SANTIAGO DEL ESTERO

Far west judicial y político en Santiago del Estero: detenciones, cruce de acusaciones con olor a grieta y 250.000 hectáreas en juego

Empresarios rurales presos, disputa por tierras, la sombra siniestra de la dictadura, jueces, abogados y políticos en una trama donde se entretejen reivindicaciones sociales y mucho dinero en titulos de propiedad.

Faltan las pistolas y el enfrentamiento a duelo entre dos cowboys que se miren fijamente, mano en cartuchera, en medio de una desolada y polvorienta calle que solo se atreven a cruzar las matas rodadoras. Pero la historia no transcurre en el lejano oeste, sino en Santiago del Estero, donde distintos medios, incluso nacionales, vienen reportando una disputa que incluye detenciones, cruces de acusaciones y denuncias con olor a grieta y miles de hectáreas en juego con el trasfondo de una historia que se remonta a 50 años atrás, a hechos ocurridos en plena dictadura.

De un lado, una familia de empresarios rurales, Guillermo Masoni y su primo Daniel, quienes pasaron, sin solucion de continuidad, de ser denunciadores a denunciados y terminaron con pedidos de detención de un juez como parte de las diligencias de una causa que se abrió en 2013 pero que tiene ramificaciones hasta el año 1977. En ese año, según la crónica del "Nuevo Diario" de Santiago del Estero, que no parece simpatizar con los ruralistas, comenzó una sucesion de "robos continuados de propiedades y tierras privadas en la provincia facilitados por el entonces gobierno militar", en el que habrían actuado ancestros de los imputados, uno de los cuales, José Masoni, que fungió como "representante legal de capitales ingleses y el ferrocarril, escrituró a su nombre el campo San Martín, que hoy aparece a nombre de la firma Salónica S.A. y que fue transferido a sus propios familiares en el año 1994", relata el medio.

Los campos objeto de disputa en cercanías de Los Juríes, y en total acumulan la friolera de 250.000 hectáreas. En esa región, los Masoni tienen cerca de 100 mil hectáreas más, todas ubicadas en una zona caliente por las disputas territoriales, donde tiene actuación el ya legendario Mocase, una organización tipo de los sin tierra del lugar que conoció épocas más protagonicas en el pasado.

La investigación de 2013, empero, fue una suerte de contraofensiva judicial, porque los Masoni, a quienes se los relaciona con Mauricio Macri y, en particular, con la candidatura de Patricia Bullrich, habían iniciado ellos una causa donde denunciaron usurpaciones en sus tierras y apuntaban contra punteros y abogados que instigaban conflictos sociales para quedarse con las tierras. "Pero esa denuncia nunca se movió", relata un artículo en el diario Perfil.

La que sí avanzó fue la causa iniciada hace casi diez años a raíz de las denuncias presentadas por la fallecida abogada Leticia Mabel Bravo y, posteriormente por otro letrado, Carlos Weyembergh, quienes actuaron en representación de cientos de familias damnificadas contra "una presunta asociación ilícita integrada por Guillermo Masoni, Horacio Masoni, Eduardo Miguel Carlón, Miguel cabrera, los abogados Rodrigo Posse y Juan José Díaz y una escribana", consigna, por su parte, el Nuevo Diario.

Acusan a los Masoni de haberse quedado de manera ilegal con las tierras y de haber desalojado mediante engaños y con uso de violencia a decenas familias originarias.

Según el diario El Liberal, de Santiago del Estero, el proceso judicial se encuentra en estos momentos a la espera de que la Justicia decida sobre una apelación de los inculpados. "¿De qué se trata? La Justicia los investigó, ordenó que fueran detenidos, los acusados presentaron un pedido de eximición de prisión, les fue denegado y de inmediato presentaron una apelación que debe ser resuelta próximamente. De todos modos, cuando antes de la apelación, los oficiales de justicia los fueron a buscar a las oficinas propias que poseen en calles Florida 890 Piso 21 (Caba) no los pudieron encontrar".

El pedido de captura que movió totalmente el avispero fue emitido por el juez Darío Alarcón hace más de 40 días, aunque luego la causa cambió de juez y quedó a cargo de María del Huerto Bravo Suárez, quien rechazó el pedido de eximición de prisión. 

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