La defensa argentina presentó el pedido ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York para que se extienda la suspensión (o stay, como se lo defina técnicamente en inglés) de un fallo que lo obliga a entregar el 51% de las acciones de YPF.

A raíz de un juicio de Petersen Energía y Eton Park, la jueza Loretta Preska ordenó a la Argentina que entregue las acciones de YPF que están en manos del Estado, mientras apela formalmente la decisión. En Estados Unidos, los fallos deben ejecutarse hasta que se decide lo contrario.

La respuesta argentina a la presentación de los beneficiarios del juicio destaca que la orden de entrega de las acciones vulnera la inmunidad que protege los bienes de un Estado extranjero, contradice la Ley de Inmunidad Soberana (dado que las acciones están en territorio argentino y no fueron usadas para actividades comerciales en ese país), vulnera la cortesía internacional porque exige que Argentina viole su propia ley, los demandantes no probaron la existencia de perjuicio ni que la republica no sufriría un daño irreparable por la entrega.

Por último, reitera que el interés público se ve favorecido por la suspensión de la orden, porque la misma afectaría a terceros y comprometería las relaciones bilaterales con Estados Unidos, así como nuevas represalias judiciales.

En el caso del pedido de Bainbridge, un fondo que demandó a Argentina por un default de deuda, pero que también pidió acciones de YPF, agregó que la parte no pudo justificar la necesidad de que el país ponga una garantía, porque la ley argentina garantiza que no se venderán las acciones.

Si la Cámara de Apelaciones no entrega la suspensión, Argentina reforzó que acudirá de manera urgente a la Corte Suprema.

Hasta aquí, Argentina ya consiguió que se suspenda la aplicación del fallo, pero ese beneficio dura un plazo acotado de días.

Después de escuchar los argumentos de Argentina, la Corte de Apelaciones podrá decidir si el país debe entregar las acciones mientras apela la orden de Preska.

Los fondos ya habían presentado su argumentación ante la Corte con la expectativa de que rechace el pedido argentino. Entre las explicaciones que presentaron a la Corte de Apelaciones prometen asumir el compromiso de devolver las acciones llegado el caso de que la instancia superior defina a favor de Argentina.

Por otro lado, habían pedido que la Cámara no permita que avance la apelación sin que Argentina presente una garantía al menos. La posibilidad de que Argentina ponga una garantía para evitar que se avance en embargos o incumplimientos se discutió en 2023, pero no se materializó.

En el caso de que la Cámara falle en contra de la extensión del stay y no otorgue la posibilidad de poner una garantía, Argentina debería entregar las acciones de la petrolera. Sin embargo, la totalidad de las acciones no están en manos del Estado nacional, sino que las comparte con las provincias petroleras. Esto generó disconformidad entre los gobernadores. Ignacio Torres, de Chubut, instruyó a la fiscalía de su provincia para que apele.

El Gobierno estadounidense dice apoyar la posición argentina. La administración de Donald Trump repudió la decisión de Preska ya que afectaba los intereses diplomáticos de Estados Unidos y violaba la Ley de Inmunidad Soberana.

Sin embargo, los fondos que batallan contra Argentina cuestionaron este respaldo y subrayaron que "cuesta entender cómo se benefician los objetivos de política exterior de la Casa Blanca al alentar a países extranjeros a perjudicar a los inversores y desoír fallos de tribunales federales".

Los orígenes

Los fondos (Burford y Eton) se quedaron con los derechos para litigar de Petersen Energía. Esta sociedad, constituida en España, llegó a tener un 25% de YPF, antes de la expropiación.

En 2012, cuando se votó la expropiación, el Estado nacional -y las provincias- capturaron un 51% de la empresa, que estaba en manos de la española Repsol. La firma ibérica fue compensada con u$s 5000 millones después de la expropiación.

YPF cotiza en Nueva York y eso la obliga al cumplimiento de ciertas normas bursátiles de los Estados Unidos. Por ejemplo, a seguir su estatuto. Allí se establece que si un accionista va a tomar el control de la compañía (51% o más), debe hacer una oferta pública al resto de los accionistas. Cuando el Estado argentino expropió, no hizo esa operación e incumplió el estatuto de YPF en Nueva York. De todas formas, Petersen Energía fue a la quiebra, porque las acciones que había comprado eran con préstamos contraídos con Repsol y un grupo de bancos, que no pudo cumplir.