La Ciudad vota hoy un proyecto para regular apps de delivery y a los repartidores

El proyecto de Vamos Juntos comenzó con el rechazó de la oposición, por lo que debieron incluirse varios cambios. Prevé que las empresas provean de elementos de seguridad vial, de higiene y protección y sean solidarias por las sanciones en las que incurran los trabajadores.

La Legislatura porteña intentará hoy desde las 11 aprobar una ley que regula la actividad de delivery a través de las apps, donde se establecen derechos y obligaciones para todas las partes involucradas. El proyecto de Vamos Juntos comenzó con el rechazo del Frente de Todos, por lo que debieron incluirse algunas modificaciones para cosechar un mayor acompañamiento.

La iniciativa crea un registro de los tres actores de la actividad: el prestador de servicio (empresa tradicional que comercializa un servicio); los repartidores y/o mensajeros; y las aplicaciones (como intermediarias del proceso). Además, intenta, de acuerdo al oficialismo, mejorar la seguridad vial de los repartidores y sus medidas de protección, establecer reglas claras de circulación y de seguridad, y prevé sanciones para la buena convivencia del servicio.

"Estamos convencidos de que esta ley se ajusta a la realidad actual porque la actividad ya venía teniendo un crecimiento sostenido previo a la pandemia y con la emergencia sanitaria creció aún más. Es un primer gran paso en la regulación de esta actividad porque le otorga al servicio un marco legal con nuevas pautas, derechos y obligaciones, prohibiciones y sanciones para que los actores involucrados continúen operando bajo condiciones de seguridad y regularidad imprescindibles", evaluó Cristina García Aurtenece (Vamos Juntos), autora de la medida. En la actualidad, la actividad se rige por una ley de 2016 que ha quedado desactualizada ante el crecimiento del uso de apps para delivery.

El texto, que era hasta anoche debatido por los legisladores para alcanzar un documento final de mayor consenso, prevé que las aplicaciones y prestadores de servicio brinden de forma gratuita capacitaciones obligatorias en seguridad vial para los repartidores y/o mensajeros, la provisión de elementos de seguridad vial y, en el marco de la pandemia, elementos de higiene y protección.

Además, los operadores de plataforma digital y prestadores de servicio deberán proveer a los repartidores, de acuerdo al servicio ofrezcan, los siguiente seguros: ART, Vida, de Responsabilidad Civil, Accidentes Personales.

Sanciones

El proyecto de ley contempla sanciones para todas las partes involucradas que se categorizarán según si son leves, graves o muy graves. Las penalidades van desde sanciones administrativas, multas económicas, suspensiones, bajas y arresto.

Entre los puntos más cuestionados por los trabajadores, agrupados en la Asociación de Personal de Plataformas (APP), figura la aplicación de sanciones para quienes infrinjan normas de tránsito, que deberán ser percibidas de manera solidaria por las empresas. En este sentido, las compañías no podrán implementar sistemas de incentivos que inciten a los repartidores a incumplir con las leyes.

En tanto, hasta anoche los legisladores debatían si incoporaban al proyecto un apartado transitorio donde se estableciese que mientras dure la Emergencia Sanitaria Nacional se establezca que las comisiones que cobran los Operadores de plataforma digital y los Prestadores del servicio de Mensajería a los comercios queden fijadas en los importes que se encontraban establecidos entre las partes al 17 de marzo de 2020.

Días atrás, el legislador Santiago Roberto (Frente de Todos) había presentado un proyecto para que las aplicaciones de delivery le cobren a los comercios una comisión que no exceda el 15 % del valor total de lo entregado con el IVA incluido.

"Las apps de delivery han incrementado sus ganancias exponencialmente en tiempos de pandemia porque ofrecen un servicio fundamental para no salir de casa. Pero los comercios que utilizan estas plataformas para vender sus productos tienen que pagar comisiones abusivas, que promedian el 30%, y se ven obligados a trasladar ese gasto al precio de venta al público. Este fuerte aumento, sumado al descenso de las ventas hace imposible que los comercios puedan sostenerse en pie", evaluó.

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