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Por orden de la Justicia de Entre Ríos, este viernes por la noche detuvieron al exgobernador Sergio Urribarri, quien deberá es trasladado esta misma noche desde su domicilio en Concordia hacia la Unidad Penal N°1 de Paraná. Deberá cumplir la condena de 8 años de prisión por delitos de corrupción.
La detención ocurrió horas después de que el máximo tribunal rechazara los recursos extraordinarios presentados por las defensas y dejara firme la condena contra el exmandatario provincial. La resolución fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
La detención de Urribarri
Urribarri había sido condenado el 7 de abril de 2022 a ocho años de prisión y a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná. La investigación estuvo centrada en el direccionamiento de contrataciones de publicidad oficial del Gobierno de Entre Ríos entre 2010 y 2015.
Además, condenaron por la misma causa a Juan Pablo Aguilera (cuñado de Urribarri) y Pedro Báez, exministro de Comunicación.
El Tribunal de Juicio que los condenó dispuso que los tres comiencen a cumplir sus penas en la cárcel de Paraná, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara el último recurso pendiente y dejara firme la sentencia por negociaciones incompatibles con la función pública y peculado.
La Policía de Entre Ríos debió trasladar a Urribarri durante la noche: entre Concordia y Paraná hay 280 kilómetros, un trayecto que demanda cerca de cuatro horas, por lo que el ingreso a la unidad penal se concretó en la madrugada.
La defensa del exgobernador intentó evitar la detención mediante un pedido de prisión domiciliaria, alegando un cuadro de salud mental y físico que incluiría trastorno de estrés postraumático, hipertensión y problemas cardíacos. Sin embargo, el tribunal rechazó el planteo al considerar que no se acreditaron razones suficientes para suspender la ejecución de la pena ni para otorgar el beneficio.
Por qué condenaron a Urribarri
Urribarri, de 67 años, fue condenado en 2022 por un esquema de desvío de fondos públicos hacia empresas vinculadas a su cuñado, mediante contratos de publicidad oficial simulados entre 2010 y 2015.
La causa acreditó 143 operaciones irregulares que generaron un perjuicio económico superior a $12 millones para la provincia. Con el fallo firme, la Justicia dispuso que el exmandatario cumpla la pena en prisión efectiva
La detención de Urribarri marca un capítulo decisivo en una de las causas de corrupción más relevantes de la provincia, y se produce en un contexto de fuerte repercusión política y judicial.
