A medida que se afianzan medidas de desregulación y continúan los anuncios de flexibilización de importaciones, crece la grieta entre sectores beneficiados y afectados de forma negativa, particularmente, por el ritmo que le imprimió el Gobierno nacional a la apertura del comercio.
Aunque con distinto efecto en cada actividad, en la primera mitad del año las importaciones crecieron en torno al 40% interanual mientras las exportaciones lo hicieron solo un 4%. Si bien se espera que por el salto que dio el dólar en julio, la brecha comience a achicarse, la nueva normativa está generando cambios profundos y un escenario de ganadores y perdedores.
Mientras se avanza con actualización y eliminación de regulaciones para hacer más ágil el comercio, cada vez más sectores advierten por el contrabando "en aumento" y ponen expectativa en la Mesa contra el Contrabando que coordina Agustín Rojo.
El ex funcionario del macrismo se incorporó a la gestión de Javier Milei como subsecretario de Desregulación, bajo la órbita de Federico Sturzenegger; luego fue nombrado como subsecretario de Evaluación y Seguimiento de Gestión de Producción en Economía.
Actualmente, el hombre en el que deposita su confianza parte del empresariado local está a cargo de la subdirección de Planificación y Coordinación Institucional en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Desde allí se están canalizando las alertas por el ingreso de mercadería desde la frontera.
En la mesa, recientemente creada, está representado el sector privado a través de cámaras sectoriales y también participa el Ministerio de Seguridad. "Hasta ahora nos pidieron informes para poder evaluar la situación de cada caso y entrenar al personal que controla en los cruces mas calientes", contó a El Cronista un dirigente empresario.
En ese sentido, si bien se mostró a favor de las apertura comercial, aseguró que "con tanta desregulación, al Gobierno se le va de las manos el control" y señaló que a la competencia con importados que ingresan por la vía formal con mayor facilidad y menos presión impositiva, se agregan los que traen mercadería "sin ningún control" por la permeabilidad en los limites internacionales.
Todo esto en un escenario poco alentador con recesión en el sector industrial donde promedia la perdida de 1500 puestos de trabajo mensual, según la Unión Industrial Argentina (UIA). La entidad advirtió sobre la necesidad de "combatir y frenar el ingreso de mercadería por contrabando".
"Este aumento de la informalidad es un riesgo para los consumidores, y genera una competencia desleal y una presión adicional sobre el sector formal de la economía, que está muy penalizado por la alta presión tributaria vigente", indicó la central industrial que participa de la Mesa.
Más competencia
En este escenario álgido, la Resolución 313/2025 que publicó este miércoles la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía reavivó el debate por su efecto en sectores clave de consumo como encendedores, juguetes, bicicletas infantiles, anteojos para sol y muebles de madera laminada.
En resumen, la Resolución permite actualizar los requisitos normativos que en algunos casos databan de más de 20 años y elimina más de 12 mil trámites burocráticos lo que, según el Gobierno, "impulsa una mayor oferta de productos y fomenta la competencia". En relación al impacto, la realidad es relativa a cada sector.
La cadena de la madera se percibe como la más afectada por el arribo de productos terminados como casas prefabricadas o insumos bajo requisitos de calidad y seguridad más laxos.
"Uno de los principales riesgos asociados a la importación de viviendas es la falta de garantías, especialmente sobre el cumplimiento con los reglamentos técnicos y normativas de seguridad vigentes en Argentina", alertaron desde la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA).
Norberto Fermani, presidente de la Cámara Argentina de Industrias Ópticas y Afines no ocultó su enojo. El dirigente empresario aseguró que la importación creció un 300% interanual pero explicó que el verdadero riesgo lo representa el contrabando y advirtió que medidas como la eliminación del grabado lo que hacen es "blanquear" al que ingresa informal.
"Una vez que el producto está en circulación, al no existir medida de trazabilidad, no se puede controlar", dijo. Las cifras son alarmantes: la Argentina consume entre 11 y 14 millones de lentes de sol al año, de ese total, el mercado formal -entre producción nacional e importado- vende 2,5 millones.
En tanto, en el caso de lentes bajo receta, de entre 6 y 7 millones de demanda anual el sector produce 2 millones. Al sumar los "pregraduados" que se comercializan en farmacias, el impacto del contrabando asciende a cerca de 15 millones de pares por un valor de $400.000 millones anuales.
En el caso de los juguetes, el volumen físico creció un 108,7% interanual, mientras que la cantidad de empresas importadoras aumentó 89% (de 265 en 2024 a 501 en 2025), según Jidoka.
El 43% del ingreso de productos importados es de origen chino, a un valor inferior a los u$s 3 por kilo, lo que abre una incógnita respecto a laequidad competitiva.
Desde la Cámara de la Industria del Juguete (CAIJ) no se expresaron en relación a la nueva normativa, aun así, indicaron: "desde hace un año y medio venimos trabajando intensamente en la modificación y actualización del marco de evaluación de la conformidad y los reglamentos técnicos para que fueran más ágiles, modernos y acordes a la realidad productiva y comercial, pero siempre manteniendo los estándares de seguridad que los juguetes requieren".
Por su parte Alejandro Caffaro, gerente en Vulcanita defendió la apertura comercial y señaló que la informalidad en este rubro ronda el 40%, una cifra que se sostiene históricamente.
Para el empresario del juguete, la resolución 313/2025 es positiva ya que elimina duplicación de testeos de producto y certificados lo que ahorra tiempo y costos; según explicó, los productos ingresan bajo normativa de países de Europa o Estados Unidos, incluso si son de origen asiático.
Por otro lado, Caffaro destacó el funcionamiento de los controles "en la calle" que realiza la Secretaria de Comercio y la incorporación de un código QR que se le exige tanto a productos nacionales como importados.
