DÉFICIT FISCAL

La baja de los subsidios será más lenta y obliga a revisar la meta fiscal con el FMI

Pese a los aumentos en las tarifas, por la guerra en Ucrania y las demoras en instrumentar un mecanismo de segmentación, las subvenciones energéticas crecerán unos u$s 5000 millones respecto al año pasado y superarían los 3 puntos del Producto Interno Bruto.

Los aumentos de las tarifas de energía implementados este año quedarán por debajo de la evolución de la inflación y los salarios de los trabajadores registrados.

De esta forma, en 2022 se volverá a diluir el peso de las boletas de luz y gas sobre el gasto de las familias, lo que tiene una contracara en el plano fiscal: los subsidios volverán a crecer, a contramano del programa económico acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El plan para la segmentación de tarifas

Julián Rojo, economista e investigador del Instituto Argentino de la Energía (IAE) General Mosconi, think tank del radicalismo, calcula que las subvenciones en el sector treparán hasta el equivalente en pesos a 16.000 millones de dólares o más del 3% del Producto Interno Bruto (PIB), desde los u$s 11.000 millones y 2,3% del PIB registrado el año pasado.

Nicolás Arceo, director de Economía & Energía y ex vicepresidente de Finanzas de YPF, estimaba hasta hace unas semanas que los subsidios a la energía ascenderían hasta los u$s 16.700 millones, pero debido a las nuevas subas de tarifas -que se aplicarían desde mañana, 1 de junio-, la caída de los precios de importación del gas licuado y una mayor provisión de gas de Bolivia, recalculará a la baja ese pronóstico.

Las cifras son compartidas por los directivos de las empresas privadas, que incluso manejan un escenario para 2023 de u$s 20.000 millones en subsidios energéticos. En ese caso, superarían los 4 puntos del PIB, un récord absoluto.

Acuerdo con el FMI

La Argentina se comprometió con el FMI a reducir las subvenciones del Estado a la energía eléctrica, el gas natural por redes y el Gas Licuado de Petróleo (GLP, la garrafa social) en el equivalente a 0,6 puntos porcentuales del Producto o unos 3000 millones de dólares. Al momento mismo de la firma del programa de Facilidades Extendidas, tanto las autoridades del país como los técnicos del Fondo reconocieron que el contexto internacional obligaría pronto a recalibrar esa meta.

Con el segundo incremento del año de las tarifas, de entre 18% y 25% para el 80% de los usuarios de gas (excluidos los que cuentan con tarifa social) y de 16,5% para el 80% de los usuarios domiciliarios de electricidad en la Ciudad y el Gran Buenos Aires (7,7% para tarifa social; cifras menores en el Interior del país), el Gobierno muestra la voluntad de querer cumplir con el organismo internacional. Pero el ahorro no es significativo.

Según Rojo, las subas en las tarifas, que suman 40% en el año -teniendo en cuenta la primera ronda de marzo- le alcanzan al Estado para reducir en unos 2500 a 3000 millones de dólares la cuenta de los subsidios, entre 0,4% y 0,5% del PIB.

Al mismo tiempo, el alza de los precios internacionales de la energía pega de lleno al Tesoro, por el lado del gas licuado (GNL) y Bolivia, que impactan tanto en el costo propio del gas natural -unos u$s 5,76 por millón de BTU desde los u$s 4,91 del año anterior, en promedio- como en el precio mayorista de la electricidad, que está determinado en buena parte por los combustibles para la generación -gas, gasoil y fuel oil-.

La segmentación de las tarifas, otra de las metas indicativas del acuerdo con el Fondo, seguirá pausada. Aunque los técnicos del Ministerio de Economía siguen trabajando en su aplicación, a la cabeza del subsecretario de Planeamiento Energético, Santiago López Osornio, las empresas señalan que no tuvieron contactos con el Gobierno y que cambiar sus sistemas de facturación tardará al menos dos meses desde la orden.

Para diferenciar los incrementos de las tarifas y que el 10% de mayor capacidad adquisitiva pague más que el resto de la población, el Estado necesita acceder a bases de datos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) sin violar el secreto fiscal. Lo complejo de la tarea explica por qué, si bien el kirchnerismo lo quiere hacer desde hace 2011 -cuando la entonces presidenta Cristina Kirchner habló de "sintonía fina"-, nunca hubo avances serios.

Con todo, no solo la meta de reducción del déficit fiscal está en peligro. El déficit comercial energético puede traspasar los u$s 6000 millones en 2022 y dificulta la acumulación de reservas internacionales en el Banco Central (BCRA), que ya está pagando las importaciones y no puede engrosar su caja.

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