El gobierno de Entre Ríos alcanzó un acuerdo con la Nación para recibir $120.000 millones destinados a compensar parcialmente el déficit de la Caja de Jubilaciones provincial, uno de los principales reclamos financieros que la administración de Rogelio Frigerio mantenía con el Estado nacional.

El convenio fue firmado por el gobernador y el director ejecutivo de la ANSES, Guillermo Héctor Arancibia, y establece que los recursos serán transferidos en 12 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, de $10.000 millones cada una.

Los pagos comenzarán en noviembre de 2026 y se extenderán hasta octubre de 2027. Según lo acordado, los fondos tendrán carácter de anticipo correspondiente al ejercicio 2026 y cubrirán una parte de la compensación que la Nación debe afrontar por el desequilibrio previsional entrerriano.

“Este acuerdo marca un antes y un después para Entre Ríos. Durante años la provincia reclamó estos recursos sin resultados. Nosotros decidimos poner orden, reconstruir la información, defender los intereses de los entrerrianos y llevar el reclamo hasta las últimas consecuencias. Hoy ese trabajo empieza a dar frutos”, afirmó Frigerio.

El reclamo que Entre Ríos llevó hasta la Corte Suprema

El acuerdo representa el primer resultado concreto de una estrategia que incluyó la presentación del reclamo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La administración provincial decidió acudir al máximo tribunal para exigir el cumplimiento de las obligaciones nacionales vinculadas con el financiamiento de la Caja de Jubilaciones, una medida que no había sido adoptada anteriormente por gobiernos entrerrianos.

La disputa se originó en las transferencias que la Nación debe realizar a las provincias que conservaron sus sistemas previsionales y no los transfirieron al régimen nacional. En el caso entrerriano, la gestión de Frigerio sostiene que la falta de actualización y reconocimiento de esos aportes profundizó el déficit de la Caja y obligó a la provincia a cubrir una porción creciente con recursos propios.

El convenio no resuelve por sí mismo la totalidad del desequilibrio, pero introduce una fuente de financiamiento previsible para los próximos doce meses. “Estos recursos no resuelven por sí solos el déficit previsional, pero representan un paso histórico porque comienzan a reconocer una obligación que la Nación tenía con Entre Ríos. Son fundamentales para darle mayor previsibilidad y fortalecer la sustentabilidad de nuestra Caja de Jubilaciones”, señaló el gobernador.

Las auditorías que definirán la deuda pendiente

El entendimiento no se limita al anticipo de $120.000 millones. La Nación y la provincia también acordaron avanzar en la determinación del resultado definitivo del sistema previsional entrerriano para los ejercicios comprendidos entre 2020 y 2026. Ese cálculo se realizará mediante las auditorías previstas por la normativa vigente y permitirá establecer con mayor precisión cuánto debe compensar el Estado nacional por cada período.

El proceso será central para dimensionar la deuda histórica y determinar si, una vez descontado el anticipo, todavía quedan obligaciones pendientes a favor de Entre Ríos. Los montos que surjan de esas auditorías podrán incorporarse al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, el mecanismo utilizado por la Nación y las provincias para compensar créditos y deudas entre distintos organismos públicos.

La incorporación a ese régimen permitiría aplicar los saldos reconocidos a la cancelación de otras obligaciones cruzadas, en lugar de limitar la discusión a una transferencia directa de fondos.

De esta manera, el acuerdo abre dos vías paralelas: por un lado, garantiza un flujo mensual de recursos para atender el déficit actual; por otro, pone en marcha el procedimiento necesario para definir la deuda acumulada.

El impacto de la reforma previsional provincial

El convenio con la ANSES se suma a la reforma previsional aprobada recientemente por la Legislatura de Entre Ríos. La administración de Frigerio presenta ambas medidas como herramientas complementarias. La reforma busca contener el crecimiento del déficit y modificar variables internas del sistema, mientras que el acuerdo con la Nación procura recuperar recursos que la provincia considera adeudados.

El objetivo es reducir la presión de la Caja de Jubilaciones sobre las cuentas provinciales y mejorar la previsibilidad presupuestaria. El déficit previsional constituye uno de los principales desafíos financieros de Entre Ríos, debido a la diferencia entre los aportes que ingresan al sistema y los recursos necesarios para pagar jubilaciones y pensiones.

La transferencia de $10.000 millones mensuales aportará alivio durante un año, aunque la sustentabilidad de largo plazo dependerá tanto de la evolución de las cuentas provinciales como de los resultados de las auditorías y del cumplimiento efectivo del cronograma nacional. Frigerio atribuyó el entendimiento al trabajo conjunto con diferentes áreas del Ejecutivo.

“Quiero agradecer especialmente el trabajo conjunto de la ministra Sandra Pettovello, del ministro Luis Caputo, del ministro Diego Santilli, del directorio de ANSES y de todos los equipos técnicos de la Nación y de la provincia que hicieron posible este acuerdo. Cuando hay diálogo, seriedad y una provincia que defiende con firmeza lo que le corresponde, los resultados llegan”, expresó.

El próximo paso será el inicio de las transferencias en noviembre y el avance de las auditorías sobre los ejercicios 2020 a 2026. De ese proceso dependerá la magnitud final del reconocimiento nacional y la posibilidad de cerrar una parte sustancial de la disputa por el financiamiento de la Caja entrerriana.

El entendimiento es similar al que sellaron el Gobierno nacional y la Provincia de Córdoba cuando duplicaron las transferencias mensuales a la Caja de Jubilaciones de Córdoba, elevando la cifra de $5.000 millones -cifrado por la Corte Suprema- a $10.000 millones mensuales, a comienzos de año.

Ese entendimiento, formalizado con la gestión de Martín Llaryora y ratificado por la Legislatura provincial, prevé el desembolso de $120.000 millones totales en un esquema de 12 cuotas consecutivas como pagos a cuenta destinados a paliar el pasivo previsional de la provincia, con la salvedad de que se agotarán en el arranque del año electoral.