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Desde Misiones, la Justicia descartó en apenas 24 horas la primera de las denuncias que se había presentado contra el Gobierno por el presunto encubrimiento del candidato opositor brasileño Flávio Bolsonaro en su cruce fronterizo para tomar un avión rumbo a Estados Unidos.
La decisión la adoptó el fiscal federal subrogante Aníbal Martínez, de la Sede Fiscal Descentralizada de Puerto Iguazú. Resolvió desestimar la denuncia por un ingreso irregular al país al considerar que no existió delito. La demanda, presentada por la diputada Marcela Pagano, reclamaba que se investigue una posible evasión de controles migratorios y aduaneros el martes por la noche.
Acorde a lo resuelto por la fiscalía interviniente, la información provista por Interpol dio cuenta que, al momento de efectuar el cruce a través del puente Tancredo Neves e ingresar a la Argentina, no se registraban restricciones, requerimientos ni órdenes de captura vigentes contra Bolsonaro.
En paralelo, la jueza federal María Eugenia Capuchetti, con sede en Ciudad de Buenos Aires, ordenó avanzar con la investigación sobre el paso de Flávio Bolsonaro por la Argentina, luego de hacer lugar al pedido de la fiscal Paloma Ochoa.
La magistrada dispuso una serie de medidas preliminares para determinar si existieron irregularidades en los controles migratorios y si funcionarios del Gobierno de Javier Milei facilitaron o encubrieron la salida del senador brasileño hacia Estados Unidos.
La causa apunta ahora a reconstruir cómo fue el ingreso y el egreso de Bolsonaro del territorio argentino y, especialmente, qué información tenían las autoridades nacionales sobre las restricciones judiciales que pesaban sobre él en Brasil.
Para eso, Capuchetti ordenó requerir información a distintos organismos públicos y avanzar sobre los procedimientos aplicados durante su permanencia en el país.
El expediente que corre en paralelo al de Misiones también busca determinar si el paso de Bolsonaro por la Argentina se produjo dentro de los procedimientos habituales o si existió algún tipo de intervención de funcionarios nacionales para facilitar su traslado hasta Puerto Iguazú, desde donde partió en un avión privado rumbo a Estados Unidos.
El pedido de la fiscal
Más temprano, la Fiscalía Federal había pedido informes a la Dirección Nacional de Migraciones y a otros organismos de seguridad para reconstruir el paso de Flávio Bolsonaro por la Argentina y determinar si hubo irregularidades en su ingreso y posterior salida del país rumbo a Estados Unidos.
La investigación busca establecer, entre otras cuestiones, qué información tenían los funcionarios argentinos sobre la prohibición judicial que pesaba sobre el senador brasileño y bajo qué condiciones se realizó su traslado hasta Puerto Iguazú.
La fiscal federal Paloma Ochoa solicitó estas medidas en el marco de la denuncia presentada contra el presidente Javier Milei y otros funcionarios por presunto encubrimiento. El objetivo es reconstruir la secuencia del viaje de Bolsonaro, que ingresó a la Argentina junto a su familia desde Brasil y horas después abordó un avión privado de Baires Fly con destino a Guayaquil, desde donde continuó hacia Estados Unidos.
Entre las medidas requeridas figuran los registros de ingreso y egreso de Migraciones, los movimientos de las fuerzas de seguridad que operaron en la frontera de Misiones, los registros de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, las listas de pasajeros y los manifiestos de vuelo. También se busca conocer bajo qué órdenes actuaron los efectivos que participaron de la custodia de Bolsonaro.
La fiscalía también puso el foco en las comunicaciones y eventuales gestiones oficiales vinculadas con el senador brasileño. La denuncia pide que Cancillería informe si hubo comunicaciones diplomáticas, notas verbales o pedidos de cooperación internacional relacionados con Bolsonaro durante el período investigado, mientras que también se solicitó preservar registros del Sistema de Inteligencia Nacional y del Ministerio de Seguridad.
La causa se inició a partir de una denuncia del dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano, quien acusó a Milei y a funcionarios de inteligencia, seguridad y diplomacia de los delitos de encubrimiento agravado, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos.
La presentación sostiene que pudo haber existido una maniobra para facilitar la salida de Bolsonaro, aunque esas acusaciones deberán ser determinadas por la investigación judicial.
Tres causas por el paso de Bolsonaro
La investigación de Ochoa no es la única que busca determinar qué ocurrió con Bolsonaro en territorio argentino. La causa quedó radicada en el juzgado federal de María Eugenia Capuchetti, a partir de la denuncia de Solano, mientras que existe otra presentación impulsada por el diputado nacional Esteban Paulón, que había sido asignada inicialmente al juzgado de Daniel Rafecas, pero que ahora también fue unificada en el juzgado de Capuchetti.
A su vez, en Puerto Iguazú avanzaba la tercera investigación, iniciada a partir de una denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano. Allí el fiscal pidió medidas para determinar cómo ingresó Bolsonaro a la Argentina, qué controles atravesó y si existía algún impedimento que pudiera haber afectado su ingreso o salida. Y finalmente adoptó la decisión de descartar la denuncia.
En esa causa también se había solicitado preservar las grabaciones de las cámaras de seguridad del puente internacional Tancredo Neves y del aeropuerto de Puerto Iguazú, además de información sobre los vuelos y los pasajeros. El objetivo era reconstruir la secuencia completa del movimiento de Bolsonaro desde su ingreso desde Brasil hasta su partida en el avión privado.
La investigación judicial deberá determinar, en definitiva, si se trató de un tránsito migratorio regular —como sostiene la información oficial de Migraciones— o si existió alguna intervención irregular de funcionarios argentinos para facilitar la salida de Bolsonaro. Por ahora, la Fiscalía avanza sobre los registros y documentos que permitan establecer qué ocurrió y quiénes intervinieron.
