La jueza del Distrito sur de Nueva York, Loretta Preska, autorizó que el fondo Burford Capital use la información recolectada a lo largo del juicio por la expropiación de YPF para otros litigios.
La información que se juntó a lo largo de los once años que llevó el juicio, con el aval de Preska, ahora podrá ser usada en un nuevo juicio que impulsen los demandantes por la misma causa. Uno de los movimientos que ya había anticipado Burford era su intención de recurrir a tribunales internacionales de conciliación, siendo el más conocido el CIADI, dependiente del Banco Mundial.
“Todo el material producido en el marco del discovery o conocido en relación con estas acciones podrá ser usado o recurrido solo por la defensa o los demandantes de estas acciones (incluida cualquier apelación)”, dice el texto de Preska, que agrega que no podrá ser usado para otra acción.
La información fue entregada en el marco de la causa que tramitaba en Nueva York tanto por el Estado argentino como por YPF, bajo la condición de que se usara solo en el marco del juicio.
Hace seis años se ratificó el acuerdo para que la información no pueda ser usada en otros litigios, tanto paralelos como futuros.
De hecho, el acuerdo también incluía la destrucción de algunas pruebas una vez utilizadas.
“La decision de Preska no altera el carácter confidencial de esa información, que, en principio, solo será visible para las partes”, dijo en redes sociales el ex subprocurador del Tesoro, Sebastián Soler.
Desde la Procuración del Tesoro resaltaron este punto: “La orden de la jueza Preska no levanta la confidencialidad de los documentos, sino simplemente permite utilizarlos en un eventualmente arbitraje CIADI. Los documentos no serán públicos. En efecto, la propia decisión de la jueza manifiesta que ‘las modificaciones propuestas mantienen las mismas protecciones en relación con la divulgación pública’”.
La información generada en el proceso de discovery solicitado en el marco del juicio derivó en que Argentina presentara más de 10.000 unidades de prueba. Los demandantes aspiraban a conseguir evidencia de que YPF oficiaba en representación del Estado nacional, por lo que la empresa podría estar involucrada en el juicio, cosa que fue rechazada por los magistrados.
Uno de los objetivos incluido en el pedido de información era también el de acceder a las conversaciones y correos electrónicos de funcionarios y exfuncionarios. Entre ellos, los más relevantes eran el exministro de Economía, Sergio Massa, y el actual titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo.
La defensa argentina se opuso a entregar las conversaciones de Caputo y otros funcionarios por la violación a la privacidad que implicaba el pedido.
El fondo Burford aspira a recurrir al CIADI, un tribunal en el que Argentina ha tenido malos resultados y en el que llegó a ser el país con la mayor cantidad de demandas abiertas.
Lo cierto es que esta alternativa se enfrenta con una condición jurídica: el hecho de que la misma acusación contra el país haya sido tratada en el otro tribunal (en este caso, Nuevo York), y que tenga una sentencia desfavorable de la Corte de Apelaciones, hace que la búsqueda de tratar el caso en otro tribunal sea volver a procesar algo ya juzgado.
La Cámara de Apelaciones del Distrito Sur rechazó la sentencia que obligaba a Argentina a pagar u$s 16.000 millones por la expropiación de la empresa y ordenó a Preska revisar la sentencia. Los demandantes anticiparon que recurrirían la decisión, ya sea a través de una solicitud de revisión de la propia Cámara, elevar la causa a la Corte Suprema, o recurrir al CIADI.
Con esta decisión, Preska allana el camino para que los demandantes usen la misma información provista por el país en esa causa, lo que además permitirá abreviar los plazos.
