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La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) recibirá en abril un reconocimiento formal de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos.
La noticia la dio el propio director de la agencia norteamericana, John Ratcliffe, durante un encuentro bilateral en la sede de la CIA en Langley, Washington D.C., al que asistió el titular de la SIDE, Cristian Auguadra.
La distinción, que se entregará al personal argentino directamente en las instalaciones de Langley, apunta a tres ejes concretos: los resultados de operaciones conjuntas recientes, el proceso de profesionalización en marcha y la creación del Centro Nacional Antiterrorismo (CNA), que la CIA calificó como una iniciativa sin precedentes en la región.
En paralelo, Argentina participó de la primera Reunión por las Américas, un foro de inteligencia que reunió a representantes de México, Ecuador, Paraguay, Colombia, República Dominicana y Panamá.
La agenda giró en torno a estrategias coordinadas contra el terrorismo, el narcotráfico y el lavado de activos.
El CNA, cuya creación se anunció en octubre del año pasado bajo la gestión de Sergio Darío Neiffert, es la apuesta más visible de este reposicionamiento.
El centro tiene como función centralizar el análisis del ciclo completo del terrorismo: desde la propaganda y la radicalización hasta el financiamiento y la ejecución de ataques.
Una nueva doctrina, dos décadas después
El encuentro en Washington se da en el marco de una reorganización profunda del sistema de inteligencia argentino. Auguadra impulsó una nueva Política de Inteligencia Nacional plasmada en el Decreto 864/2025, la primera actualización de los criterios del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN) en veinte años.
El documento habilita a la SIDE a definir una Estrategia de Inteligencia Nacional con focos precisos: monitoreo de desinformación en el ámbito digital, vigilancia de actores externos que puedan interferir en el desarrollo económico y tecnológico del país, y protección de infraestructuras y recursos estratégicos frente a apropiaciones o transferencias no autorizadas.
La nueva doctrina también introduce un componente institucional: reforzar la protección de los procesos electorales y legislativos ante posibles operaciones de influencia extranjera o financiamiento encubierto.
