Expertos recomiendan a Aranguren que la quita de subsidios energéticos sea gradual

Mientras el Gobierno termina de definir los últimos detalles para los aumentos de luz que comenzarán a llegar en febrero, un grupo de expertos elaboró un punteo de recomendaciones que puso a disposición del equipo del ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren. Ante la presencia del subsecretario de Escenarios y Evaluación de Proyectos de Planeamiento Energético, Mauricio Roitman (reconocido consultor que trabajó con Daniel Montamat), el presidente del IAE, Jorge Lapeña, y el presidente de ASAP, Rafael Flores, realizaron ayer la presentación formal del trabajo de ambas entidades denominado "Los subsidios energéticos en Argentina" en el que se destaca que en los últimos diez años las transferencias de este tipo en el sector eléctrico y de gas natural se multiplicaron 110 veces hasta alcanzar los $ 128.000 millones en 2014, equivalente al 2,9% del PIB.

Para dar una magnitud del alcance de los subsidios de la energía, Flores estimó que 2015 cerraría con un monto cercano a los $ 142.000 millones, lo que significaría seis veces más que lo que demanda la Asignación Universal por Hijo (AUH) o 3,5 veces más que el gasto destinado al Sistema Universitario Nacional. El informe anticipado en diciembre pasado establece 11 sugerencias para salir de la crisis del sector, aunque no especifica detalles ni propone medidas concretas. Entre las recomendaciones, los especialistas destacan que es imprescindible un aumento gradual de los cuadros tarifarios y la implementación de una tarifa social "porque va a impactar sobre la inflación y en la macroeconomía con una baja en el consumo que puede profundizar un proceso recesivo". "Es tan importante reducir los subsidios como hacerlo gradualmente", insistió Flores al destacar la comparación que realiza el informe respecto a que en comparación con los países limítrofes en la Argentina se pagan de 17 hasta 26 veces menos por las tarifas energéticas como en Chile o en Brasil.

Otro de los puntos sugiere establecer "un plazo, previo a la implementación de los aumentos, para considerar reclamos por errores de exclusión por parte de aquellos que se consideren injustamente excluidos del subsidio".

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