Los integrantes de dos comisiones parlamentarias y de variadas fuerzas políticas suscribieron hoy dictámenes para tratar la re-regulación de los Decretos de Necesidad y Urgencia que emite el Poder Ejecutivo.

Desde las 17 y hasta las 20, los diputados que conforman las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento escucharon la exposición de los expertos en derecho constitucional y dieron el primer paso para limitar el uso de una herramienta que está incluida en la Constitución de 1994.

Las 36 firmas del dictamen de mayoría incluye las de los integrantes de Unión por la Patria, Encuentro Federal y de uno de los dos bloques del radicalismo, Democracia Para Siempre. Además se presentaron tres dictámenes de minoría, entre ellos, el de La Libertad Avanza, con nueve rúbricas. La presentación del oficialismo es simplemente para "rechazar" la limitación de las facultades del Presidente.

Monica Litza (UxP) destacó la brevedad de la propuesta de la mayoría, que cuenta con sólo 3 artículos. Además señaló que entre las fuerzas acordaron que el "silencio de las Cámaras no puede interpretarse como positivo y que serán 90 días corridos el plazo para el tratamiento por parte del Congreso a lo que emitiera el Presidente de la Nación".

Al contrario de lo que sucede en la actualidad, además se busca que la ratificación de un DNU por parte del Congreso deba ser bridada por ambas cámaras, mientras que con el voto negativo de una de ellas, pasaría a ser nulo de nulidad absoluta.

Margarita Stolbizer (GEN), por su parte, dijo que la ley actual "es inconstitucional, pero no desde que gobierna Milei" ya que "el uso y abuso de los DNU viene desde hace mucho tiempo".

El debate no es menor porque se busca reemplazar a un régimen que se instaló hace 18 años, cuando se aprobó la Ley 26.122 a instancias de la entonces senadora Cristina Kirchner, quien buscaba consagrar un mecanismo cerrojo para evitar que la oposición al gobierno de su marido, Néstor Kirchner, pudiera voltear los DNU.

La voz de los especialistas

Las exposiciones se refirieron, básicamente, a tres aristas de los DNUs. En primer término, se habló de poner un "plazo" para el tratamiento en el Congreso de lo que firmara el jefe de Estado y que, una vez agotado, significaría la pérdida de validez de la norma. Por otra parte, que alcance con el voto negativo de una sola Cámara para rechazarlo y, finalmente, que el efecto sea el de la nulidad y no el de la simple derogación.

El abogado y docente Alejandro Gil Domínguez se expresó a favor de que el plazo de la intervención sea "breve, 30 a 60 días". Dijo que los para ser validados, los DNUs deberían ser ratificados por ambas camaras y que alcanzaría con el voto en contrario de una para rechazarlo.

Por su parte, el también docente Gustavo Ferreira señaló que la Constitución de 1863 inauguró un presidente fuerte y en 1994 se creó la figura de un "mono-presidente, una persona encerrada en si mismo que tiene habilitación legislativa para decidir todo aquello que se de la gana".

"La habilitación legislativa, son el hecho maldito de la constitución del 94. Instituyen la ruina de la separación de poderes. Es un producto altamente venenoso para la separación de poderes del Estado", señaló.

Dijo que el plazo para revisar un DNU tiene que ser de 30, 60 o 90 días y aclaró que cuando un decreto, caiga "por el tiempo, o por el rechazo, no existió nunca, es la nada jurídica, no hay manera de levantarlo o convalidarlo".

La semana pasada, el procurador del Tesoro de la Nación, Rodolfo Barra, fue el representante del Gobierno en el plenario y enfatizó que la facultad de emitir decretos está estipulada en el artículo 99 de Constitución Nacional, y remarcó que la valoración de las circunstancias excepcionales que justifican su dictado es "política".

No obstante, reconoció que "podría haber contradicción entre la opinión del presiente y el Congreso". En defensa de la herramienta, dijo que la Constitución "pone en manos del presidente" el DNU a fin de "tratar de incentivar al Congreso para que legisle frente a determinados casos de urgencia".

El diputado Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza) había dado inicio al encuentro pidiendo disculpas a los presentes por no poder ofrecer "ni café ni agua" y anunció que el plazo máximo de desarrollo sería hasta las 19:30 para permitir a los trabajadores del Congreso regresar con normalidad a sus casas en medio del paro lanzado por los gremios del transporte.

El proyecto buscan invertir la lógica de la ley 26.122/2006 por la cual un decreto, para ser derogado por el Congreso, tiene que ser rechazado por ambas cámaras legislativas. La idea de la oposición es que alcance con el rechazo de una sola cámara para dejar sin efecto el decreto, y además se apunta a poner un plazo perentorio de vigencia del DNU después del cual pierde vigencia.

Desde el 10 de diciembre, diversos decretos del presidente Javier Mieli han sido cuestionados por el Congreso, todos con diversa suerte: el 70/2023 tuvo el rechazo del Senado pero nunca fue tratado en Diputados, mientras que el que aumentaba los fondos para la SIDE sufrió la votación en contra de ambas cámaras.