La histórica conflictividad en el subte porteño se encamina a sumar un nuevo capítulo que enciende señales de alerta sobre la continuidad del servicio. La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro (AGTSyP), otrora conocidos como “metrodelegados”, declaró el “estado de alerta y movilización”, una definición que, en la práctica, suele funcionar como antesala de posibles paros.
El sindicato, de perfil combativo y con fuerte capacidad de acción, construyó en los últimos años una dinámica de presión sostenida que incluyó paros parciales y totales, interrupciones del servicio, liberación de molinetes y protestas en estaciones. A eso se suma una agenda de reclamos estructurales, entre ellos la denuncia por la presencia de asbesto en formaciones y talleres, que derivó en conflictos prolongados, medidas judiciales y reiteradas acciones gremiales.
En este contexto, el nuevo comunicado difundido por la organización sindical introduce un elemento adicional de tensión. Según informaron, el gremio tomó conocimiento de una causa penal impulsada por Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), la empresa estatal dependiente del Gobierno de la Ciudad, que apunta contra trabajadores por su participación en medidas de fuerza realizadas en los últimos años.
Desde el sindicato calificaron esta situación como un intento de criminalización de la protesta. “Esta denuncia es un intento de criminalizar la protesta y limitar los derechos constitucionales”, señalaron. En esa línea, precisaron que la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°35, a cargo de la fiscal Ramiro, imputó a trabajadores por el delito de asociación ilícita, en relación con acciones gremiales desarrolladas durante 2024 y 2025.
La organización sindical sostuvo que esas medidas se llevaron adelante “en el marco de la representación legítima del sindicato”, y cuestionó que se busque encuadrarlas como delito. “Una vez más, la criminalización de la huelga aparece como la vía para intentar condicionar el ejercicio de derechos constitucionales”, afirmaron.
El planteo se inscribe en una disputa más amplia sobre los límites de la acción sindical en servicios públicos esenciales, con el telón de fondo de la, ahora judicializada y parcialmente suspendida, reforma laboral. Desde la AGTSyP remarcaron que el derecho de asociación y la libertad sindical “deben ser garantizados y no reprimidos”, y advirtieron que la causa judicial “pone en evidencia la persecución de la que somos víctimas”.
“No permitiremos que avasallen nuestros derechos”, indicaron, al tiempo que denunciaron un intento de intimidación a través de la persecución de trabajadores.
El comunicado también incluye un llamado a otras organizaciones sindicales, tanto nacionales como internacionales, así como a actores sociales y políticos, para que acompañen el reclamo. Según expresaron, lo que está en juego trasciende el conflicto sectorial y se vincula con la defensa de derechos laborales.
