“Se están viniendo las constructoras de otros lados”, dicen en una empresa del sector de grúas y andamios que opera en la provincia de Santa Fe. Se trata de una pequeña muestra de un fenómeno que se extiende a partir de la nueva forma que ha tomado la obra pública en tiempos de Javier Milei.
Hay “dos países” a velocidades muy distintas según los planes de infraestructura que ponen en marcha los gobiernos locales, que se transformaron en los nuevos gestores clave desde que la Nación se corrió casi por completo de cualquier tipo de contratación para este tipo de trabajos en diciembre de 2023.
Además, la economía real con nuevos ganadores y perdedores también tracciona diferente la construcción según la región del país de que se trate.
La situación queda expuesta en el registro de cantidades de empresas constructoras por jurisdicción que hay en la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco). Mientras que en 15 distritos el número de contratistas y subcontratistas de obra pública y privada cae según datos de septiembre de este año, en otras 9 jurisdicciones el número se expande y en algunos casos con fuerza.
Entre las llamadas “grandes jurisdicciones”, la provincia de Buenos Aires mostró una baja interanual del 3,1% en el número de firmas del rubro de la construcción. También cayó la cantidad de compañías del sector en la Ciudad de Buenos Aires (-1,3%), en Córdoba (-0,6%) y en Santa Fe (-0,4%).
La diferencia de velocidades en el retroceso de la cantidad de constructoras se ve en ejemplos concretos. Mientras esta semana varios intendentes del interior bonaerense salieron a denunciar que se frenaron trabajos de dragado sobre el río Salado que se estaban financiando con fondos de la Nación -que podrían haber morigerado el impacto de las últimas inundaciones- en las cercanías de la ciudad de Santa Fe, la provincia está reemplazando con caja propia los trabajos del mil veces postergado puente a Santo Tomé o la puesta en marcha de las obras para desarrollar el tercer carril en la ruta a San Lorenzo.
Obviamente, son magnitudes distintas y trabajos diferentes, pero permiten ejemplificar los nuevos ritmos de una actividad fundamental para cada administración, que intenta sustituir la ausencia de planes nacionales en la medida que se pueda en cada caso.
Además, la situación de la construcción depende también de cómo se muevan los proyectos del sector privado asociados a las áreas de negocios ligadas a los recursos naturales e industrias de cada jurisdicción.
Van tres meses consecutivos en los que San Juan, por caso, tiene un incremento en la cantidad de empresas constructoras mayor al 10% interanual. En septiembre último, de acuerdo con la medición que hace el instituto Ieric para la Camarco, el número de constructoras en la provincia trepó 12,6%, en buena medida asociado a los trabajos que se vendrían en caso de ponerse en marcha los principales proyectos mineros que están en gateras en los últimos meses.
Detrás se sostiene el crecimiento de Neuquén, con un 3,7% más de empresas registradas en la provincia asociado al crecimiento de inmobiliario ligado al yacimiento de Vaca Muerta, que derrama en obras ligadas al petróleo y al gas pero también a la hotelería y las viviendas residenciales que proliferan en la zona. Cierran el universo de los que más crecen Tucumán, con un 3,4% más de empresas constructoras, y Jujuy, con un aumento del 3%.
En el otro extremo, la cantidad de empresas constructoras de Santa Cruz se derrumba 13%, en pleno ajuste de la actividad petrolera tradicional, que se potenció con el retiro de YPF de la provincia.
Detrás, se anotan Chaco y Santiago de Estero, con bajas del 8,9% y el 7% respectivamente, con importante retroceso en el número de empresas producto del freno de la actividad financiada por el Estado nacional.
El cambio estructural para un grupo de distritos se aprecia cuando la comparación se hace contra lo que pasaba hace 24 meses. Hay 5 jurisdicciones con una merma mayor al 20% en la cantidad de constructoras: Tierra del Fuego (-30,3%), La Rioja (-27,0%), Santa Cruz (-26,7%) y Santiago del Estero (-22,4%).
Con ese punto de partida, por eso crece la preocupación entre los actores de las provincias donde sí se mueve algo la obra pública o tracciona el sector privado, porque creen que podría no haber lugar para sumar competidores.
En este marco, dos postales de estas horas grafican la nueva conformación de la actividad de la construcción. Por un lado, comenzó el juicio de la causa de la presunta corrupción en la obra pública durante una parte del kirchnerismo, con más de 60 empresarios de peso histórico en el rubro entre los acusados.
Por el otro, gobernadores de distintas provincias que supieron estar más lejos o más cerca de la Casa Rosada durante estos dos años se acercan a tender puentes con el Poder Ejecutivo de cara a lo que viene, y ahí definen si habrá algún fondeo para reactivar obras o simplemente se tendrán que hacer cargo con dinero propio o buscando financiamiento internacional.