FMI: menor recaudación empujaría a la revisión de metas fiscales del acuerdo

La caída de la actividad, y su impacto en la recaudación tributaria, habrían llevado al Gobierno a solicitarle al Fondo una flexibilización de la meta fiscal del segundo trimestre.

En vez de un superávit primario de $ 40.000 millones acumulado a junio, de concederlo, el organismo debería estar dispuesto a conceder uno menor, de $ 20.000 millones.

Mañana podría develarse que el Fondo vuelve a dar una muestra de confianza y de comprensión con la Argentina al darse a conocer el staff-report de la 3° revisión.

En ámbitos privados se conjetura que el Fondo podría relajar la meta de superávit para el 2° trimestre

Si surgiera una modificación en ese sentido, tendería a comprender los esfuerzos en materia de superávit primario y de cumplimiento y sobrecumplimiento de las metas fiscales del Gobierno. En el Ministerio de Hacienda prefirieron la cautela y negaron comentar una consulta en ese sentido de El Cronista.

Mientras tanto, la actividad se resiste a remontar vuelo, a pesar de los brotes mensuales registrados en enero y febrero (ver página 4).

La actividad no remonta vuelo, salvo por el comportamiento del campo y de tibios brotes observados en enero y febrero, que las elevadas tasas de interés podrían haber secado

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de enero acusó una mejora de 0,6%, pero en términos anuales la merma de actividad fue de 5,7%. Pero las mejoras de actividad que asomaron en febrero, no se repitieron en marzo.

El 1° bimestre de 2019 registró un superávit fiscal primario de $ 23.400 millones, lo cual lo encamina a cumplir la meta del 1° trimestre, que es de un superávit fiscal de $ 6000 millones.

En ese contexto, la principal apuesta de recursos pasa por el campo y sus exportaciones. Mientras las proyecciones oficiales son de $ 440.000 millones, las estimaciones indican que se recolectarían $ 360.000 millones.

Las metas fiscales del 1° trimestre del año se cumplieron holgadamente, pero los recursos hasta junio están comprometidos

Pero la meta semestral de un superávit primario de $ 40.000 millones se tornaría inalcanzable, ya que en el 2°. trimestre se llegaría a un resultado de $ 11.000 millones. Ante estos números es que podría considerarse una reformulación de la meta fiscal para el 2°trimestre, calculó el economista Miguel Angel Broda.

"Una recaudación más floja a causa de la debilidad de la actividad puede complicar la convergencia al déficit primario cero -opinó Broda-. Probablemente por ello es que el FMI habría autorizado una flexibilización de la meta fiscal correspondiente al 2° trimestre: en vez de un superávit primario de $ 40.000 millones acumulado a junio, ahora el Gobierno tendrá que lograr uno menor, de $ 20.000 millones", especuló el economista.

"Ha disminuido la chance de una recuperación", sostiene el economista Miguel Angel Broda

Para realizar sus cálculos de menor recaudación considera que, a pesar de que la economía tocó fondo en el 1° trimestre, "ha disminuido la chance de que se inicie una recuperación".

Como ya se informó, el Fondo ya accedió a ampliar el "ajustador fiscal" del gasto social, permitiendo un desvío del déficit fiscal por este concepto del 0,2% al 0,3% del PBI.

Fue después de que el presidente Mauricio Macri anunciara en el Congreso un aumento de 46% en la AUH con un costo fiscal de $ 15.000 millones, según se había anunciado. Además de ese "ajustador", un desvío por otro 0,2% del PBI está tolerado por la realización de obras con financiamiento de organismos internacionales.

En conjunto, 0,5% del PBI, implican unos $ 106.000 millones de desvío. Por otra parte, el Gobierno íntentará contabilizar -a través de un mecanismo aún no definido- como ingresos a la amortización de activos del FGS, equivalentes al 0,4% del PBI, unos $ 80.000 millones, estimó Broda.

Dentro de las presiones sobre las cuentas fiscales que justificarían estos pedidos, además del aumento de la AUH, deben contemplarse el fraccionamiento de los aumentos del gas. La desdoblamiento de la suba programada implicará un costo de $ 4500 millones en concepto de intereses y de financiamiento del Estado a las distribuidoras.

"Estos datos van configurando un déficit fiscal primario de 1% del PBI para este año, equivalente a unos $ 220.000 millones", aventuró Broda.