Obra Pública: denuncian "listas negras" que paralizan licitaciones

Empresarios señalan que hay firmas con ejecutivos involucrados en causas de corrupción que no acceden a documentos necesarios para licitar. Se suman a otros factores de parálisis de obras públicas

Desde que salieron a la luz los conocidos como "Cuadernos K" el mundo de la obra pública tiembla desde los cimientos.

Grandes empresas e históricos ejecutivos del sector de la construcción que supieron poner sus apellidos en carteles en donde había una leyenda que decía "Acá también la Nación crece" en la era kirchnerista, pero también en otros con el "Haciendo lo que hay que hacer" de Cambiemos, sumaron sus nombres en expedientes judiciales por cohecho.

Jefatura de Gabinete absorbió el registro nacional de constructores

A partir de ese momento, en el Registro Nacional de Constructores comenzó a vivirse momentos de zozobra. Técnicos con años de experiencia empezaron a recibir órdenes cruzadas y, ante la falta de certeza, comenzó a circular un documento sin firma con una larga lista de compañías, las que tenían más inconvenientes para acceder a los "certificados de capacidad", documento necesario para participar de licitaciones y, una vez revalidado, para obtener la adjudicación de la obra.

"Lo que sucedió es que los técnicos no sabían qué hacer con estas empresas, y todos estaban a la espera de lo que dictaminara el abogado del Ministerio de Interior respecto de las compañías que tienen a sus ejecutivos implicados.

Hubo un fallo del procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, que habilitaba a una empresa particular por lo que la perspectiva era que el resultado sea positivo. Pero ahora que el registro pasó a la Jefatura de Gabinete, desapareció, no está funcionando, por lo que nadie puede participar", explicó un importante constructor.

Marcos Peña tiene todo el control de las contrataciones de obra pública

Según Miguel Gómez Nieto, director de ConstruAr y de Gómez Nieto Consultores Asociados, esa "lista negra" estaba conformada por cincuenta y ocho (58) empresas divididas en tres grupos, trece (13) empresas con "tramite de sanción por rescisiones", otro de once (11) empresas a raíz de una causa penal ajena a delitos de corrupción y un tercero de treinta y cuatro (34) empresas vinculadas a causas de corrupción.

El traspaso que preocupa a los empresarios se comenzó a gestar el 10 de diciembre cuando se modificó la Ley de Ministerios y la Jefatura de Gabinete sumó la contratación de la obra pública para la que se utilizará la plataforma Contrat.Ar. Y, a partir de ayer, con el Decreto 1169 la oficina de contrataciones de Jefatura de Gabinete, a cargo de la Secretaría de Modernización de Andrés Ibarra, quedará a cargo de todo el proceso licitatorio de las obras públicas que hasta ayer estaba repartido en tres ministerios: Transporte, Interior, Educación y Hacienda.

En el sector aseguran que hay 58 empresas en una lista negra que no accede a trámites oficiales

La Oficina Nacional de Contrataciones, a nivel de Subsecretaría, tendrá las funciones previstas en el Decreto N° 1023/01, y será el Organo Rector del Sistema de Contrataciones de Obras Públicas y Concesiones de Obras Públicas que lleven a cabo las jurisdicciones y entidades de la administración nacional.

"Las plataformas Compr.ar y Contrat.ar, desarrolladas desde la Secretaría de Gobierno de Modernización, son sistemas para la gestión en línea de compra de bienes y servicios del Estado y la contratación y seguimiento de obras públicas. Estas herramientas buscan dar un marco de transparencia a algo que fue sinónimo de oscuridad durante décadas", explicaron desde el entorno de Ibarra.

El registro de constructores prácticamente desapareció con el traspaso de competencias y cambio del organigrama

Respecto del Registro Nacional de Constructores, que dependía de la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública, desde Interior explicaron que tiene como "única función calificar los antecedentes de empresas contratistas de obras pública del Estado. Es un área de soporte a las áreas sustantivas que licitan, adjudican y firman contratos".

Ahora está todo bajo la órbita del Jefe de Gabinete, Marcos Peña, que sigue acumulando poder. "Nosotros lo hablamos con Jefatura y la situación es muy delicada porque si no entregan los certificados nadie puede licitar ni trabajar. Está todo parado a la espera que tomen una decisión que tiene que ser más amplia que ver que hacen con las empresas implicadas", indicó un alto ejecutivo del sector.

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