Gustavo Menna: "La intervención de Vicentin es una muestra de debilidad del Presidente"

El diputado de Juntos por el Cambio viene siguiendo de cerca la intervención -vía DNU- de la agroexportadora. En una entrevista con El Cronista, no sólo cuestionó la supuesta intervención, sino que, además, consideró que no le corresponde a "la política" decidir en manos de quién debe quedar la firma. 

El chubutense Gustavo Menna es uno de los diputados de Juntos por el Cambio que más viene siguiendo de cerca la intervención -vía DNU- de la agroexportadora Vicentin, además del anuncio del proyecto de ley, aún sin presentar, para expropiar la compañía.

En diálogo con El Cronista, el radical se mostró en contra no sólo de la posible expropiación de la firma, que le remite a los casos “ruinosos , desde su punto de vista, como el de YPF y Aerolíneas Argentinas. Sino que tampoco coincide con la idea de que sea “la política la que decida si Vicentin debe quedar, por caso, en manos de cooperativas, como propusieron, incluso, algunos diputados de JxC que responden a Emilio Monzó y Rogelio Frigerio.

"¿Cómo se va a meter la política en eso?", se pregunta Menna, "cuando se trata de un conflicto entre privados, que debe resolver la Justicia", responde. De todas formas, para el chubutense, lo más "grave", hasta el momento, es la intervenvención mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia. De acuerdo a su postura, este implicó cuatro avasallamientos.

 

 

¿Cómo ves la intervención y el proyecto, aún sin enviar, para expropiar a Vicentin?

Una expropiación es un debate político, es una medida grave que está prevista en la Constitución. Pero, uno podría discutir con qué alcance está prevista. Esa Constitución de 1853 la contempló en el sentido de expropiar inmuebles. Tierras, básicamente, para desarrollar el país, atendiendo a la Cláusula del Progreso que le permitió a la Argentina desarrollarse hacia fines del siglo XIX, cuando había que abrir caminos, vías férreas, puertos. Entonces, el Estado tenía esa herramienta, que es: una compra forzosa. Uno podría discutir si realmente es un mecanismo para apropiarse de empresas. Si bien el proyecto no está, parecería ser que se pretende expropiar el paquete accionario, como se hizo con YPF o AA. Y la verdad que no es esa la finalidad que creo que busca este instituto. Nos pone a erogar un montón de recursos que el Estado no tiene y que tiene que priorizar, en meterse en una actividad eminentemente privada. Además, todo esto ha demostrado ser ruinoso. Cuando el Estado se embarcó en lo de AA, si computamos los intereses estamos hablando de u$s 9000 millones por el 51% de una empresa que hoy, bursátilmente, no llega, el 100% a los u$s 2000 millones.

Así como los lavagnistas, algunos diputados de Juntos por el Cambio que responden a Monzó y Frigerio, proponen que la firma quede en manos de cooperativas. ¿Qué opinión le merece?

No estoy de acuerdo con involucrarnos en lo que es resorte del Poder Judicial. El problema es la deuda de una empresa. Juzgar qué tan bien administró el directorio de Vicentin, que llevó a este pasivo, eso no le corresponde ni al Congreso ni a la política. Es una cuestión que se debe dirimir en el marco del concurso preventivo y la última palabra la tiene el juez. ¿Cómo nos vamos a meter a decir que la empresa se la quede este o el otro? Más allá de que opino sobre opiniones, no sobre proyectos.

¿Y qué opina sobre el DNU de intervención, que a diferencia del proyecto, ya es un hecho?

Eso es mucho más grave. Hay cuatro avasallamientos. El primero es al derecho de propiedad, el segundo, al derecho de asociarse. Si bien se puede intervenir una sociedad, es por decisión judicial, y a pedido de los socios. Son los socios, si no juntan la mayoría, los que acuden al juez. El otro avasallamiento es al Poder Judicial. Si el juez está interviniendo, artículo 109 de la Constitución, el "Presidente no puede involucrarse en el conocimiento de una causa judicial". Y el cuarto avasallamiento es el federal: la autonomía de la provincia implica que cada provincia tiene su propio sistema judicial, y los concursos preventivos no son una materia federal, sino provincial. Es un compendio de cosas mal hechas y en lo político es una señal gravísima, porque ¿quién va a poner un peso en este país?

 

 

El Gobierno se mostró dispuesto a escuchar otras alternativas. Imaginemos que el proyecto finalmente no se pone en discusión, lo que ocurrió hasta ahora, ¿ya generó un daño?

Frustra las señales políticas que había dado el Presidente de moderación, de amplitud y de buscar consensos. Lo encolumna en una postura de priorizar la pelea, la grieta. Lo pone dando señales contrarias a las que necesita la Argentina, que es inversión privada directa. Venimos mal hace muchos años, con una caída de PBI desde 2011. Para crecer, la Argentina necesita inversión, y para generar empleo, necesita empresas. Y acá, la señal, es todo lo contrario. Es más cercana al "exprópiese" del régimen chavista. Y, si encima se utiliza este latiguillo de la "soberanía alimentaria", la señal es mala en un momento en el que se necesita más fuerza que nunca para el sector privado y productivo.

¿Y cómo queda parado el Presidente?

Es una muestra de debilidad para el Presidente. Aparece una decisión torpe, apresurada, sin consulta con su equipo ministerial, sin que sepa nada del tema: ni el ministro de Agricultura ni el gobernador de Santa Fe. Genera una tensión innecesaria, en un momento en que necesitamos una pacificación de los ánimos, porque tenemos la pandemia y la cuarentena.

¿El Gobierno tiene tiempo de dar marcha atrás?

Por momentos, da la impresión de que el Gobierno está buscando un puente de plata para dar una marcha atrás, sin que se note. Es llamativo. El día del anuncio, parecía que ya estaba la ley metida en el Congreso, y todavía no hay proyecto. Y por lo que escuché, el Banco Nación, como acreedor, pidió la designación del interventor. Si esto es así, parece un intento sutil de emprolijar algo que es totalmente ilegal. Pasaríamos de una intervención por decreto a una decidida por el juez, y peticionada por un acreedor. El acreedor no es el Estado, sino el Banco. Son sutilezas.

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