El presidente Javier Milei anunció en la Asamblea Legislativa su voluntad de hacer pasar por el Congreso un futuro acuerdo con el Fondo Monetario, lo que abrió especulaciones sobre el apoyo que podría lograr la maniobra que apunta a sumar respaldo y legitimidad para el rumbo económico.
"Quiero anunciarles que en los próximos días le pediré al Congreso que apoye al Gobierno en este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional", dijo Milei el sábado por la noche y en el Congreso ya comenzaron las conversaciones.
"Dispuestos a discutirlo, pero con condiciones". Ese es, a grandes rasgos, el posicionamiento de varios de los diputados que no se encuentran del lado del oficialismo ni de la oposición más dura. Es decir, de los que los libertarios necesitan para llegar a un dictamen en la Comisión de Presupuesto y Hacienda y luego al quórum necesario en el recinto para alcanzar en la votación la media sanción.
Dentro de ese grupo "a convencer", figuran los radicales orgánicos de Rodrigo de Loredo, los radicales de Facundo Manes (hoy con las acciones en alza después del encontronazo con Santiago Caputo), el variopinto Encuentro Federal, Innovación Federal con ancla en las provincias y la Coalición Cívica.
El rechazo fundamental es a recibir un texto puramente formal que no brinde detalles sobre cuáles son los ejes más importantes del entendimiento con el organismo internacional. En esos bloques mencionados hay coincidencias acerca de que no están dispuestos a votar solo una "autorización previa", como pretende el oficialismo.
En el bloque de la UCR, ya se cuentan los votos a favor de los denominados "radicales con peluca" que suman cinco, más otra media docena que suele estar más apegado a las decisiones del oficialismo sin perder identidad. No obstante, todavía no hay una postura unificada y puede haber algunas disidencias internas con respecto a cuál es el nivel de respaldo que se le brinda al presidente Javier Milei.
En ese sentido, Elisa Carrió, quien anunció su lanzamiento como candidata a diputada nacional, remarcó que en su espacio tienen "la obligación de respaldar la gobernabilidad y el deber de acompañar el acuerdo con el Fondo".
Pero también puso reparos: "La única condición que vamos a poner para acompañar el acuerdo con el Fondo es que no se utilice para planchar el dólar". En el bloque encabezado por Miguel Pichetto se demostró cierta voluntad de acompañar, pero uno de sus integrantes, el bonaerense Nicolás Massot, supeditó el respaldo a que también se apruebe en el Congreso el proyecto de Presupuesto 2025.
A esta altura, esa condición resultó lejana porque el Gobierno no tiene ni siquiera en carpeta la discusión de los números para el Estado. "Presidente cuente con el Congreso para respaldar toda negociación que robustezca la moneda y mejore las perspectivas de desarrollo. Eso sí; asegúrese que el acuerdo con el FMI venga acompañado de la ley de presupuesto que usted debe y que fortalecería cualquier entendimiento", dijo el legislador.
El tema debería ingresar ahora por la Comisión de Presupuesto y Hacienda que comanda uno de los hombres fuertes de Milei, el "profe" José Luis Espert, con lo que primero debería garantizar reunir las 25 firmas necesarias para poder avanzar con el trámite.
Cómo fue la experiencia en 2022
Hace exactamente tres años llegaba al recinto de Diputados una iniciativa similar del parte del entonces presidente Alberto Fernández, que derivó en la ruptura interna del bloque del Frente de Todos y la salida de Máximo Kirchner como su jefe, para dar lugar a Germán Martínez quien permanece hasta la actualidad.
En esa oportunidad, hubo una valoración similar por parte de los bloques opositores sobre la necesidad de dar un respaldo al oficialismo en la salida de la pandemia y aportar gobernabilidad. Para destrabar la negociación, el Frente de Todos accedió a cambiar la redacción del texto inicial y optar por una opción más "light" sin referencias al programa económico impulsado por el ministro de Economía Martín Guzmán.
Curiosamente, en esa votación el entonces diputado Javier Milei votó en contra de la iniciativa del gobierno, en sintonía con el ala dura del FdT encabezada por Máximo Kirchner.
La opción del decreto
De no conseguir la aprobación del Congreso, existe la posibilidad de que el Gobierno avance por decreto con el acuerdo.
El banco suizo UBS, que este miércoles anticipó que el FMI podría dar hasta u$s20.000 millones, destacó que, de no aprobarse el acuerdo en el Congreso, el Gobierno avanzaría con un decreto.
El FMI ratificó esta postura de que la aprobación parlamentaria no es condición para el acuerdo, sino que se trata de una ley doméstica, por lo que queda en las autoridades locales su tratamiento legislativo o no.
Lo cierto es que la aprobación nunca fue un requerimiento del FMI, que sí solía referirse a la necesidad de un amplio apoyo político al acuerdo.
Emiliano Libman, investigador de Fundar, sostuvo que en la negociación del programa anterior se había acordado conseguir un amplio consenso interno, en especial dado que Argentina estaba involucrada en un programa que excedía por mucho la cuota que le correspondía con el organismo en 2018.
Conocedores en las negociaciones señalaron que, si bien no es una demanda, puede generar incomodidad en el FMI. Esto va en línea con lo que dijo la vocera del organismo Julie Kozack, que subrayó que el apoyo político agilizaría la implementación del programa.
Sobre la incomodidad que podría generar en el organismo, Emilia Val, especialista en sociología economica y endeudamiento soberano de IDAES, de la Universidad de San Martín, consideró que el organismo no suele intervenir en política interna, y que si eventualmente sale por decreto "el Congreso no lo rechaza, y la justicia tampoco interviene, dudo que invalide o ponga en riesgo el acuerdo o los desembolsos".
Para sustentar esto, explicó que el Fondo es un actor geopolítico y citó el caso del acuerdo firmado el 2018 por el entonces también ministro Caputo y el expresidente Mauricio Macri. "Se corroboró que el acuerdo no siguió los procedimientos administrativos y sin embargo acá estamos, discutiendo otros acuerdos", explicó Val.
Por último, agregó que parece primar el interés de las partes para llegar a un acuerdo que implique fondos frescos.
Sin embargo, el frente interno es otra discusión.
Argentina sancionó la Ley 27.612, impulsada por el exministro de Economía, Martín Guzmán, que dice explícitamente que cualquier programa de financiamiento u operación con el FMI, así como su ampliación, requerirá de una Ley que lo apruebe explícitamente por ambas cámaras.
Lo que el texto no especifica es qué debe detallarse ni incluirse en el proyecto enviado a las Cámaras.
El envío del decreto violaría la obligatoriedad local de pasarlo por el Congreso, aunque el organismo no lo pida.
Más allá de la recepción del organismo, se corre el riesgo de que el acuerdo sea judicializado, por violar una ley que explicita que debe ser tratado.
