El gobierno de Javier Milei no pudo hacer pasar la reforma laboral por el Congreso en diciembre, pero no abandonó ese plan y volverá a la carga en febrero, un momento del año para el que la Confederación General del Trabajo (CGT) planifica haber movido sus contactos para dificultar todo lo posible ese trámite.
Si bien el Ejecutivo privilegió la sanción del Presupuesto y la ley de “inocencia fiscal”, la decisión de postergar a febrero la llegada al recinto de la “modernización” laboral" y el proyecto sobre glaciares se definió por un cálculo estrictamente político.
El oficialismo había vivido un momento de zozobra en Diputados cuando vio caer todo un capítulo del Presupuesto. Rápidamente quedó claro que la mayoría parlamentaria que sueña el Presidente se debe construir junto a los gobernadores, más que ley por ley, artículo por artículo.
Pensando en la “modernización laboral”, el Ejecutivo activó líneas de diálogo con mandatarios aliados históricos y también con aquellos que le prestan colaboración ocasional. Ese último grupo será el objetivo también de los negociadores de la CGT.
En la central todavía se viven días estivales, de descanso para algunos dirigentes que deberán presentarse para terminar de acordar un cronograma de reuniones que tendrá lugar en la segunda quincena de enero.
“No está planificado un paro en febrero”, comentó un dirigente, mientras que otro aclaró que esa medida, por ahora, no está en análisis: “No, es una boludez que dejaron correr”, se sinceró en diálogo con El Cronista.
El ministro del Interior, Diego Santilli, ya hizo sus gestiones con el chubutense Ignacio “Nacho” Torres, con el mendocino Alfredo Cornejo y con el chaqueño Leandro Zdero. Todos ellos son aliados casi puros, pero cada uno le pedirá algo a la Nación, como fondos adeudados por cajas jubilatorias.
El “Colorado” ni siquiera hará el intento de hablar con los “rebeldes” que integran Axel Kicillof, Gildo Insfrán, Ricardo Quintela y Gustavo Melella. Mantiene diálogo, en cambio, con el pampeano Sergio Ziliotto.
Por seducir, entonces, aparecen otros nombres en carpeta, como los de Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Hugo Passalacqua (Misiones).
Más allá de lo que la CGT pueda empujar, todos los mandatarios —incluidos los más abiertos a apoyar la reforma— muestran sus diferencias respecto del impacto que podría tener una baja del impuesto a las Ganancias en la masa coparticipable.
Por otra parte, la central obrera intentará trazar puentes con legisladores de baja referencia partidaria y provincial.
Aún resuena el voto de la senadora jujeña Carolina Moisés, vital para la aprobación del controvertido artículo 30 del Presupuesto, que habilitó la eliminación de los pisos mínimos de inversión en Ciencia, Tecnología, Educación Técnica y Defensa. Sin hablar de nombres y apellidos, casos como el de esa senadora serán puestos en carpeta por la Central Obrera para su análisis.
