"Considero que es un reclamo legítimo, pero no tenemos plata", definía su posición una fuente de alto rango en la Casa Rosada, en donde reconocen que inevitablemente la Marcha Federal Universitaria será convocante y que tendrá capilaridad a nivel federal.
La movilización fechada para la jornada de hoy tiene tres ejes centrales:
- la recomposición salarial de los docentes y no-docentes universitarios;
- el pedido a los legisladores nacionales para insistir contra el veto a la reciente Ley de Financiamiento Universitario (aprobada dos semanas atrás por el Congreso);
- mejorar las partidas orientadas para ese sector en el Presupuesto 2025.
Hasta el momento, no hubo acuerdo en ninguno de estos puntos y el Gobierno prometió que no habrá ningún tipo de charla inmediata para mejorar las expectativas sobre esos puntos.
La próxima audiencia clave se hará el próximo 7 de octubre, cuando se reúnan las autoridades de la Secretaría de Educación y la Subsecretaría de Políticas Públicas para retomar el cuarto intermedio de la paritaria de la semana pasada -los gremios rechazaron un 6,8% en la última negociación-.
Marcha universitaria: qué esperan en el Gobierno
El reclamo impulsado conjuntamente por rectores, estudiantes y gremios universitarios fue parte del temario que conversó la mesa política libertaria (llamada en los pasillos de la Casa Rosada como el "G7 de Milei", compuesta por los hermanos Milei, Santiago Caputo, Francos, Bullrich, Menem y Adorni) en el despacho del Presidente este martes.
En el Gabinete miran con atención este conflicto que cooptó la agenda nacional. No resultó casual que se haya intentado recomponer al menos una parte del vínculo con los sindicatos universitarios al mejorarles la oferta salarial de 1% que les habían propuesto un mes atrás.
La imagen de la gestión nacional y la del Presidente han marcado una notable baja en las últimas semanas, algo que le fue reconocido a El Cronista por parte de la mesa chica mileista.
Son conscientes que del otro lado hay una institución que junta altos niveles de adhesión de reconocimiento: la consultora Escenarios -de Pablo Touzon y Federico Zapata- consignó en agosto que las universidades públicas tienen un diferencial de imagen de 34,5%, por lejos, la más respetada con otros actores medidos. En términos comparativos, la Presidencia de la Nación computa un -9,9% y el Congreso de la Nación un -41,11%.
Son justamente esas cifras las que hacen dudar a los operadores políticos del Gobierno que se tengan los votos para poder bloquear la insistencia del veto. El grupo de los 87 diputados que ratificaron el veto a la ley de movilidad jubilatoria podría verse flaqueado de cara a este nuevo proyecto.
En la Casa Rosada aseguran que los cinco diputados nacionales del bloque de la UCR que se sacaron la foto con Javier Milei el mes pasado "están con el Gobierno" (hay quienes dicen que no es así), pero la gran incógnita surge de parte del bloque PRO.
Quien se está encargando de juntar voluntades en ese espacio es el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; pero en el oficialismo desconfían. "Si no apoya el PRO sería un acto de mezquindad fuerte. Creo que vamos a ver ese tipo de actitudes típicas de la política", advierte una fuente inobjetable del círculo presidencial.
Los números están justos tanto de un lado como del otro. Para insistir con una ley vetada se precisan las voluntades de dos tercios de los diputados presentes. Esta última palabra es central, porque una ausencia puede repercutir fuertemente en el cálculo final.
La Ley de Financiamiento Universitario obtuvo media sanción el pasado 15 de agosto. Fue a través de 143 votos afirmativos, 77 negativos, 1 abstención y 35 ausentes. Si hiciera falta, Menem puede votar aunque presida la sesión. Ante un escenario de asistencia perfecta, el Gobierno debe juntar 86 diputados para asegurarse que no prospere la insistencia al veto. Si tiene menos, debe negociar que algún legislador no asista. En el Senado ya saben que la batalla está perdida.
Según un sondeo que hizo El Cronista sobre los diputados que se ausentaron en agosto, más de 25 confirman en privado que votarán en contra del veto.
Pero cualquier tipo de proyección, aseguran tanto en el oficialismo como la oposición, puede resultar apresurada. Hay diputados del PRO que votaron en contra del proyecto de financiamiento y que ahora repiensan su voto. "No hay posición de bloque todavía, puede pasar cualquier cosa", afirman cerca del jefe de bloque Cristian Ritondo, transparentando que el apoyo al Gobierno para este tema no está tan asegurado como en la votación de la movilidad jubilatoria.
El cálculo político para esta ocasión es mayor. El impacto fiscal del proyecto universitario es cuatro veces menor al de los jubilados: un 0,14% del PBI.
El veto saldrá el jueves en el Boletín Oficial, el último día posible para hacerlo antes de que se promulgue automáticamente. El por qué esperaron hasta ese límite para hacerlo indica del margen ajustado que tiene la Casa Rosada y como buscaba dilatar ese plazo para empezar a conversar con bloques aliados.
Hasta que se trate esa decisión en la Cámara de Diputados el Ejecutivo tendrá tiempo para coquetear con cada uno de los diputados y enlazar esas negociaciones con el Presupuesto 2025 y el impacto en sus respectivas provincias. El Gobierno quiere demostrar fortaleza en su poder de bloqueo en el Congreso. Por el componente simbólico de todo lo que rodea en esta votación, el apartado fiscal pareciera haberse convertido en algo de segundo plano.
