IFE Anses: con un ojo en el déficit y el otro en lo social, el Gobierno estudia qué hacer con la cuarta ronda del bono de $ 10.000

El gabinete económico no se decide a dar la ayuda a los casi 9 millones de beneficiarios. Con pésimos datos de pobreza y desocupación, esta semana será clave para discutir de qué manera asistir a la población más afectada en la emergencia sanitaria.

A pocos días de comenzar octubre, las principales figuras del Gobierno con responsabilidad en la administración del gasto público no se han puesto de acuerdo acerca de qué hacer con el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) establecido a fines de marzo cuando el confinamiento masivo decretado para detener el avance del coronavirus pulverizó los ingresos de millones de personas que se encontraban en la informalidad, estaban sin trabajo o dependían del cuantapropismo para llegar a fin de mes.

Este fin de semana, la ANSeS dio a conocer el calendario de pagos de octubre para jubilados y pensionados, beneficiarios de transferencias directas, prestaciones por desempleo y asignaciones familiares y de pago único, obviando comunicar un eventual cronograma de acreditación de los $ 10.000 que desde el inicio de la emergencia sanitaria se otorgaron en tres ocasiones, a lo largo de prácticamente seis meses.

Desde el organismo del cual han salido al momento más de $ 265.000 millones para financiar las tres rondas del beneficio extraordinario, hoy a cargo de Fernanda Raverta, descartaban este fin de semana que en el mes por venir el IFE se pague tal como fue concebido y a la misma población. No obstante, las posibilidades de otorgar alguna transferencia dineraria a los sectores más golpeados continúa en carpeta.

Este miércoles, el gabinete económico al mando del ministro coordinador, Santiago Cafiero, y su alter ego en cuestiones presupuestarias, Cecilia Todesca, someterán a discusión la modalidad de asistencia y sus consecuencias ante los ministros de Economía, Martin Guzmán; Trabajo, Claudio Moroni; Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y los titulares del Banco Central, Miguel Pesce, y la AFIP, Mercedes Marcó Del Pont

Con las pésimas novedades que se conocieron la semana pasada en materia de repercusión de la crisis económica profundizada por el Covid-19, con el producto bruto cayendo a niveles históricos (-19,1% interanual) en el segundo trimestre, y a su vez 2,3 millones de personas desocupadas, el Gobierno no tiene demasiado margen para cortar la asistencia social, viendo asimismo que los niveles de contagio del virus se han federalizado.

Sin embargo, el ala fiscalista del gabinete viene prestando atención al impacto de la emisión monetaria volcada al mercado y que no está pudiendo reabsorberse, lo cual da indicios de acelerar la inflación hacia el cierre del año, y de allí la intención de focalizar la asistencia.

Una idea que rondaba meses atrás, cuando se llevaban dos ronda de IFE acreditadas, era acotar las transferencias a la población domiciliada en zonas donde regía solamente el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO). Sin embargo, la presión de los gobernadores sobre el presidente Alberto Fernández fue mayor y así fue que por tercera ocasión se asumió el desembolso. En cualquier caso, un cambio del mecanismo de asistencia podría ocasionar demoras que pateen el beneficio hacia noviembre.

Independientemente del parecer del gabinete -reconocen en varios despachos- la decisión final volverá a recaer sobre el primer mandatario, quien tiene la última palabra para zanjar un tema que divide aguas entre su equipo.

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