Extienden hasta fin de año la prohibición de corte de servicios públicos y suman telefonía y tv paga

El decreto se dará a conocer mañana en el Boletín Oficial.

El Gobierno extenderá hasta el 31 de diciembre próximo la prohibición a los prestadores de servicios de energía eléctrica, gas por redes y agua corriente, telefonía fija o móvil, internet, y TV por cable de suspender los servicios por mora o falta de pago.

La medida se oficializará mañana con la publicación en el Boletín Oficial del decreto correspondiente, que prorroga hasta fin de año los efectos del Decreto N° 311 del 24 de marzo de 2020, que había establecido la misma medida hasta el impago de tres facturas, lo que fue ampliado con el decreto 543/2020 a "seis facturas consecutivas o alternas y cuyos vencimientos hubieran operado a partir del 1° de marzo de 2020".

Los decretos anteriores habían incluido un punto especial para extender la prohibición de corte y congelamiento de tarifas a la telefonía fija o móvil, internet, y TV por cable, lo que no ocurre con la disposición de mañana que ya los sumará como parte de los servicios esenciales, tal cual lo estableció el mismo Gobierno mediante un decreto el 21 de agosto pasado, donde además dispuso el congelamiento de sus tarifas. 

La disposición que se conocerá el lunes dice, en su artículo 1: "Sustitúyese el primer párrafo del artículo 1° del Decreto N° 311 del 24 de marzo de 2020, por el siguiente: 'Las empresas prestadoras de los servicios de energía eléctrica, gas por redes y agua corriente, telefonía fija o móvil e Internet y TV por cable, por vínculo radioeléctrico o satelital, no podrán disponer la suspensión o el corte de los respectivos servicios a los usuarios y las usuarias indicados en el artículo 3°, en caso de mora o falta de pago de hasta SIETE (7) facturas consecutivas o alternas, con vencimientos desde el 1° de marzo de 2020. Quedan comprendidos y comprendidas los usuarios y las usuarias con aviso de corte en curso. Si un usuario o una usuaria accediera a un plan de facilidades de pago en las condiciones que establezca la reglamentación, se considerará a los efectos del presente, como una factura pagada' .

La nueva medida también amplía de seis a siete la cantidad de facturas impagas que pueden tener los usuarios y las usuarias de los servicios de energía eléctrica, gas, agua, telefonía fija o móvil e internet y TV paga.

Del mismo modo, se extiende también hasta fin de año la obligación de las empresas de telefonía fija o móvil, internet y TV paga de mantener un servicio reducido en caso de falta de pago. 

"La medida alcanza a beneficiarios y beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo, a quienes perciban Pensiones no Contributivas y tengan ingresos mensuales brutos no superiores a dos veces el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM), a usuarios inscriptos y usuarias inscriptas en el Régimen de Monotributo Social, a jubilados y jubiladas; pensionadas y pensionados, y trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a dos SMVyM", informó el Gobierno mediante un comunicado. 

También abarca a monotributistas de categorías cuyo ingreso anual mensualizado no supere en dos SMVyM, a usuarios y usuarias que perciben seguro de desempleo, personas electrodependientes, a quienes estén dentro del Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados de Casas Particulares y a exentos en el pago de ABL o tributos locales de igual naturaleza.

"Además, se benefician de esta medida las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMES) afectadas en la emergencia, las Cooperativas de Trabajo o Empresas Recuperadas inscriptas en INAES, las instituciones de salud, públicas y privadas, y las entidades de bien público que contribuyan a la elaboración y distribución de alimentos", agregaron.

El Gobierno mantuvo en los considerandos del decreto los mismos argumentos y marcos jurídicos en los que se apoyó para disponer estas medidas tanto en marzo como en junio.

La administración de Alberto Fernández apela, por un lado, a la Ley Nº 27.541, en la que se declaró la "emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, y se delegaron en el Poder Ejecutivo diversas facultades en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional"

Recuerda, además, que por el Decreto N° 260/20 se amplió por el plazo de UN (1) año la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la referida Ley N° 27.541 en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación con el nuevo coronavirus, SARS-CoV-2, y la enfermedad que provoca, COVID-19".

También recuerda que "que a través del Decreto N° 297/20 se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio , habiéndose decretado su prórroga para determinadas zonas del país hasta el día 20 de septiembre de 2020, inclusive; en tanto en otras zonas con valoración positiva de determinados criterios epidemiológicos se dispuso otra fase denominada “distanciamiento social, preventivo y obligatorio ; manteniéndose en todos los casos las medidas sanitarias dispuestas por las autoridades nacionales y locales".

Y que "dada la evolución de la pandemia, resulta necesario seguir adoptando las medidas necesarias con el fin de posibilitar el acceso a los servicios básicos para la totalidad de los y las habitantes del país". 

 

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