Los cambios en la Secretaría de Inteligencia, el organismo con atribuciones legales para espiar a cualquier ciudadano argentino, constituyen una pésima noticia para los dirigentes, empresarios, jueces y periodistas de nuestro país. La designación de Oscar Parrilli es dejarle el área más sensible del Gobierno a alguien que sí sabe del tema: el general César Milani, jefe del Ejército, investigado por su actuación en la dictadura e informante de la Presidenta con datos de la inteligencia militar.

Además, el cambio se produce a las puertas de un año electoral y en un contexto político de fin de ciclo. Las disputas en el poder activan todos los mecanismos de visión conspirativa que gobernaron la década kirchnerista. Y la irrupción de un miembro de La Cámpora en la ex SIDE (el abogado Juan Martín Mena) no hace más que alimentar la novela de intrigas en la Casa Rosada.

Es un retroceso lamentable que la intimidad de los argentinos haya quedado en manos de jefes militares cuyo compromiso con la democracia es débil. Pero esa es la decisión que la Presidenta parece haber tomado creyendo que su destino quedará resguardado si sólo confía en unos pocos fieles que sólo le dirán lo que quiera escuchar.