El Gobierno efectivizó el congelamiento de 1480 precios a través de una resolución en el Boletín Oficial. De acuerdo a la norma estos valores al 1 de octubre se deberían encontrar en todos los canales: tanto en grandes superficies, como en autoservicios.

Antes de esta medida el Gobierno sostenía dos canastas de productos, Precios Cuidados para supermercados, y Súper Cerca para comercios de proximidad, que habían surgido de una concertación con las empresas.

Sin embargo, el programa Súper Cerca -que se propuso fijar precios en almacenes y comercios de barrio- tuvo un 11% de participación. Estaba presente apenas más de 1 de cada 10 locales por fuera de las grandes superficies.

Durante el miércoles a la tarde, el gobernador Axel Kicillof recibió al secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, para solicitarle a losintendentes del Conurbano que comiencen los controles sobre el cumplimiento del congelamiento de precios.

"Esta medida requiere ahora de la presencia del Estado, con los diferentes organismos del Gobierno monitoreando que se cumplan los precios acordados", explicó Feletti a los intendentes del AMBA.

Por su parte, la subsecretaria nacional de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores, Débora Giorgi, dijo: "La Secretaría de Comercio Interior va a necesitar apoyo para llevar adelante las tareas de monitoreo, con el objetivo de que si se observa un incumplimiento se pueda ajustar el precio rápidamente".

"En los grandes supermercados con que un local tenga mal los precios, ya es representativo de esa cadena. Pero si una persona va a un supermercado chino y está mal el precio, porque tomó ventaja de que el proveedor se lo entregó a un valor, entonces formó un precio mayor y es sancionado, al Gobierno el quedarán para revisar todavía miles de supermercados de barrio. Es un delirio", apuntó Damián Di Pace, especialista en consumo.

Como no hubo acuerdo entre empresas alimenticias y el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, la resolución establece que ante incumplimientos los locales serán sancionados de acuerdo a la ley 20.680 más conocida como ley de abastecimiento.

Otro problema de la aplicación del congelamiento es que la lista oficial de precios, que se emitió junto a la resolución, tiene diferencias de hasta el 50% con los valores vigentes en los principales supermercados.

"Desde la primera lista que presentó el Gobierno hasta la última hay diferencias entre los precios que hay que retrotraer al primero de octubre, esa brecha es porque los precios que tenía la secretaría no son del 1 de octubre, son de antes. Entonces le están haciendo una exigencia mayor a las empresas por tener una lista retrasada", señaló Di Pace, y concluyó: "las empresas pueden judicializar la medida por perjuicios por el nivel de rentabilidad".