En el marco de las controversias y serias irregularidades que se están viviendo en torno al juez de la Corte Suprema, Carlos Fayt, Alvaro Herrero, presidente del Laboratorio de Políticas Públicas (LPP), Abogado y PhD en Ciencia Política (University of Oxford), se dirigió a la Relatora de Independencia Judicial de la ONU, Sra. Gabriela Knaul, en una carta en la que le da a conocer los hechos que están afectando a la Justicia en Argentina y le solicita que evalúe la posibilidad de realizar una visita al país para analizar la situación actual.
En su nota, el presidente del LPP afirma que es necesario adoptar medidas para evitar que prosperen los graves hechos que amenazan seriamente a la independencia de la Corte Suprema y del Poder Judicial en general. Entre los hechos que denuncia Herrero, se destacan las presiones del gobierno y sus legisladores para lograr la renuncia o destitución del juez Carlos Fayt, integrante de la Corte Suprema de Justicia desde 1983, las reformas y controversias acerca del sistema para cubrir las vacantes transitorias en la Corte Suprema y la posible ampliación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Además, menciona la preocupación por las demoras en la investigación de la muerte del Fiscal Federal de la Nación, Alberto Nisman, la parálisis del Consejo de la Magistratura, la designación de funcionarios judiciales de rango medio como jueces transitorios, y la protección oficial a jueces denunciados por supuestos hechos de corrupción.
Herrero expresa que “las citadas irregularidades, que incluyen desde fuertes presiones para que renuncie un juez de la Corte Suprema hasta la amenaza de ampliar dicho tribunal, han generado fuertes tensiones entre el Poder Ejecutivo nacional y el Poder Judicial, y han tenido una enorme repercusión en los medios de comunicación. Esta situación no solo afecta las condiciones políticas e institucionales para el accionar independiente de los actores del sistema de justicia sino que la situación ha escalado, involucrando a los tres poderes del Estado y a los principales actores políticos”.
En el contexto eleccionario que vive la Argentina, Herrero considera que “existe un riesgo real y tangible de que en el corto plazo se lleven a cabo reformas que perjudiquen seria e irreversiblemente las condiciones necesarias para el apropiado funcionamiento de las instituciones judiciales de nuestro país”.
Para ver el documento completo: http://lppargentina.org.ar/?p=1153
