La Comisión Bicameral de Supervisión Parlamentaria que se reactivó este año por orden del Gobierno de Javier Milei cerró este lunes el proceso de auditoría que investigó a la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) y dejó, como primer resultado, la renuncia del director general, Gabriel Esterelles. Los legisladores se reunieron esta mañana para analizar la investigación y, según el oficialismo, se detectaron una serie de anomalías.
La renuncia del titular fue presentada días atrás, el 26 de agosto, por “motivos de índole personal”- Este lunes a las 11, durante una reunión de comisión que presidió el senador libertario Agustín Monteverde y el diputado “Bertie” Benegas Lynch como vice, dieron por oficializado su salida y la asunción interina de María Eugenia David Du Mutel de Pierrepont, hasta entonces directora de Estudios, Análisis y Evaluación.
Del encuentro de la comisión, que se realizó en el despacho de Monteverde y no fue transmitida, también participó la diputada del PRO, Daiana Fernández Molero, y el de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro -quien no integra la comisión, pero asistió como veedor-. Los otros dos integrantes de Unión por la Patria, el senador Fernando Salino y el diputado Carlos Castagneto, no fueron.
La OPC fue creada en 2016 para asistir técnicamente al Congreso con datos fiscales y presupuestarios propios, independientes de los que produce el Poder Ejecutivo. Sus informes de ejecución mensual y sus proyecciones son de consulta habitual entre legisladores, economistas y operadores del mercado, y en más de una ocasión difirieron de los números que difunde el Ministerio de Economía.
El dato central para entender cómo el Gobierno logró condicionar a un organismo del Congreso está en su esquema de financiamiento. Hasta 2021, la OPC operaba como un programa dentro del SAF del Senado, que administraba sus fondos. Pero ese año obtuvo su propio Servicio Administrativo Financiero, el SAF 369, un trámite que según la auditoría había arrancado en 2019 por gestión directa del propio director general, sin pasar por las autoridades de las cámaras.
Desde entonces, los fondos de la OPC dejaron de circular a través del Senado y empezaron a transferirse directamente desde la órbita del Ministerio de Economía. En los hechos, el organismo pensado para controlar de forma independiente los números del Poder Ejecutivo pasó a depender, para su propio funcionamiento, de los giros que le habilita ese mismo Poder Ejecutivo. “Hicieron su propia caja con la plata de Hacienda”, resumieron fuentes del Congreso en diálogo con El Cronista.
Esa dependencia quedó expuesta en mayo pasado, cuando la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Economía firmaron la Decisión Administrativa 20/2026, que le recortó a la OPC $55 millones de su presupuesto. Semanas después, el 2 de junio, la Comisión de Supervisión Parlamentaria -inactiva desde 2022- volvió a reunirse por primera vez desde que asumió Milei y aprobó, el mismo día de su reconstitución, seis resoluciones.
Una de ellas devolvió a la OPC su Plan de Trabajo Anual 2026 -el mismo que la oficina ya venía ejecutando desde enero, pese a que nunca había recibido el aval formal de la comisión, que llevaba años sin sesionar- y ordenó que, de ahí en más, cualquier informe no contemplado en ese plan necesitara autorización previa del propio cuerpo.
La combinación de ambas medidas paralizó la actividad del organismo, según denunciaron fuentes del área, aunque desde el oficialismo aseguraron que “mientras se hizo la auditoría, la oficina funcionó normalmente”. Pero el informe de ejecución presupuestaria de mayo, uno de los más seguidos por el mercado, nunca llegó a publicarse. Ese mismo 2 de junio, un grupo de auditores de la Cámara de Diputados se presentó en las oficinas de la OPC para dar inicio al relevamiento.
El hallazgo más fuerte de esa auditoría de 65 páginas tiene que ver con un fondo de reserva propio que el director general había creado en 2018 por disposición propia, sin autorización de la comisión ni de las cámaras -algo que, según la ley, no estaba dentro de sus facultades-. Ese fondo se mezclaba en la misma cuenta bancaria que los fondos presupuestarios ordinarios, se invertía junto con ellos en plazos fijos y fondos comunes de inversión, y se contabilizaba en los balances oficiales como “fondos de terceros”, una categoría pensada para dinero que no le pertenece al organismo.
Fue precisamente ese fondo, mal constituido y peor administrado, el que se usó para pagar la remodelación de las oficinas de la OPC y, en 2024, la compra de un vehículo oficial para uso del director general que renunció en los últimos días. La operación del auto mereció un capítulo entero del informe, que además detectó que las transferencias bancarias del organismo -que por reglamento deben firmarse en conjunto entre el director general y el coordinador administrativo- terminaron habilitando como firmantes a otras personas, entre ellas alguien contratado por servicios externos y sin cargo permanente, mientras que el propio director nunca se registró como firmante ante el Banco Nación.
El informe también encontró un uso extendido de contratos de locación de servicios para cubrir, de manera indefinida, puestos que deberían salir de un concurso público -varios de esos contratos llevan vigentes desde 2023 sin interrupción-, la inexistencia de un área de Recursos Humanos, y la ausencia total de evaluaciones de desempeño durante todo el período auditado.
Sobre el concurso de analistas de 2023, los auditores retomaron un dictamen legal de la propia Cámara de Diputados que ya en 2024 había señalado un vicio insalvable en los plazos de inscripción -demasiado cortos respecto de lo que exige la ley- sin que ese dictamen de nulidad haya sido nunca formalizado, lo que deja en un limbo legal a los analistas incorporados por esa vía.
En materia de compras, la auditoría verificó que el organismo recurrió de manera desproporcionada al mecanismo de contratación directa con menos exigencias de concurrencia, y que en la mayoría de las licitaciones privadas revisadas no constaba la aprobación previa del pliego de condiciones.
Como consecuencia del proceso, la comisión resolvió eliminar el SAF propio de la OPC y devolver su dependencia administrativa a una de las cámaras del Congreso, sin tocar el presupuesto asignado, según pudo saber este medio. El reemplazo definitivo de Esterelles deberá salir de un nuevo concurso público, y de ahora en más la oficina deberá ajustarse en todo momento a un plan de trabajo aprobado por la comisión, sin margen para producir informes por fuera de él sin autorización previa.
El desenlace no está exento de lectura política. Un sector de la oposición, entre ellos el diputado Maximiliano Ferraro, habló de un “desmantelamiento” deliberado de la capacidad técnica independiente del Congreso, en momentos en que la OPC había publicado informes sobre jubilaciones, discapacidad y financiamiento universitario que contradecían las estimaciones oficiales.
Desde el oficialismo, en cambio, sostienen que cada una de las medidas responde a las anomalías documentadas en la auditoría, sin relación con el contenido de los informes técnicos que produjo el organismo. El recambio llega, en cualquier caso, a dos semanas de que venza el plazo para que el Gobierno envíe al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027, uno de los momentos del año en que la mirada técnica independiente de la OPC más pesa.
