Horacio Rodríguez Larreta y su gabinete ya advertían en el verano que deberían ajustar la inversión pública en la Ciudad a causa de la ley de responsabilidad fiscal, pactada entre la Nación y las provincias para bajar las tasas que pagan los contribuyentes y achicar el déficit fiscal. Pero este panorama, explicado en la baja programada de la recaudación, podría subsanarse en pocos meses con un paquete de leyes que aspira a gestar una nueva expansión urbana en el distrito y una suba de ingresos con dineros de origen no tributario.

El plan con el que el Jefe de Gobierno pretende subsanar este año la pérdida de unos $ 2200 millones por haber rebajado la alícuota de Ingresos Brutos, y otros $ 6000 millones en 2019, con la reducción de la tasa de Sellos, depende de la aprobación en la Legislatura de un paquete de leyes que incluyen el nuevo Código de Planeamiento Urbano y el Código de Edificación, que relajarán las normas vigentes desde 1977 y 1943, respectivamente, para la construcción, y la fijación de un impuesto a la construcción, denominado Plusvalía Urbana. En los cálculos más moderados, esta nueva contribución dará al fisco porteño unos u$s 100 millones al año, $ 2045 millones, al dólar del viernes.

Al final de la semana pasada, el Ejecutivo envió a la Legislatura, donde cuenta con mayoría absoluta, el proyecto de Código Urbanístico, cuya principal característica es el fin de las delimitaciones de la Ciudad en áreas de usos específicos, como la Ciudad Universitaria para el ámbito educativo, la City para la actividad financiera, o la ribera del Riachuelo para las fábricas.

Con este cambio, los desarrolladores inmobiliarios podrán avanzar en construir residencias o locales comerciales en áreas de mixtura de usos, y a su vez, desarrollar edificios donde antes no se permitía.

Pese a ello, los barrios de casas bajas, advierten en Parque Patricios, tendrán límites a la edificación de edificios: se determinarán seis alturas distintas, desde planta baja y dos pisos hasta planta baja y 12 pisos. Habrá más edificaciones, pero menos torres, y se estima que un 70% de la Ciudad por venir estará edificada por debajo de los cinco pisos. Claro que muchos otros lotes y edificios ganarán edificabilidad y altura.

El nuevo Código de Edificación, en tanto, liberará las normas rígidas que hoy definen con qué materiales se puede construir. En concreto, avalará que se utilicen nuevos materiales y sistemas, como la construcción en seco o las placas cementicias. La expectativa oficial es que se acorten los tiempos y procedimientos de obras, y se geste una nueva industria de materiales. A su vez, se avalará la subdivisión de ambientes.

La tercera pata del paquete es la ley de Plusvalía, una herramienta para recaudar a partir del valor adicional que tendrán las parcelas al ganar nivel de constructibilidad. La intención es que los desarrolladores inmobiliarios contribuyan a consolidar los servicios y la infraestructura pública pagando por adelantado un porcentaje del rédito que obtendrán gracias a la mayor capacidad que el Estado dará para construir.

La plusvalía urbana se calculará a partir de la capacidad adicional que ganará un lote o parcela, el valor del metro cuadrado en ese barrio y una alícuota diferencial según la zona de la Ciudad, que variará entre el 10% y el 35%, más baja en el sur y más alta en el norte. Por ejemplo: un lote que ganará 200 metros cuadrados en Recoleta, pagará al Estado u$s 91.000 al solicitar el permiso de construcción, mientras uno en similares condiciones en Soldati abonará sólo u$s 4000. El 94% del dinero de la plusvalía irá a un fondo para el desarrollo urbano, y el resto se utilizará para la mantención de edificios históricos.

El plan se completa con más contribuyentes pagando el impuesto inmobiliario y la tasa de ABL, las únicas dos que en estos años se han movido sin atender la inflación ni paritarias.