%.
Cabe aclarar que lo proyectado en la recaudación no contemplaba la extensión de la baja de las retenciones que anunció el Gobierno en la Exposición Rural, que extiende definitivamente la baja de en promedio 7 puntos sobre las alícuotas a los principales granos exportados.
Los impuestos que se distribuyen a las provincias tendrían un aumento del 21%. Este ítem es particularmente sensible dado que el Gobierno analiza vetar la distribución por coparticipación de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) horas después de haberles propuesto una mesa política a los mandatarios locales con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, y su par de Economía, Luis Caputo.
Fue Caputo quien dio el puntapié inicial para aceitar las negociaciones con las provincias. Horas después de oficializarse como miembro de la Mesa Federal, tuvo su primer encuentro con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres en el que acordaron convenios en el marco del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas.
Así, la Nación compensa deudas con Chubut por $100.000 millones, y la provincia se hace cargo de cuatro rutas nacionales, cancelando además la deuda que el Estado nacional mantenía con la provincia por obra pública en viviendas. Un acuerdo similar se alcanzó con Tucumán.
En el proyecto, el Gobierno contempla la "Coordinación fiscal con las provincias", donde contempla la reducción del gasto y ratifica el equilibrio fiscal junto con los estados subnacionales, a los que plantea la necesidad de avanzar en el saneamiento de sus finanzas.
Cabe destacar que las transferencias no automáticas a las provincias experimentan un escenario más que complejo. Según Politikon Chaco, las transferencias registraron en agosto su peor mes desde 2005 y, si bien en lo que va del año registraron un aumento del 125,7%, se trata del menor registro para el período desde 2006.
El derrumbe de las transferencias fue compensado por el aumento de los fondos coparticipables, que crecieron 4,1% interanual en el acumulado, aunque se mantienen 10% por abajo de los niveles de 2023, analizó el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).
El Presupuesto tendrá un desafío adicional vinculado a las provincias. Se trata de la obra pública. Hasta agosto, los gastos en capital habían sufrido una caída del 39,6%, en gran parte explicado por menores envíos a empresas públicas como ENARSA y AYSA, indicaron desde la Oficina de Presupuesto del Congreso.
La inversión en capital ya había experimentado hasta agosto de 2024 una caída del 78%, lo que da cuenta de una profundización durante este año del recorte en inversión en infraestructura.
En materia de saneamiento, desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), observaron que el financiamiento en obras de agua potable y alcantarillado para 2025 fue 76% menor al de 2023 y está en su menor nivel desde 2006.
