Fuente: Shutterstock
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El Gobierno afronta una semana clave para el análisis y la definición de las tarifas de gas natural por redes, cuyo aumento entraría en vigencia a partir del próximo jueves 1 de febrero.
La intención de La Libertad Avanza (LLA) es transferir gradualmente el costo pleno del gas y del Valor Agregado de la Distribución (VAD) a las boletas que pagan los hogares, comercios y pymes industriales, pero al final del camino, en abril, la suba acumularía hasta 700% en algunos casos.
El nuevo interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), Carlos Casares, se rodeó de un consejo de asesores para evaluar los pedidos de las transportistas y distribuidoras, el pase a las tarifas del precio del gas para reducir los subsidios y empezar el camino a la Revisión Tarifaria Integral (RTI) hacia fin de año. El consejo, que suple las funciones del directorio mientras se termina de normalizar institucionalmente el ente, está formado por ex compañeros de Casares durante la gestión de Mauricio Macri y ex directivos de las empresas reguladas.
Mientras tanto, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) prepara el estudio de las dos audiencias públicas que vienen: este viernes 26 por la distribución eléctrica en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en la que se escucharán las propuestas de Edenor y Edesur; y el lunes 29 por el transporte de energía a nivel nacional, a la que concurrirán Transener, Transba, Transpa, Transnea, Transnoa, Transcomahue, Distrocuyo y Epen.
Audiencias públicas
Como contó El Cronista semanas atrás, las distribuidoras eléctricas pidieron más de $ 1 billón de ingresos para operar en condiciones normales el servicio y garantizar el óptimo mantenimiento de la red. Ese dinero puede provenir de las tarifas o del Estado haciéndose cargo de pagar la energía que compran a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), una forma de subsidio indirecto.
Fuentes oficiales aseguran que mirarán de cerca los pedidos que hicieron las compañías sobre "supuestas" deudas que tiene el Estado por los incumplimientos de la Revisión Tarifaria Integral (RTI) 2017-2021, que fue suspendida durante el gobierno de Alberto Fernández.
Por otro lado, el Gobierno está trabajando en la reformulación de la segmentación tarifaria mediante cambios en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), que tomaría en cuenta los ingresos "reales" de cada grupo conviviente en los hogares a través de un cruce de base de datos.
También los técnicos de LLA diseñan la "canasta básica energética", que podría ser sometida a audiencia pública entre febrero y marzo. Lo que está seguro es que los 400 kilovatios-hora (kWh) que se subsidian a la clase media ya no estarán y se bajará ese tope.
Los subsidios a la energía representaron en 2023 la mitad del déficit primario fiscal: 1,5 puntos sobre 3% del Producto Interno Bruto (PIB), según datos de la Secretaría de Hacienda que se harán oficiales hoy.
Transporte
En otro orden, la Secretaría de Transporte propuso un incremento de 251% en las tarifas de colectivos, que tendrán un mínimo de $ 270, mientras que los trenes se unificarán a $ 130. Todos estos valores corresponden a quienes tengan registrada su tarjeta SUBE; si no, serán más altos.
Según la resolución 1/2024, que convocó a una "participación ciudadana", las tarifas se actualizarán bimestralmente y se reducirá el descuento por la acumulación de viajes para continuar reduciendo el gasto público.
