Los docentes agremiados en los sindicatos que se nuclean en CTERa realizan hoy un paro de actividades con un extenso pliego de reclamos a un Gobierno nacional que los advirtió sobre posibles sanciones si no cumplen con lo ordenado en la Ley de Reforma Laboral respecto de las actividades esenciales.

Desde el Ministerio de Capital Humano, en las últimas horas se recordó que la nueva norma pondera a la educación en todos sus niveles -desde maternal hasta secundario- como una actividad esencial y que, por tanto, los gremios deben asegurar un 70% de cobertura, es decir, de presencialidad en las aulas.

La medida de fuerza se realiza por 24 horas, pero algunos gremios provinciales amenazaron con realizar asambleas y extenderla.

Qué dice la Ley de Reforma Laboral sobre la Educación y cuáles pueden ser las sanciones a los gremios

Desde el comienzo de su gestión, el presidente Javier Milei intentó llevar adelante una política que ponga márgenes a la actividad sindical.

El Decreto 70/2023, publicado a pocos días de asumir la presidencia, ya había incluido la letra de lo que después quedaría plasmado en la Ley Bases y en la Ley de Modernización Laboral.

En esas normas, la educación (que abarca los niveles de maternal/guardería, preescolar, primario, secundario y educación especial) pasa a ser clasificada dentro de los servicios esenciales.

Con anterioridad, muy pocas actividades tenían ese registro. La más destacada siempre fue la Salud, que contaba con guardias mínimas aseguradas durante los paros.

El Gobierno libertario extendió las áreas y también las sanciones. Antes los gremios se exponían a multas, por ejemplo, cuando tomaban medidas de acción directa en medio de una conciliación obligatoria. Ahora se los puede encausar, por ejemplo, por no cumplir con la “cobertura” de guardias.

En el caso de la educación, las partes deben garantizar una prestación mínima del 75% del servicio habitual durante las jornadas de paro o medidas de fuerza.

Las escuelas e instituciones educativas deben coordinar esquemas de guardias y presencia docente suficientes para asegurar que al menos tres cuartas partes del dictado de clases y funcionamiento presencial normal se mantengan operativos.

Desde el Ministerio de Capital Humano dijeron a El Cronista que, de no cumplirse, los gremios se exponen al “inicio de un proceso sancionatorio” que comienza con “multas”, pero que puede escalar a otras de mayor importancia.

En ese sentido, la normativa permitiría avanzar con acciones por daños y perjuicios de forma directa contra los dirigentes y los sindicatos, además de habilitar denuncias penales.

La advertencia del Ministerio

El Ministerio de Capital Humano informó que llevará adelante la supervisión del cumplimiento de la Ley de Reforma Laboral.

En ese sentido, se señaló que se desarrollará “una inspección muestral en escuelas de todo el país a fin de verificar que las entidades gremiales que convocan al paro nacional respeten el cumplimiento del 75% de la prestación habitual del servicio educativo”.

“En el caso de verificación del incumplimiento de esta normativa, se activarán los protocolos para aplicar las sanciones que correspondan”, añadieron.

El Ministerio exhortó “a todos los agentes del sistema educativo, según sus responsabilidades, a priorizar el derecho a la educación de los niños y jóvenes y a cumplir con la normativa vigente en materia de esencialidad de la educación a fin de llevar previsibilidad a las familias argentinas”.

Qué le piden los gremios a Milei

El pliego elevado por CTERa incluye reclamos directos a políticas que desarrolló Javier Milei en su mandato.

En primera instancia se solicita la convocatoria a la Paritaria Nacional Docente, un mecanismo que fue desactivado y que era característico de las negociaciones salariales docentes.

La Paritaria Nacional se realizaba en el Ministerio de Educación y establecía un “piso” que las provincias debían acatar en materia salarial. Fue desactivada en el verano del 2024 por considerarse que los empleadores de los docentes eran los gobierno locales.

Además reclaman el restablecimiento del Fondo Nacional de Incentivo Docente y la transferencia de los fondos nacionales atrasados destinados a la educación; a lo que agregan una “recomposición Salarial y Presupuesto”

También exigen la sanción de una nueva legislación que garantice recursos e inversión sostenida para el sistema educativo público y el rechazo a reformas y proyectos de ley, entre ellos a la anunciada iniciativa que lleva el título de “Ley de Libertad Educativa”.