La situación judicial de Cristina Kirchner y la escalada bélica en Medio Oriente corrieron de la agenda el reclamo de los médicos y residentes del Hospital Garrahan y del ecosistema de la atención de la discapacidad. Pero la crisis en la Salud vuelve a escena: más de 5000 centros de atención que podrían quedar al borde del colapso a fines de este mes según denuncian en el sector.
Es que si no hay novedades, el 30 de junio se caerá la vigencia de la Ley de Emergencia Sanitaria que empezó a regir en 2001 y se fue prorrogando en diversas ocasiones con leyes y decretos hasta la actualidad.
Desde la Unión Argentina de la Salud (UAS) -entidad que nuclea tanto a las prepagas y obras sociales como a los prestadores privados del sistema- aseguran que hay una deuda incalculable de clínicas y sanatorios con la ex AFIP (hoy ARCA) que se fue acumulando a medida que todo el sector dejó de cobrar las cuotas y los honorarios que correspondían para cubrir los costos ante sucesivos congelamientos en tiempos de alta inflación.
"Son 5000 CUITS que en caso de que no se prorrogue o haya alguna medida al respecto, quedarán ante la posibilidad de ser ejecutados por el Estado en reclamo de deudas en conceptos de aportes, contribuciones y otros impuestos", indicaron fuentes de la industria.
La definición está en manos del ministro de Salud, Mario Lugones, un histórico empresario del rubro justamente de los sanatorios como el Güemes, y del ministro de Economía, Luis Caputo, dado que en definitiva es quien puede decidir qué hará el Estado con los fondos que se dejaron de recaudar y cuya deuda sigue creciendo mes a mes ante una crítica ecuación financiera del sistema.
Todo el subsector privado de la atención sanitaria en la Argentina venía atravesando una situación límite y en su momento la pandemia llevó todas las variables a un punto más crítico aún. En el gobierno de Alberto Fernández se compensaba la falta de aumento para las cuotas de las prepagas y por ende para los médicos y enfermeros con subsidios que en parte permitieron que se mantuviera el estado de cosas.
Pero tras la caída de los beneficios impositivos del decreto 300 que rigió hasta fines del 2023, al principio del gobierno de Javier Milei pareció que los ingresos de los financiadores se iban a recomponer cuando se liberalizaron los cobros a los afiliados y hubo un aumento de un saque del 40%. Pero el Gobierno intervino ante el malhumor social y se dio marcha atrás, una decisión que si bien alivió los bolsillos se tradujo nuevamente en un problema para la cadena de pagos.
Entonces la estrategia del rubro para subsistir y mantener la atención al público tuvo tres patas: pisar los honorarios de los profesionales, que por ende atienden cada vez menos por coberturas privadas y más en particular donde cobran lo que quieren; postergar inversiones de mantenimientos en equipos de alta complejidad; y financiarse con el fisco, es decir, quedarle debiendo al Estado y acumular deuda, dado que la posibilidad de que le ejecuten los activos a una clínica estaba parada por la emergencia que fue prorrogada por última vez hasta el lunes que viene.
"Es imposible afrontar esta incertidumbre", indican los representantes de centros de salud de todo el país que ya vienen atravesando desde la administración anterior el cierre de clínicas que en algunas provincias mensuran en hasta la mitad de la oferta de pequeños tamaños.
Paritarias
Además, se está llevando a cabo la negociación paritaria. Un enfermero promedio gana de bolsillo por una jornada de 6 horas 1,3 millones de pesos en un centro privado. Desde el Sindicato de Sanidad que encabeza Héctor Daer se está reclamando compensar la inflación del primer semestre de este año. Las empresas ofrecen 1,2 por ciento por mes para mayo, junio y julio. En el gremio subrayan que hay prepagas que aplicaron aumentos del 3,7% y que no tienen problemas de caja.
Desde El Cronista se consultó a las autoridades de Salud respecto de cuál será la estrategia ante la inminente caída de la legislación que protegía a los sanatorios de una eventual ejecución fiscal. La respuesta fue que está todo en manos del Palacio de Hacienda y específicamente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.
Los empresarios afectados acercaron una propuesta que consiste en compensar parte del stock de deuda acumulado hasta acá y del flujo mensual que se va generando mientras no les cierren los números con prestaciones al sistema público, un mecanismo tan creativo como difícil de aplicar porque se adeuda impuestos no solo nacionales sino también coparticipables pero que plantean estudiar ante lo delicado de la situación.
Los prestadores del sistema médico, además, se quejan ante el Gobierno del crecimiento significativo del costo de los medicamentos que han debido ir absorbiendo en el marco de un mayor avance en las investigaciones y la cobertura de cada vez más enfermedades con tratamientos de alto costo. Así, el gasto en remedios que hace 20 años implicaba un 20% de los costos, hoy se lleva más del 40% del total, aducen. Para cubrirlo, advierten, se resintió lo que se destina a infraestructura y salarios.
Cerca de 9 millones de personas se atienden en la Argentina en el sistema de empresas de medicina privada. Del total, cerca de 1,8 millones son "afiliados puros", es decir, pagan de su bolsillo cada mes la cobertura completa.
El resto es parte de los acuerdos que rigen desde los 90 entre las compañías y obras sociales, un mecanismo que se había ideado para desregular el régimen de la seguridad social y abrir el mercado a la competencia, en una triangulación que la administración actual buscó desarticular cuando permitió derivar los aportes del sueldo en forma directa sin pasar por las organizaciones sindicales.
