HASTA AYER AÚN NO SE HAB A PUBLICADO LA DECLARACIÓN 2017 DEL PRESIDENTE

Los funcionarios tendrán que informar bienes de sus familiares

Por un amparo de Poder Ciudadano, se cae una modificación del kirchnerismo, por lo que ahora la dirigencia deberá informar el patrimonio de cónyuges e hijos

Dos años demoró la Justicia. Poco, considerando la duración de algunos procesos. A partir de un amparo presentado por la ONG Poder Ciudadano en agosto de 2016, ayer la Cámara Contencioso Administrativo Federal declaró inconstitucional el actual régimen de declaraciones juradas de los funcionarios públicos por considerarlo "contrario a las obligaciones" estipuladas en la Convención Interamericana contra la Corrupción y al derecho humano de Acceso a la Información Pública. En otras palabras, se cayó la restricción de la información patrimonial que había instaurado el kirchnerismo en 2013, quitando la obligación de la dirigencia de incluir los bienes de cónyuges e hijos en sus presentaciones ante la Oficina Anticorrupción (OA).

El recurso contra el Estado Nacional logró que, al final, se declare inconstitucional la ley 26.857 sancionada en 2013, durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, por la cual se modificó el régimen de declaraciones juradas, que cada año los funcionarios deben presentar ante la OA; hoy presidida por Laura Alonso. En su amparo, Poder Ciudadano denunció en particular que su artículo 5º modificaba el régimen anterior, al excluir del apartado de acceso público el patrimonio de la familia del declarante, que incluía al cónyuge, conviviente y a menores de edad. A partir de entonces, esa información pasó a ser parte de un anexo reservado al que sólo se podía acceder por medio de una orden judicial.

Aquella modificación abrió un sinfín de especulaciones que se mantienen al día de hoy: con la posibilidad de que la mayoría de los bienes conyugales (desde inmuebles hasta cajas del ahorro) no estén, por ejemplo a nombre de un ministro o ministro y que sí sean declarados por su cónyuge ante la AFIP, lejos del ojo ciudadano.

En su demanda, la ONG argumentó que el nuevo régimen "va en sentido contrario a las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino en virtud de la Convención Interamericana contra la Corrupción, y constituye un retroceso en el reconocimiento del derecho humano de acceso a la información pública por parte de la ciudadanía". En su sentencia, la Cámara manifestó que el Estado no brindó los argumentos suficientes que justifiquen de una manera válida las restricciones impuestas con documentación que, hasta 2013, era pública. "No se exigen datos sensibles ni información destinada a identificar bienes y/o cuentas bancarias, sino información que cumpla con los estándares y las obligaciones del Estado", falló el tribunal.

De esta manera, la Justicia intimó al Gobierno Estado Nacional a que adecue el régimen de las declaraciones juradas patrimoniales en la OA. Serán aplicado a las que se publiquen el año próximo. El pasado 31 de agosto venció el plazo para que los funcionarios presenten su información patrimonial ante la oficina de Alonso: sin embargo, hasta ayer no habían sido subidas al sistema online las del presidente Mauricio Macri ni la de sus principales ministros.

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