La Cámara de Diputados retomará en los próximos días la discusión sobre la implementación de un nuevo Régimen Penal Juvenil, que tiene como eje la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 13 años, a partir de una propuesta del Poder Ejecutivo que presentaron en conjunto Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia y su par de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich.

Con el trasfondo del asesinato de Kim Gómez de 7 años, se trata de un nuevo intento del oficialismo por avanzar con un asunto que tuvo atención oscilante desde el inicio del debate a mediados del año pasado. Es que en el camino encontró varias trabas que ahora los libertarios esperan poder superar para despejar, al menos, el camino en la Cámara baja.

La convocatoria será el miércoles 12 a las 11, a cargo de Legislación Penal, Justicia, Presupuesto y Hacienda y Familia.

En primer lugar, el tema fue girado a cuatro comisiones, una más que las que se ocuparon del debate de la Ley Bases, lo que en cualquier caso significa una complicación para que los diputados integrantes se puedan poner de acuerdo para firmar un dictamen. Según comentaron desde la organización del plenario, son 113 diputados integrantes y se necesita el aval de 73 (ya que algunos integran más de una comisión) para poder obtener las firmas necesarias que lleven el tema al recinto.

Otro de los inconvenientes es que además del proyecto del oficialismo, hay otros 11 textos que estarán en estudio, lo que diversifica la discusión y suma variables de análisis que también dificultan los consensos. No obstante, se descarta que en caso de que avance el tema, habrá más de una propuesta convertida en despacho de comisión.

"Es nuestra voluntad avanzar. Muchas veces no hacemos lo que queremos, sino lo que podemos, pero es férrea y firme la voluntad y creo que podemos llegar a ser exitosos", reconoció el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem en declaraciones recientes. Su resignación atiende a que muchos de los proyectos del oficialismo quedaron frenados por la dificultad de conseguir consensos a partir de un bloque de casi 40 integrantes, más un número similar de aliados que complican incluso la llegada al quórum.

"Arrancamos con 39 diputados más el PRO, y somos setenta y pico de arranque, más algunas colaboraciones que tenemos de partidos provinciales, y después tenemos que salir a buscar consenso dentro del resto de las fuerzas", dijo Menem. En este caso, se descuenta el acompañamiento completo de la fuerza amarilla porque se trata de un asunto que suele formar parte de la agenda de seguridad del espacio. Incluso fue planteado durante la gestión de Mauricio Macri como presidente, aunque sin éxito.

El antecedente que complica al kirchnerismo

En 2009, luego de la derrota electoral del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires que sacudió la estructura del entonces oficialismo, se planteó la discusión en el Congreso de una ley penal juvenil.

"Es hora de que la Justicia entre a tomar las determinaciones que corresponden y que el Congreso de la Nación se ponga a discutir la ley penal del menor, esto es lo que dice la presidenta de los argentinos". La frase es del expresidente Néstor Kirchner en referencia a su sucesora Cristina Kirchner y la necesidad de un impulso de la baja de la edad de la imputabilidad que se fogoneó a partir de un hecho de inseguridad que involucraba a un menor de 14 años.

El proyecto, elaborado por el exjuez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni, impulsaba justamente esa edad como base para la imputabilidad. El texto logró pasar el trámite en el Senado y después quedó trabado en Diputados, por lo que no se convirtió en ley.

En 2013, año en el que hubo otra derrota electoral, el entonces intendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde volvió a la carga con el tema, en el marco de su campaña política con miras a la gobernación bonaerense. Allí no recibió el visto bueno de Cristina Kirchner, que a través de Aníbal Fernández y otros pesos pesados parlamentarios bajó el pulgar a la iniciativa.

Más de una década después, el debate en Unión por la Patria por este y otros temas de seguridad y justicia siguen causando controversia por la necesidad de brindar respuestas a la sociedad frente a los requerimientos de alineamiento que sigue manteniendo la expresidenta.

Además, varios gobernadores también están valorando el momento político para no pararse en la vereda de enfrente de La Libertad Avanza, lo que dificulta tener una postura en común en las bancadas que más integrantes tienen, tanto en Diputados (98) como en el Senado (34).