SEGMENTACIÓN

Guzmán reflota una vieja idea de Cristina y quiere sintonía fina con tarifas y subsidios: cuáles son los riesgos

Una promesa de la actual vice en 2011 se puede hacer realidad once años más tarde, en 2022: la segmentación de las tarifas de energía para bajar el déficit fiscal por los subsidios. Advierten por el secreto fiscal y bancario y el peligro de los errores groseros de inclusión y exclusión.

El modelo económico que impulsó Néstor Kirchner desde 2003 se empezaba a agotar: los superávits gemelos (fiscal y comercial) se habían convertido en déficits y la Argentina chocaba en 2011 otra vez contra la famosa restricción externa.

Fue entonces que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner prometió "sintonía fina", que algunos entendieron lisa y llanamente como "ajuste fiscal": un levantamiento de los subsidios para quienes no los necesitaban, que permita un ahorro de recursos para atender a los sectores más vulnerables.

Diez años más tarde, la economía del país está estancada y la riqueza que produce es menor que en aquel momento.

Por eso, el ministro de Economía, Martín Guzmán, se puso al hombro la corrección del "modelo" y la tarea de segmentar las tarifas de la energía, que podría aplicarse en 2022, bien pasadas las elecciones de medio término.

"El camino a seguir ahora es la segmentación apropiada de los subsidios. Estamos trabajando en criterios progresivos. En pandemia fue muy difícil finalizar esta tarea", declaró al canal C5N el funcionario que cada vez que puede recuerda que el actual sistema es pro-rico; es decir, que los recursos del Estado van en mayor medida a los deciles 9 y 10 de la población, que los necesitan menos que el 80% restante.

Según los cálculos de un consultor energético, que prefirió mantener su nombre en reserva, en 2021 los subsidios al sector rondarán los u$s 8400 millones, que equivalen a 2% del Producto Bruto Interno (PBI).

El economista Julián Rojo, que trabaja con el Instituto Argentino de la Energía (IAE) General Mosconi, reveló que entre julio 2020 y junio 2021, las transferencias del Estado para el funcionamiento de la energía se acercan a los u$s 7500 millones, con un salto interanual en el año móvil (respecto al mismo período de 2019 y 2020) de 40% en dólares.

Como contó El Cronista en mayo, la Secretaría de Energía arrancó con los pedidos de información y bases de datos a distintos organismos y dependencias públicas, además de las distribuidoras de electricidad y gas, para diseñar un registro unificado.

La intención oficial es ir "casa por casa", "usuario por usuario", para conocer quiénes viven en cada domicilio, cuántos son sus ingresos, si cuentan con vehículos o bienes suntuarios, el nivel de gastos de cada hogar y otros datos para precisar la necesidad de cada habitante de contar con algún tipo de subsidio en las tarifas energéticas o quitárselo.

Esta estrategia expone dos peligros: el riesgo de violar el secreto fiscal y bancario y la posibilidad de caer en groseros errores de inclusión (dar el subsidio a una familia que no lo requiere) o de exclusión (sacarle la ayuda a un hogar vulnerable).

El trabajo de segmentación lo llevan adelante técnicos de Economía y Energía junto al Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) y de la Electricidad (ENRE), y con datos del Registro Nacional de las Personas (Renaper), el Banco Central (BCRA), la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), la Superintendencia de Servicios de Salud, el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (Syntis), el registro automotor, los registros de la propiedad de las distintas jurisdicciones y los municipios.

Las distribuidoras fueron acercando distintos datos al Gobierno, a demanda de los funcionarios.

"El Syntis tiene información muy detallada a nivel persona, pero es la foto de un momento y no un video. Además, es muy difícil saber quién alquila un departamento y relacionar a un medidor de energía con un usuario. Parece complicada la segmentación de tarifas de esta manera que se plantea", considera un referente del sector, en off the record.

"Más simple es una segmentación geográfica. Por ejemplo, aplicar tarifa plena a todo el Corredor Norte (NDR: los barrios porteños de Palermo, Belgrano, Núñez y los partidos bonaerenses de Vicente López, San Isidro y San Fernando, entre otros, en donde se presupone que la población tiene mayor poder adquisitivo) y luego tarifa social a demanda de los usuarios que fueron excluidos de los subsidios", agrega esta fuente.

La discusión de fondo es cuánto tienen que pagar los usuarios por la energía, si es un derecho humano básico que tiene que ser satisfecho al menor costo y sin importar su relación con el equilibrio fiscal del Tesoro (como plantea una parte del Frente de Todos, que tiene su cara visible en el interventor del Enargas, Federico Bernal) o si los precios deben reflejar los costos de producción y ser una señal para incentivar el ahorro (la línea Guzmán).

"¿En 2022 le vas a aumentar las tarifas a la clase media o como los ingresos seguirán deprimidos se va a evitar actuar así? Esa será una decisión política", resumen fuentes.

Otro consultor especializado planteó: "Es inentendible que no hagan la segmentación con el mismo criterio que la Asignación Universal por Hijo (AUH). Pueden subir la tarifa a todos y le agregan los subsidios en la tarjeta AUH o dentro de otro plan. Pero sí es imposible hacerlo con información de AFIP".

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Comentarios

  • CA

    Claudia Analía

    03/08/21

    LAS IDEAS DE KRI$TINA ATRASAN Y NO TIENE PROFESIONALISMO....

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