

El Gobierno nacional convocó para hoy al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, con el objetivo de definir un nuevo piso salarial y actualizar los montos de la prestación por desempleo, pero no se alcanzó un acuerdo entre las partes y volverá a ser la Casa Rosada quien defina el número final. Tras un primer contacto "virtual" entre los representantes de los trabajadores y las empresas, se había pasado a un cuarto intermedio con visibles diferencias entre las partes.
Las tres centrales sindicales unificaron criterio y pidieron un SMVM de $ 644.165 para abril y de 657.703 para mayo. El empresariado, en tanto ofreció: abril $301.500, mayo $306.500 y junio $311.500. Los montos propuestos por las patronales suponen un 5% de aumento respecto de la cifra actual de $296.832.
Al mediodía, cuando se retomó el diálogo, tampoco hubo entendimiento y todo quedará, una vez más, en la decisión del Gobierno nacional. Las tres centrales, en tanto, demandaron que se termine con la virtualidad y anunciaron que, de lo contrario, en la próxima convocatoria irán al edificio de la Secretaría Trabajo.
La reunión se desarrolló en la antesala del Día Internacional del Trabajador y tiene como contexto el cruce de posiciones entre la Casa Rosada y los representantes sindicales ya que mientras el presidente Javier Milei habla del crecimiento de los salarios, desde el otro lado, se habla de una caída pronunciada. Mañana las tres centrales saldrán a marchar a las calles una vez más.
Al respecto, Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado, sostuvo hoy que "da asco escuchar al presidente decir que los salarios siguen creciendo en poder adquisitivo". En ese sentido, el escenario macroeconómico habla de una inflación acumulada del 8,6% en el primer trimestre que superó el aumento del 3,53% otorgado en el mismo período.

"Hemos planteado la posición histórica de las tres centrales sindicales en torno a un Salario Mínimo Vital y Móvil que dé cuenta de las necesidades de un trabajador o una trabajadora por encima de la línea de la pobreza y ese valor estaría hoy en 1.159.909 pesos", enfatizó Hugo "Cachorro" Godoy al término de la reunión.
Y agregó: "Sabemos que llegar a ese punto es un proceso y por eso planteamos en línea de coherencia con lo que venimos planteando y que sistemáticamente ha sido descartado tanto por el sector empresarial como gubernamental. Camino a esa recuperación del ingreso, el salario mínimo debería estar en el mes de abril en 644.705 pesos y en 657.703 en mayo".
Por su parte, de la CTA de las y los Trabajadores participaron Claudio Marín, junto con Paula Rey Fortes, de la Secretaria de Formación Sindical de la CTA-T y de la Secretaría de Cultura de FOETRA, además de la economista Mariana González

Durante 2024 se realizaron cuatro reuniones del Consejo, pero ante la falta de consenso, fue la Secretaría de Trabajo la que terminó fijando los aumentos. Desde los gremios denunciaron que los montos fueron en línea con las pretensiones patronales.
De acuerdo con un informe reciente del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA), entre noviembre de 2023 y abril de 2025 el salario mínimo perdió más de un tercio de su poder de compra.
Esta caída implica que hoy representa menos de una quinta parte del salario promedio registrado del sector privado, "quedando desdibujada su función como herramienta para fijar un piso salarial efectivo".

El informe también señala que el salario mínimo real de abril de 2025 es 44,1% más bajo que el de noviembre de 2019 (fin del gobierno de Cambiemos) y 57,3% menor que el de noviembre de 2015 (fin del gobierno kirchnerista). El cálculo de los sindicatos es que, de no haber sufrido retrocesos, debería estar en torno a los $700.000, pero en marzo fue de apenas $296.832.
Actualmente, el SMVM equivale solo al 58,1% de la canasta básica alimentaria para una familia tipo y poco más del 25% de la canasta de pobreza, en una situación que, según la CTA, es peor incluso que la de la crisis de 2001.

Por último, Godoy subrayó que reiteraron el reclamo para que el Consejo tenga un funcionamiento permanente y que establezca "una canasta de referencia para abastecer las necesidades que constitucionalmente establece los derechos que rigen en la Argentina".


