La jueza del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, rechazó el pedido de Argentina de suspender la transferencia de las acciones. Sin embargo, Argentina tiene tres días más para apelar la decisión de la magistrada de enviar el 51% en manos del Estado.
La respuesta de la jueza fue al pedido argentino de suspender la entrega de las acciones de YPF a los fondos buitres Burford Capital y Eton Park, así como al fondo Bainbridge, que no litigaba por la expropiación de YPF sino por bonos de deuda en default, pero que pidió que se le apliquen los mismos beneficios que a los mencionados anteriormente.
El Gobierno argentino acudirá a la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito para que decida el pedido de suspensión de la sanción como para apelar a la orden de entrega de las acciones.
Según explicaron desde el oficialismo, Argentina no está incumpliendo la orden, porque la propia jueza dio tres días más para pedir la suspensión ante la Cámara de Apelaciones. Argentina ya hizo una presentación ante la instancia superior.
Según la jueza, Argentina "ha abusado de las concesiones del Tribunal y, por lo tanto, no se le otorgarán concesiones adicionales" y argumentó que ya había concedido la posibilidad de apelación en enero de 2024 a cambio de una garantía mínima, cosa que no fue concretada por Argentina.
Este lunes vencían el plazo original para que Argentina ejecute la orden de Preska de entregar las acciones. La jueza además definía si suspendía o no la entrega mientras dure la apelación de Argentina ante otra instancia. Cosa que rechazó.
Argentina además ya advirtió que analiza ir hasta la Corte Suprema de Estados Unidos, haciendo valer su buen vínculo con ese país, para evitar un fallo que considera un "daño irreparable". El Gobierno de ese país ya se manifestó en favor de evitar embargos a la empresa.
La apelación que concretó Argentina el jueves pasado amplia a cuatro las apelaciones que el país mantiene en el marco de la misma causa, advirtió el CEO de Latam Advisors, Sebastián Maril. Una es por la sentencia que estableció que Argentina deberá pagar u$s 16.000 millones por la estatización a los fondos que compraron el derecho a litigar. Otra es por un pedido de desestimar el caso, y las dos nuevas son por la decisión de Preska de ceder las acciones a Burford y Eton, así como a Bainbridge, un fondo que entró a la demanda por la ventana y pidió que se le aplique el mismo beneficio que a los otros dos demandantes.
Cabe agregar que, ante este escenario, otros fondos solicitaron que se aplique la cláusula "me too" (yo también) y que se les otorgue el mismo beneficio que se aplicó para los fondos que demandaron por la expropiación de la petrolera.
Mientras tanto, el martes, una vez vencido el plazo original para la ejecución de la sentencia, las partes se encontrarán, convocadas por la magistrada.
El objetivo es que Argentina exponga su postura mientras que los beneficiarios del fallo analizan avanzar sobre activos de otras compañías con participación estatal, como ARSAT, Enarsa e incluso el Banco Central. Preska solicitó que se desarrolle un procedimiento de discovery. El objetivo es poder detectar cuales son los activos disponibles.
Conocedores del caso sostienen que Argentina no tiene una cantidad de activos que alcancen a equiparar lo solicitado por los beneficiarios.
Maril analizó que, de concederse la suspensión del fallo mientras se apela, se pida que Argentina ponga una garantía, pero que el país no ofrecería ningún activo.
Un escenario similar se dio el año pasado, cuando el país tenía tiempo hasta enero de 2024 para depositar una garantía y evitar que se avance sobre la compañía, cosa que no ocurrió.
Según explicó Maril, hacia adelante resta la reunión de este martes de Argentina con los demandantes, la decisión de la Corte de Apelaciones y el 17 de julio será la fecha límite para determinar la entrega de las acciones. "De no hacerlo, puede haber pedido de desacato, aunque no es seguro aún", agregó el especialista.
