Restricciones

La Corte resuelve la disputa por las clases presenciales y la Ciudad muestra expectativa

El máximo tribunal dará a conocer su resolución ante la medida cautelar impulsada por Rodríguez Larreta para mantener la concurrencia. Rosenkrantz, Rosatti, Maqueda y Lorenzetti confirmarían los argumentos porteños.

En horas más, la Corte Suprema de Justicia de la Nación zanjará una disputa que la propia política no pudo resolver, y dará por superado el conflicto abierto entre el Gobierno nacional y el de la ciudad de Buenos Aires a partir del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que el presidente Alberto Fernández rubricó el pasado 15 de abril suspendiendo las clases presenciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y que fuera impugnado por Horacio Rodríguez Larreta y desoído, inmediatamente, gracias a una cautelar favorable en la Justicia del distrito que gobierna.

De acuerdo a fuentes judiciales, el presidente del máximo tribunal del país, Carlos Rosenkrantz, y los ministros Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda se inclinan por validar los argumentos que el Gobierno porteño, a través de su cuerpo de abogados, entregó en los Tribunales a las pocas horas de conocerse el mensaje grabado y emitido por el presidente desde Olivos con una decisión que dejó fuera de lugar a sus ministros de Educación, Nicolás Trotta, y de Salud, Carla Vizzoti

La restante magistrada, Elena Highton de Nolasco, se mantendría al margen del pronunciamiento de sus pares, ya que desde su perspectiva la Corte no es el tribunal originario competente para expresarse sobre una disputa sucedida por una medida del Gobierno federal que afecta la autoridad de la ciudad de Buenos Aires.

De esta manera, se espera que la mayoría del tribunal de lugar al planteo de la Ciudad y valide el argumento de una afectación de la autonomía porteña y la competencia para regular el funcionamiento del sistema educativo, que le viene cedida por la distribución de competencias según la Constitución, equiparando de este modo a la capital federal casi como una provincia.

Los cortesanos validarían, con argumentos similares, la postura que adoptó el procurador general interino, Eduardo Casal, quien el pasado jueves alegó que el presidente; el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, y la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, no dieron suficientes argumentos para justificar el cierre de las escuelas, ni demostraron que sea el desplazamiento hacia los establecimientos y la actividad pedagógica la que hubiera ocasionado la disparada de casos.

El fallo de la Corte, de confirmarse en favor del Gobierno porteño, pone en tela de juicio la misma gimnasia con la que la Casa Rosada venía gestionando la pandemia, es decir, a través de decretos de necesidad y urgencia. De allí que el presidente haya anunciado el pasado viernes, al prorrogar las restricciones hasta el 21 de mayo, el envío de un proyecto de ley para que el Congreso lo faculte con poderes extraordinarios y, así, no haya margen para el accionar en Tribunales.

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