El Gobierno todavía no pudo poner en marcha la Fase II del plan para "sacar los dólares del colchón" y desde el bloque libertario esperan que la semana que viene el terreno parlamentario se despeje para poder avanzar con el dictamen. La hoja de ruta es dinámica, pero el objetivo es que en julio se complete la "media sanción" del proyecto de Inocencia Fiscal.
Como contó El Cronista, en la Casa Rosada quieren acelerar el tratamiento "lo antes posible", pero el revuelo político por la condena de Cristina Kirchner y los feriados obstaculizaron la convocatoria. Ya desde la semana pasada los diputados de UP decidieron suspender todo tipo de actividad en el Congreso y se ausentaron a las pocas comisiones que quedaron en pie.
A esto se suma que la agenda opositora se convirtió en una amenaza constante y el oficialismo teme abrir el recinto y no poder contener emplazamientos y la integración de la AGN. Es por esto que, aunque en el Gobierno confían en el apoyo de los gobernadores, desde el oficialismo parlamentario son más escépticos con poder avanzar en un tratamiento express: hay varios frentes abiertos que le elevan el precio a la búsqueda de consensos, según advierten en La Libertad Avanza.
Esto fue lo que le acercó el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, al ministro de Economía, Luis Caputo. Según le dijeron a El Cronista fuentes al tanto de las negociaciones, el diputado y mano derecha de Karina Milei tuvo un diálogo con el funcionario el viernes pasado para "explicarle el panorama legislativo". Después, tuvo una reunión con miembros del equipo económico, aunque no participó el ministro.
Frente al complejo escenario parlamentario, el ministro ratificó su cautela para impulsar la reforma: "Cuando puedas", le dijo Luis Caputo a Menem, según detallaron las fuentes.
"Al Gobierno no le cambia la vida este proyecto, lo importante es ganar. Si lo sacas pero perdés las elecciones, la gente no va a poner un mango", interpretaron.
En este sentido, lo puso al tanto de los votos que faltan. El cálculo libertario tiene como target a la Coalición Cívica y a Encuentro Federal. En el segundo caso, incide especialmente el gobernador Martín Llaryora (Córdoba), quien todavía no se adhirió al Régimen Simplificado de Ganancias. Sí es el caso Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio Torres (Chubut), quienes también controlan a alfiles en el bloque.
Además, los opositores Osar Agost Carreño, Miguel Ángel Pichetto, Margarita Stolbizer y Ricardo López Murphy -quien ahora integra un monobloque- ya tienen un dictamen firmado para modificar el Régimen Penal Tributario desde noviembre del 2024 y, por ende, creen que podrían adherir a la iniciativa del Gobierno.
Por su parte, cuentan con que en el bloque radical díscolo Democracia Para Siempre, los que responden a Fernando Carbajal estarán a favor. Por su parte, descuentan que UP se opondrápero que tendrá divisiones por los gobernadores que sumaron al plan, como Raúl Jalil (Catamarca). En ese bloque también pisa fuerte Gerardo Zamora (Santiago del Estero), quien comanda a siete alfiles pero todavía no adhirió al régimen.
El resto de los bloques provinciales, como los tucumanos de Independencia, las sanjuaninas de Producción y Trabajo, y el bloque de Innovación Federal conformado por Salta, Misiones y Río Negro; todos ya están adheridos al convenio. Lo mismo con los santacruceños -Claudio Vidal fue el último que firmó, la semana pasada-.
La iniciativa tiene giro a las comisiones de Presupuesto y Hacienda; Legislación Penal y Legislación General, presididas por el diputado libertario José Luis Espert; la diputada del PRO, Laura Rodríguez Machado; y el libertario Santiago Santurio. Necesitan 25, 16 y 16 respectivamente para el despacho de comisión; en total son 57.
El Gobierno requiere juntar ese número de firmas aunque sean adhesiones en disidencia y los libertarios buscan conseguirlo inmediatamente en el primer plenario: la fecha que estiman es el miércoles 25 de junio, para avanzar en la aprobación de Diputados las primeras semanas de julio, justo antes del receso parlamentario.
En el medio, la oposición ya pidió una sesión para el próximo 2 de juliopara continuar presionando sobre el equilibrio fiscal. Esta vez, los diputados de DPS y algunos radicales buscan impulsar no solamente emplazamientos a Espert para que Presupuesto trate la emergencia pediátrica y el financiamiento universitario, sino también un régimen que modificaría la herramienta de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) para que el Congreso pueda frenar más fácilmente los decretos del presidente Javier Milei. Esta última es dinamita, puesto que ya tiene dictamen y con una mayoría simple podrían aprobarlo.
