El Gobierno dictó la conciliación obligatoria en el conflicto entre la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), con el objetivo de desactivar el paro de controladores aéreos que amenazó con profundizar las cancelaciones y reprogramaciones de vuelos en plena temporada de fiestas y vacaciones de verano.

La medida comenzará a regir desde las 8 del martes 23 de diciembre y se encuadra en la Ley N.º 14.786. Como es de norma, establece un período de quince días, durante el cual las partes deben retrotraer la situación al estado previo al inicio del conflicto. En ese marco, la Secretaría de Trabajo intimó al gremio a “dejar sin efecto toda medida de acción directa” y a garantizar la prestación normal del servicio durante la vigencia de la conciliación.

La decisión se tomó tras una reunión entre funcionarios de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y representantes del sindicato, luego de que no prosperara el último ofrecimiento formulado por la empresa estatal. Desde el Gobierno advirtieron que, sin un acuerdo, el impacto sobre el transporte aéreo se extendería a fechas sensibles, como la Navidad y la primera quincena de enero.

El conflicto se arrastra desde semanas anteriores y ya afectó a decenas de miles de pasajeros. Según datos oficiales, las medidas de fuerza provocaron cancelaciones y reprogramaciones tanto en vuelos de cabotaje como internacionales, con demoras que alteraron la operatoria habitual de las aerolíneas. En una de las jornadas más críticas, Aerolíneas Argentinas informó cambios de horario en más de 60 vuelos, lo que perjudicó a más de 9.000 pasajeros.

La protesta gremial incluyó interrupciones parciales del servicio en franjas horarias específicas, lo que obligó a las compañías a reordenar sus programaciones y generó un efecto cascada sobre arribos y partidas en los principales aeropuertos del país. Aunque no se trató de una paralización total, la restricción en las autorizaciones de despegue impactó de forma directa en la puntualidad de los vuelos.

Desde EANA, la empresa responsable de la navegación aérea, señalaron que determinadas acciones realizadas durante las primeras jornadas del conflicto “comprometieron la seguridad operacional”. En ese marco, presentaron una denuncia penal ante el fuero federal y cuestionaron la colocación de banderas y cartelería en torres de control de Aeroparque y Ezeiza, al advertir sobre el riesgo que podría implicar un eventual desprendimiento de esos elementos.

El gremio, en tanto, rechazó esas acusaciones y sostuvo que el origen del conflicto radicó en la ruptura del diálogo con la empresa, el incumplimiento del convenio colectivo de trabajo, despidos recientes y una pérdida sostenida del poder adquisitivo de los salarios. Desde ATEPSA afirmaron que las medidas se implementaron bajo protocolos definidos y responsabilizaron a la falta de respuestas oficiales por la escalada del conflicto.

La tensión también adquirió una dimensión política. La continuidad del paro coincidió con una semana clave en el Congreso, en la que debieron trasladarse senadores desde sus provincias para participar de la sesión convocada para debatir el Presupuesto 2026. La eventual imposibilidad de volar obligó al oficialismo a evaluar alternativas logísticas de emergencia para garantizar el quórum.

Con el dictado de la conciliación obligatoria, el Ministerio de Capital Humano convocó a las partes a retomar las instancias de diálogo en el ámbito de la Secretaría de Trabajo. En un comunicado oficial, la cartera afirmó que la medida busca “propiciar una solución consensuada que contemple los intereses de los trabajadores y garantice el normal funcionamiento del servicio”, y reafirmó su compromiso con la preservación del diálogo social y la protección del interés público.