El gobierno de Javier Milei envió al Congreso la Ley de Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses, conocida como ley de lobby, con la que busca regular quién puede reunirse con funcionarios públicos y bajo qué condiciones.
El proyecto crea un registro obligatorio de gestores de intereses, exige reportes trimestrales y prevé penas de hasta tres años de prisión para quien opere sin inscribirse. El problema está en lo que no regula.
El texto es claro: “Quedan excluidas del ámbito de aplicación de la presente ley las actuaciones realizadas en el marco de procesos de carácter jurisdiccional ante el Poder Judicial de la Nación, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa”. La justificación oficial es que esos poderes tienen su propia normativa, por lo que no haría falta incluirlos, pero los antecedentes legislativos no tienen el mismo razonamiento.
La segunda zona gris es la autoridad de aplicación. Para el Ejecutivo, el proyecto dice que será “la jurisdicción o el organismo que este designe”, es decir, el mismo Poder Ejecutivo elegiría quién controla si sus funcionarios declaran sus reuniones con privados. No se crea ningún órgano independiente.
El proyecto sí tiene virtudes reconocidas transversalmente: es más exigente que el modelo estadounidense que dice imitar, porque en Argentina la inscripción debe hacerse antes de cualquier contacto, mientras que en EE.UU. el plazo llega hasta 45 días después. También es más amplio, ya que incluye gestiones gratuitas y organizaciones sin fines de lucro, no solo lobbistas remunerados.
Para ONG y movimientos sociales, sin embargo, esa amplitud genera alarma. Organizaciones de la sociedad civil advierten que cualquier contacto con un legislador para impulsar una ley podría requerir inscripción previa en el registro, bajo pena de prisión. La misma regla que apunta a los grandes grupos corporativos alcanzaría a una cooperativa de vecinos que pide audiencia en el Congreso.
El proyecto llega junto al Súper RIGI, la ley de ludopatía y la eliminación de sellos negros en alimentos, en un paquete donde la ley de lobby oficia de garantía de transparencia.
Más de 30 años de intentos
Desde 1995 se presentaron más de 30 proyectos para regular y monitorear a los grupos de presión. En 1997, la entonces diputada Patricia Bullrich presentó un proyecto para crear un régimen especial de lobby con severas sanciones, y una propuesta similar fue elevada por el radical René Balestra. Ninguno salió de comisión.
2003: La iniciativa de Kirchner (Decreto 1172)
En Argentina está vigente un decreto de 2003 que obliga a los funcionarios del Ejecutivo a informar sus audiencias con gestores de intereses. El único antecedente era el Decreto 1172/03 de la era Kirchner, que creó un registro acotado al Ejecutivo y solo para reuniones formales. Fue un parche de rango inferior que nunca alcanzó al Congreso y que los propios funcionarios cumplían a medias.
2016–2017: El intento Macri y el naufragio parlamentario
El Poder Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de ley para regular la gestión de intereses.
Además, existían en el Congreso otras iniciativas presentadas por distintos legisladores: la diputada Margarita Stolbizer (GEN), los diputados Ana Carrizo, Mario Barletta, Patricia Giménez y Alejandro Echegaray (UCR), la diputada María Agustina Cremer de Busti (Unión por Entre Ríos) y la diputada Graciela Camaño.
La diferencia clave con el proyecto actual: el proyecto de 2017 incluía como sujetos obligados al Poder Judicial, magistrados, secretarios y miembros del Consejo de la Magistratura. Ese proyecto tampoco se aprobó. Murió en comisión al no haber consenso entre las múltiples iniciativas paralelas.
2024–2025: El intento pre-Milei
El texto enviado ahora por el Ejecutivo tiene una redacción similar a las que enviaron en los últimos dos años Oscar Agost Carreño, Karina Banfi, Miguel Pichetto, la Coalición Cívica y Margarita Stolbizer. Es decir, el proyecto de Milei no nació de cero: tomó los borradores que ya circulaban en el Congreso y los refundió bajo firma presidencial.
