Exportación de servicios: anticipan mudanzas, aumentos y juicios

Las empresas que exportan servicios, software, publicidad, contabilidad y auditoría, y otras, se plantean estrategias frente al nuevo impuesto

Si bien algunas exportadoras de servicios reconocen que con todo el "combo devaluación más retenciones" ganaron mucho dinero el año pasado, otras empresas que venden servicios al exterior están analizando presentaciones judiciales contra el decreto que fijó derechos de exportación sobre el sector o están mudando sus operaciones externas a zonas francas de Uruguay.

A raíz de la gran devaluación ocurrida en 2018, muchos servicios volvieron a posicionarse internacionalmente, recuperando competitividad frente a otros países, al mantener los costos "'congelados" en pesos, pero duplicando sus precios de venta al facturar en dólares (a un dólar dos veces más alto que a principios de año), comentó Ezequiel Passarelli, del estudio SCI Group.

Sin embargo, este escenario tan alentador duró muy poco, ya que, desde el 1 de enero rige el nuevo impuesto de 12% a la exportación de servicios, con un tope de $ 4 por cada dólar exportado, añadió Passarelli.

SCI Group está armando una sociedad en Uruguay para prestar sus servicios contables, de auditoría e impuestos fuera del país, evitar el derecho de exportación, radicarse en lugar donde se pagan menos impuestos y la política es más estable.

Uruguay puede ser alternativa también para las empresas que prestar servicios ocasionales. Existe una gran cantidad de industrias que no tienen trabajos en forma continua, sino que reciben órdenes de trabajo esporádica y ocasionalmente, pero, al mismo tiempo, económicamente muy significativas, explicó Passarelli, y puso como ejemplo al caso de la industria del cine o de la publicidad.

En estos casos, los empresarios evalúan la conveniencia económica de realizar la producción o la post producción fuera del país (por ejemplo, viajando a Montevideo), eliminando el impuesto en su totalidad (si realizan todo el trabajo afuera) o al menos parcialmente (si hacen solo una parte), toda vez que no existiría 'exportación' de servicios (dado que el mismo no se presta en Argentina, sino en el exterior), dijo Passarelli.

César Litvin, del estudio Lisicki, Litvin & Asoc, manifestó que "perderemos competitividad con otros países como India, donde es muy fuerte el impulso que le están dando a la exportación de servicios y no se paga ningún impuesto".

Litvin enumeró los 9 países que pagan el derecho de exportación sobre servicios, además de Argentina. Camerún, Ecuador, Gambia, Guinea, Hong Kong, Malí, Pakistán, República Dominicana y Turquía.

José Malamud, del estudio Bruchou, Fernández Madero & Lombardi, que tiene una fuerte facturación por exportación de servicios, explicó que no hay ninguna decisión tomada porque es muy reciente el decreto que fijó los derechos de exportación al sector.

Pero adelantó que se analiza con lupa esa norma por considerar que tiene muchos aspectos disputables. Por una parte, equipara a los servicios con mercaderías, y por otra parte, hay varios aspectos del Código Aduanero que rige sobre los derechos de exportación que la norma no está considerando.

En el mundo de la tecnología, donde rige la ley de software, se da una inconsistencia legal. Ya que esa norma determina estabilidad fiscal para las empresas beneficiadas, pero el decreto reglamentario 1513 de 2012 advierte que ese paraguas no protege contra los derechos de exportación e importación.

Según explicó Macarena Pereyra Rozas, hasta ahora nadie había impugnado ese decreto porque no había sido necesario y ahora tampoco lo van a hacer las pyme, opinó la especialista, sino que van a ir incorporando a los precios la retención de $ 4, pero tal vez si lo hagan los grandes exportadores.

La posibilidad de que empresas de exportación de servicios se muden a Uruguay le parecieron escasas, salvo por unos meses y si tiene una estructura societaria que no desarmaron con el blanqueo. Es que en pocos meses saldrá la Ley del Conocimiento que traerá muchos beneficios al sector IT.

Rodolfo Canese, de KPMG, dijo que en esa consultora trasladarán a costos el derecho de exportación y en parte, si les resulta posible, a tarifas.

Raúl Sanguinetti, de Baker Tilly, exporta contabilidad a Estados Unidos, por lo que consideró que aun con el "combo" devaluación y retenciones, el año pasado fue muy bueno. "El impuesto no nos cambia la ecuación", aseguró.

Passarelli consideró, por último, la posibilidad de dividir en dos sociedades distintas las operaciones, de modo que la que exporte sea micro o pequeña empresa y no tenga una facturación anual mayor de $ 600.000.

Puso el ejemplo de dos sociedades vinculadas. Una de las preguntas que deberá responder la AFIP es, dijo Passarelli: ¿qué ocurre con este tipo de empresas? ¿Se sumarán sus exportaciones a efectos del cálculo del mínimo no imponible de u$s 600.000?, ¿a partir de qué grado de vinculación se sumarán (simple vinculación, control, empresas asociadas, etc.)?

Lo cierto es que, al momento de solicitar la categorización como pyme, la AFIP ya contempla ciertos casos de vinculación societaria y termina de definir si una empresa es 'Micro', 'Pequeña', 'Mediana' o 'Grande', en función de las ventas de todo el grupo económico.

Cabe la posibilidad de que la AFIP ni siquiera reglamente sobre estos casos particulares y, simplemente, si las dos empresas respetan el requisito de ser Micro o Pequeña, puedan exportar hasta U$S 600.000 anuales libres del impuesto cada una, opinó Passarella.

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