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Tras ordenar el levantamiento del secreto fiscal y bancario del hermano del jefe de Gabinete, Francisco Adorni, el juez Sebastián Casanello habilitó hoy una batería extra de pedidos de prueba a demanda del fiscal Guillermo Marijuan. Desde la defensa del diputado bonaerense buscaron anticiparse con una presentación espontánea para aclarar las inconsistencias que motivaron la denuncia original.
“La denuncia está armada como una hipótesis exploratoria para abrir investigación, no como una imputación con sustento probatorio sólido”, remarca en diálogo con El Cronista el abogado Marcelo Peña, quien asumió la defensa del hermano de Manuel Adorni.
La ofensiva judicial ya generó una reacción inmediata del representante legal del funcionario, que salió a cuestionar el alcance de las medidas impulsadas por Marijuan y a sostener que la investigación se construye sobre presunciones sin sustento técnico definitivo.
“El dictamen de Marijuan dispara una batería de medidas de trazabilidad financiera y patrimonial. Por lo tanto no hay imputación firme ni prueba concluyente para determinar responsabilidad penal del Sr Francisco Adorni”, resalta el letrado en conversación con este medio.
El fiscal federal Guillermo Marijuan impulsó formalmente la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y ordenó una serie de medidas para reconstruir su evolución patrimonial desde 2020 hasta la actualidad.
En un dictamen de 19 páginas, el titular de la Fiscalía Federal N° 9 delimitó el objeto de la causa sobre el “presunto incremento patrimonial no justificado” de Francisco Adorni durante el período en que ocupó cargos en el Poder Ejecutivo: primero como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa y luego al frente del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF).
La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano, quien puso bajo sospecha la evolución patrimonial del funcionario y particularmente la cancelación, en apenas doce meses, de un crédito hipotecario del Banco Provincia cercano a los $60 millones.
Según reconstruye el fiscal, Francisco Adorni declaró inicialmente ante la Oficina Anticorrupción un patrimonio compuesto por el 50% de una vivienda en City Bell valuada en $38,7 millones y un vehículo Chery Tiggo modelo 2017 valuado en $5 millones.
Posteriormente, en la declaración jurada correspondiente a 2025, incorporó el 50% de una Jeep Renegade modelo 2020 valuada en $8 millones y registró la cancelación del crédito hipotecario otorgado por el Banco Provincia.
El eje central del dictamen pasa por la dificultad para justificar ese flujo financiero con los ingresos declarados. Marijuan recoge expresamente el planteo de la denunciante, quien sostuvo que aun contemplando un salario mensual superior a los $2 millones, “el flujo disponible en el período resultaría insuficiente para explicar la cancelación en un breve lapso de 12 meses de un pasivo hipotecario”.
En paralelo, el fiscal dejó asentado que el expediente no investigará las menciones vinculadas al jefe de Gabinete Manuel Adorni, pese a reconocer que existe otra causa abierta sobre su patrimonio. “Aquellas menciones que a su respecto efectúa la denuncia no serán objeto de esta investigación”, aclaró.
La resolución judicial activó una de las auditorías patrimoniales más amplias de los últimos meses en Comodoro Py en línea con la investigación sobre el jefe de Gabinete. A nadie escapa -y de hecho la denuncia así lo plantea- que la investigación del diputado bonaerense Francisco Adorni se puede conectar con la situación de su hermano.
Sin embargo, aunque eventualmente la evolución de la pesquisa puede acumular las causas en un mismo juzgado, de momento tanto el juez Casanello como el fiscal Marijuan decidieron avanzar en paralelo al expediente que manejan los magistrados Ariel Lijo y Gerardo Pollicita.
Aunque hay contactos entre los abogados de ambos hermanos, lo cierto es que hoy las estrategias discurren en paralelo. Desde el círculo del menor de los Adorni hacen una diferencia entre la situación de uno y otro. Insisten en que las inconsistencias pueden subsanarse y de ahí que prometen presentar todos los documentos y aclaraciones pertinentes ante los organismos involucrados.
“El fiscal está haciendo su trabajo requiriendo información. Y justamente esa información ya empezó a ser aclarada y complementada con las rectificaciones correspondientes. Una inconsistencia administrativa o contable no equivale automáticamente a enriquecimiento ilícito”, sostiene Peña en diálogo con El Cronista.
Y añade: “Para que ello exista tiene que acreditarse un incremento patrimonial sin causa lícita justificable y precisamente desde esta defensa lo que se está aportando es la documentación respaldatoria del origen de esos fondos”
La hoja de ruta de la investigación: todas las medidas dispuestas sobre el hermano de Adorni
Durante el jueves por la mañana, Casanello resolvió que se levantar el secreto fiscal y bancario que protegía a Francisco Adorni, tras el requerimiento del fiiscal Marijuan el miércoles por la tarde. Al día siguiente, completó la demanda de información a diversos organismos con una nueva tanda de pedidos de provisión de datos.
La Justicia pidió acceder a la totalidad de las bases de ARCA para reconstruir movimientos fiscales, bancarios y patrimoniales de Francisco Adorni desde 2020. El requerimiento incluye declaraciones juradas de Ganancias, Bienes Personales e IVA, pagos, facturación electrónica, consumos relevantes, movimientos cambiarios, tarjetas de crédito y débito, activos virtuales, operaciones internacionales y registros de bienes.
También solicitó información sobre eventuales adhesiones a blanqueos o sinceramientos fiscales, movimientos migratorios y antecedentes aduaneros.
En paralelo, requirió al Banco Central que releve todas las entidades financieras donde Francisco Adorni haya operado y remita extractos completos de cuentas bancarias, transferencias, depósitos en efectivo, cheques, plazos fijos, cajas de seguridad, inversiones financieras y operaciones de compra y venta de moneda extranjera y oro.
Pero no se quedará allí. La investigación también avanzará sobre fondos comunes de inversión, tarjetas de crédito a nombre del diputado, operaciones crediticias, préstamos, documentación antilavado y legajos bancarios completos.
Uno de los capítulos más sensibles del dictamen apunta directamente al crédito hipotecario del Banco Provincia. Marijuan exigió el contrato original, el cronograma de amortización, detalle de cada pago realizado, las cuentas desde donde salió el dinero y toda la documentación presentada para justificar el origen de los fondos utilizados para cancelar la deuda.
El fiscal además pidió informes sobre propiedades, automóviles, aeronaves, embarcaciones, sociedades comerciales, balances y movimientos bursátiles. La resolución alcanza también a empresas de envío de dinero como Western Union, Banco Piano, Correo Argentino y Latin Express, a las que se les requirió información sobre operaciones de recepción y transferencia de fondos.
Marijuan consideró en su dictamen que era “indispensable” levantar el secreto fiscal y bancario para avanzar en la reconstrucción patrimonial del funcionario. Además, solicitó al Ministerio de Defensa el legajo completo de Francisco Adorni, detalles de sus designaciones, funciones, haberes y declaraciones juradas patrimoniales. Así como las DD.JJ. de 2023 en adelante a la Oficina Anticorrupción.
El expediente ahora quedó encaminado a una etapa de producción masiva de prueba patrimonial y financiera, con foco en determinar si existieron inconsistencias entre los ingresos declarados por Francisco Adorni y la cancelación acelerada de su deuda hipotecaria.
Desde la defensa del legislador, apuestan a desactivarlo con las evidencias provistas de forma espontánea antes de que empiece a rodar.
