La jueza del distrito sur de Nueva York, Loretta Preska, ordenó que el Estado argentino entregue su paquete accionario de YPF, equivalente al 51% del total.

El Gobierno argentino ya ratificó sus intenciones de apelar. Las alternativas existentes y las implicancias de la sentencia.

Conocedores del caso subrayaron que se trata de un fallo inédito, sin antecedentes en la jurisprudencia estadounidense. El propio Departamento de Justicia de ese país recomendó que la jueza no decida sobre los activos de la empresa. La jueza desestimó el planteo del Gobierno estadounidense.

La opción de negociar

Según los especialistas, la decisión de la jueza fuerza a las partes a sentarse a negociar.

Tanto Burford como otros acreedores han manifestado su intención de negociar y de hecho le han dicho al FMI que el país no ha abierto los canales de negociación.

En las últimas horas y tras conocerse la decisión de Preska, trascendió que Burford se sentaría a negociar para revisar plazos o cambiar las condiciones de pago y evitar que sean a través de las acciones de la compañía.

"Sentarse a negociar -en lugar de depender exclusivamente de recursos legales- se perfila cada vez más como la única vía viable para evitar un desenlace disruptivo", sostuvieron desde Adcap.

Además, agregaron que "prolongar el litigio sin una solución negociada solo profundiza la incertidumbre y aumenta el temor a una venta apurada que erosionaría el valor de mercado de YPF".

Apelar

La apelación argentina buscaría que se suspendan los efectos de la decisión, lo que congelaría cualquier accionar. Esto se debe a que Preska ordenó que Argentina entregue las acciones, lo que es distinto a un embargo, cosa que no puede hacer dado que los activos no están en territorio estadounidense.

Sobre la apelación a la decisión de Preska, Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors, explicó que el fantasma del juicio pesará sobre la empresa por muchos años más hasta que una corte superior defina, probablemente la Corte Suprema de Estados Unidos.

Uno de los escenarios que considera viable es que la Corte coincida con Preska y Argentina deba entregar las acciones, "salvo que llegue a un acuerdo con los beneficiarios".

El mientras tanto no está libre de efectos. "Dependerá de la necesidad de los clientes, los inversores, los contratos, las proyecciones a futuro de Vaca Muerta y de si los proveedores confían más en que sea el Gobierno de Milei el accionista mayoritario y no un fondo buitre en Nueva York", agregó Maril.

Otra de las dificultades del caso es que Preska se adelantó a ordenar la ejecución de una sentencia que se encuentra apelada. Esto es, ordenó que Argentina entregue las acciones para cubrir parte de la sentencia de u$s 16.000 millones, la cual fue apelada.

El monto también es objeto de discusión. Según el ex procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, una de las alternativas que tiene Argentina es la de reducir el monto de la sentencia. El argumento es que el monto debía calcularse según el tipo de cambio de la fecha de la sentencia, y no de la fecha de la expropiación. "Esta apelación se debe acumular allí, y rápido, pidiendo la suspensión de la ejecución", explicó el exfuncionario.

Otra de las alternativas que planteó Saravia Frías es que "en lo judicial, cabría analizar una medida cautelar que bloquee localmente la decisión de Preska".

Impacto en juicios

Una de las implicancias de la decisión exceden a la propia Argentina. Países como Brasil, Uruguay, Ecuador y Chile se presentaron en instancias previas como testigos a favor de Argentina dado que la decisión de Preska sienta un precedente desfavorable para casos de otros países.

Sobre los otros juicios existentes, personas vinculadas con la defensa argentina explicaron que no existen otros grandes acreedores con frentes abiertos. Sobre el caso de Cupón PBI con sentencia firme en Londres, los acreedores se presentaron en Washington para que la justicia les reconozca la validez de la sentencia, por lo que tienen por delante todavía un recorrido.

Sin embargo, las fuentes recordaron que la propia jueza Preska rechazó una denuncia similar presentada en Estados Unidos, ya que consideró que los demandantes no tenían argumentos suficientes para avanzar con el caso.

Citando la sentencia de este lunes de Preska que también pidió que se le cedan acciones de YPF a Bainbridge Fund, un fondo con una sentencia por u$s 95 millones, sugieren que otros demandantes podrían solicitar acciones similares. El tema ahora excede al país, ya que el 51% de las acciones de YPF son todas las tenencias del Estado argentino, por lo que la disputa sería entre acreedores.

Sobre otros activos del país, consideraron que no es posible que se apliquen fallos similares. Primero, porque la sentencia de Preska tiene como argumento las actividades de YPF y su estatuto, cosa naturalmente no trasladable a otros activos. Por otro lado, los activos señalados por algunos acreedores, como en el caso de Bainbridge cuando apuntó hacia las reservas del Banco Central, no se pueden tocar.

Algo similar ocurrió en otros casos en los que se había pedido embargar los satélites que la CONAE lanzó, en colaboración con Space X, para monitoreo climático, o los aviones de Aerolíneas Argentinas. La primera fue rechazada porque los mismos no tendrían fines comerciales, y la segunda porque los bienes pertenecían a la empresa y no al Estado.

Volver a los mercados

Entre los objetivos de mediano plazo acordados con el FMI estaba el regreso de Argentina a los mercados de deuda internacionales. Para ello, esperaba presionar a la baja del riesgo país. El juicio de YPF suma una nueva dificultad.

"Es una de las cartas que tienen los beneficiarios del fallo en la manga, y que no han usado todavía, la de dificultar el correcto regreso de Argentina al mercado de capitales internacionales", subrayó Maril sobre Burford Capital y Eton Park.