

Los tiempos se acortan y en el Gobierno no quieren sumar sinsabores en materia económica, a los que ya ha propinado en las últimas semanas el dólar paralelo y la áspera disputa judicial con los fondos buitres en Nueva York. Por eso, intentarán avanzar en el lanzamiento del nuevo índice de precios al consumidor (IPC), presionados por los crecientes reclamos del Fondo Monetario Internacional (FMI) para que la Argentina sincere sus estadísticas.
Con este objetivo en mente, la conducción del Indec a cargo de Norberto Itzcovich (Director Técnico) y Ana María Edwin (Directora General) realizaron una amplia convocatoria a representantes de universidades nacionales de distintas provincias del país. La cita será mañana en un centro de eventos de Puerto Madero, dónde los funcionarios del Indec presentarán las características del nuevo IPC, que a diferencia del actual (que se mide en la ciudad de Buenos Aires y conurbano) incluirá relevamientos en todas las provincias del país. Según trascendió, la intención del Indec sería en ese mismo encuentro tentar a las universidades del interior para que con su infraestructura colaboren en el relevamiento de los precios.
Al cónclave fueron invitados representantes de la facultad de Ciencias Sociales de la UBA, y las universidades de Quilmes, La Matanza, Tres de Febrero, Jujuy, General Sarmiento, Misiones, San Juan Bosco (Comodoro Rivadavia), Santiago del Estero, y Unicen (centro del país), entre otras. Será una jornada que abarcará todo el día, a puertas cerradas, y que a partir del mediodía arrancará con el aspecto central del encuentro: las características del nuevo IPC, sus propósitos y representatividad geográfica.
Vale aclarar que las universidades convocadas en esta oportunidad por el Indec no son las que conformaron el consejo que evaluó el año pasado la rigurosidad en la medición de la inflación y que emitieron un duro comunicado final sobre la transparencia de las estadísticas públicas.
En paralelo, al Gobierno el encuentro le servirá para mostrar a los ojos del FMI avances en el índice de precios. El organismo que dirige la francesa Christine Lagarde decidió a principios de año emitir una moción de censura contra la Argentina, proceso que de no mediar cambios podría derivar en la expulsión del país de la entidad de crédito internacional. El progreso de la Argentina en implementar medidas correctivas desde la reunión del 17 de septiembre de 2012 no ha sido suficiente, afirmó el FMI en el comunicado de febrero pasado. Como resultado, el Fondo emitió una declaración de censura contra Argentina en conexión con la violación de la obligación con el Fondo, agregó.
La tarjeta roja del FMI implica que el Indec debe normalizar las cifras de IPC y PBI si mayores demoras y a más tardar para el 29 de septiembre de 2013. De no hacerlo, podrían aplicarse nuevas sanciones.
También se espera un nuevo reporte oficial del FMI sobre el tema para el 13 de noviembre de 2013. En esa fecha el comité ejecutivo evaluará de nuevo el tema y la respuesta de Argentina en línea con los procedimientos del FMI, sostuvo el comunicado. Se trata de la primera vez que el organismo internacional decide sancionar a un país por la calidad de sus estadísticas oficiales.
Tras conocerse la sanción, el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, vaticinó que a fin de año estaría operativo el nuevo IPC. Estamos previendo poner en vigencia para el último cuatrimestre, un nuevo índice que reemplazará al IPC-GBA, que es el que supuestamente tiene tantos problemas para el FMI, dijo.