La Justicia ratificó al directorio de Vicentin y vuelve a sobrevolar el fantasma de la expropiación

El juez Fabián Lorenzini sostuvo su postura del viernes último, cuando dijo que los empresarios debían recuperar su lugar, algo que Santa Fe había pedido revisar. Desde el gobierno nacional insisten en que quieren a los dueños fuera de la empresa.

La Justicia de Santa Fe le volvió a dar otro golpe al plan del Gobierno de intervenir la empresa Vicentin. El juez Fabián Lorenzini ratificó la determinación que había tomado el viernes pasado, cuando repuso en sus funciones al Directorio de la empresa, con lo que los interventores continuarán ahora solo como veedores.

Así quedó establecido luego de que el magistrado decidiera plantear que la causa de la intervención se llevaría de forma paralela al concurso de acreedores que pesa sobre la empresa, lo que en la jerga jurídica se denomina como "incidente". Según Lorenzini, de este modo el concurso no se verá obstaculizado.

Además, sostuvo que en caso de superponer ambas cuestiones se hubiera retrasado el trámite concursal, en el que admitió a 2638 acreedores por una deuda global de casi $ 100.000 millones.

Esto se debe a que el magistrado debe notificar y pedir la opinión de las tres sindicaturas del concurso y del directorio de Vicentin, antes de tomar una determinación respecto del pedido que elevó el Gobierno de Santa Fe, situación que hubiera ampliado los plazos, algo que ahora se quiso evitar.

El eje de la discusión radica en que el gobernador Omar Perotti --con el visto bueno del gobierno nacional- presentó un proyecto en el que propone que la compañía sea administrada por un consorcio del que formarían parte agrupaciones de productores, YPF Agro y el propio Estado provincial.

Para eso, la administración de Alberto Fernández  dispuso la intervención de Vicentin, algo que quedó sin efecto el viernes último, cuando la Justicia determinó que los directivos de la empresa debían recuperar el control.

La provincia había reclamado a Lorenzini que revea esa determinación a través de la Inspección General de Personas Jurídicas, bajo el argumento de que el Directorio original "no está a la altura de las circunstancias, conduciendo a la empresa a esta situación, ocultando información sobre la conformación del grupo empresario y dándoles tiempo para vaciar la compañía".

En caso de que esta portura siga firme, lo que quedará por dilucidar es qué camino toma el Gobierno respecto de este escenario, contrario a sus aspiraciones de correr a los accionistas de Vicentin.

Según pudo saber El Cronista, las autoridades nacionales -junto a las santafesinas- se tomarán unos días para analizar qué pasos judiciales seguir. Sin embargo, todo esto no hace más que reavivar el fantasma de la expropiación, una medida que si bien el Gobierno sabe que no le será fácil imponer -ni por la falta de quórum en Diputados ni por el rechazo social que recibe por parte de la sociedad- siempre admitió que utilizaría como último recurso.

"Siempre se dijo que la carta estaba sobre la mesa y la idea no desaparece. Hay una determinación tomada respecto de lo que se quiere para la compañía y el objetivo es llegar a esa meta", sostuvo un funcionario que sigue de cerca el tema.

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