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Con la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado procederá este miércoles a publicar los últimos decretos delegados pendientes.

Luego, Federico Sturzenegger se enfocará en los proyectos futuros tras el recambio legislativo de octubre: el próximo objetivo estará puesto en la reforma laboral que trabajará en el marco del Consejo de Mayo.

En total, las 101 medidas que corrieron bajo la gestión de Javier Milei gracias a la aprobación de la Ley Bases y sus facultades delegadas, habilitadas en cinco artículos, conforman solamente un 5% de todos los decretos del área, según precisaron a El Cronista fuentes oficiales. Estuvieron mayoritariamente dedicados al proceso de transformación del Estado y no tanto a lo que refiere a las desregulaciones. En ese sentido, destacan que el trabajo del ministerio podrá continuar su normal funcionamiento sin los superpoderes legislativos.

"Yo creo que este uso que ha hecho el Gobierno de las facultades delegadas destaca por su apego a la Constitución, que pide dos principios: acotado en el tiempo y específico, y no nos desviamos un ápice de lo que el Congreso a nosotros nos había dado", subrayó el ministro desregulador, Federico Sturzenegger, tras anunciar el cierre de Vialidad con el vocero presidencial, Manuel Adorni.

La tarea de disolver y eliminar organismos y fondos fiduciarios no termina, puesto que habrá más decretos -aunque no sean delegados- para rediseñar las áreas. A su vez, continúan con el denominado "proyecto Digesto" para auditar todas las normas que se publicaron por decreto en la historia y que "son basura" o esconden "privilegios de hace más de 30 años", vigentes principalmente por el uso de decretos durante los gobiernos militares. El dato: en la Argentina rigen más de 700 mil decretos.


Los últimos decretos delegados

Este martes en el boletín oficial se oficializará la medida que disuelve la DNV y también se reorganizará la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que pasará a denominarse Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte, para convertirse en la única autoridad fiscalizadora de las concesiones.

"De esta manera habrá mayor eficiencia, con un solo control a cargo de Gendarmería o las Policías Provinciales. Ya no habrá controles paralelos de la CNRT en donde el Estado Nacional duplicaba lo que hacían las provincias", alegaron fuentes gubernamentales ante El Cronista. Con ello, también se disuelve la Comisión Nacional del Tránsito y Seguridad Vial y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

El decreto estará acompañado, además, de la reestructuración de otros organismos descentralizadosque anticipó este diario en relación a la actividad productiva, como el Instituto de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

Del primero, y el más extenso, quedará "lo menos posible", auguró un alto funcionario. Las fuentes destacaron que hay 450 sedes injustificadas, 116 mil hectáreas a cargo del organismo y líneas de investigación cuestionables, como el "derecho al ocio", lo cual implicaba un relevamiento a fondo del funcionamiento del instituto.

Además de pasar a ser un organismo desconcentrado a cargo de la Secretaría de Agricultura -lo cual implica que dejará de tener autonomía presupuestaria-, se reformará el Consejo Directivo con un Presidente que responderá al Gobierno para poder tener un mejor control de la ejecución de los fondos.

"Habrá un Consejo Técnico con gremiales pero la administración va a quedar en manos del Presidente y va a haber un nuevo esquema de inversión junto al sector productivo para que se investigue lo que requiera el sector privado", explicó al Cronista un alto funcionario a cargo de la medida.

En total se oficializarán 7 u 8 decretos delegados que, además, incluirá la constitución de un nuevo organismo descentralizado llamado la "Administración Nacional de Establecimientos de Salud" que unificará la gestión administrativa de cinco hospitales nacionales: Baldomero Sommer, Alejandro Posadas, Ramón Carrillo, Laura Bonaparte e INAREPS, lo cual "mejorará la trazabilidad del gasto y se ordenarán los procesos de compra y licitación", según el Gobierno.

En ese sentido también se transformará el Instituto Nacional del Cáncer (INC) en una unidad organizativa interna del propio ministerio de Salud, lo cual integrará sus funciones a la estructura de la Secretaría de Gestión Sanitaria, y se disolverá el Instituto Nacional de Medicina Tropical dentro del ANLIS Malbrán, el Instituto Nacional de Enfermedades Cardiovasculares y la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal, entre otras medidas.

Consejo de Mayo y reforma laboral: lo que se viene

"Ahora llegó el momento de tener preparado todo para el 10 de diciembre del 2025", destacó una fuente del ministerio ante este medio, en alusión a que ahora el foco principal de Sturzenegger será concentrar sus esfuerzos en las reformas que presentarán después de las elecciones.

El espíritu de las reformas será delineadas por el célebre Pacto de Mayo, pero el área de Desregulación no pisará el trabajo de la cartera de Luis Caputo, a propósito de la reforma tributaria que se contempla en ese paquete. "Jamás vamos a proponer algo que afecte lo recaudatorio", agregó, en ese sentido, una de las fuentes consultadas.

En este sentido, la estrella serán las desregulaciones que se podrán dar en el marco de la futura reforma laboral, que necesariamente deberá ser aprobada para poder avanzar en una previsional. A priori, según pudo saber El Cronista, implicará un arreglo paritario para que las negociaciones laborales, que hoy son nacionales y sectoriales -y se superponen-. "Va a aumentar un 15% el empleo en el noroeste si eliminás esa regulación", evalúan en el Gobierno.

Con Sturzenegger como representante del Ejecutivo, la mesa de trabajo para concretarla incluye también al jefe de Gabinete, Guillermo Francesc como presidente; al mandatario Alfredo Cornejo por las provincias firmantes del Pacto y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Carolina Losada por el Senado de la Nación; Cristian Ritondo por la Cámara de Diputados, Gerardo Alberto Martínez por las organizaciones sindicales; y Martín Rappallini en representación de las entidades gremiales empresariales.