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En un juicio abreviado de apenas tres días, la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos, escuchará hasta el viernes los argumentos de Burford Capital y de la Argentina en el caso de las sociedades Petersen y Eton Park para determinar entre fines de agosto y principios de septiembre el costo que el Estado nacional deberá pagar al fondo por la estatización del 51% de las acciones de la petrolera YPF en 2012.
El rango va de los 4999 a los 16.100 millones de dólares, según la fecha que se tome para calcular el valor. Preska ya había definido el 31 de marzo pasado que YPF, una Sociedad Anónima de gestión privada que cotiza en la Bolsa de Nueva York y en la de Buenos Aires, quede libre de cargo y culpa. Desde mediados de marzo, cuando el mercado empezó a intuir que la petrolera no tendría que pagar nada por este caso y apenas u$s 287,5 millones por el de Maxus, la acción de la petrolera líder en Vaca Muerta trepó casi un 70% en cuatro meses.
La jueza sentenció que el Estado nacional debió haber hecho una Oferta Pública de Adquisición (OPA), en base al estatuto de YPF, porque estaba por adquirir más del 15% de las acciones entonces en manos de Repsol. En cambio, el gobierno de Cristina Kirchner se apropió del 51% de la petrolera, que quedó bajo la dirección de Axel Kicillof. Años más tarde, se le pagaron a Repsol unos u$s 5000 millones.

Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors, está presenciando el juicio en Nueva York y apuntó en su cuenta de la red social Twitter que el caso se trata de "la mayor sentencia económica contra un país soberano en la historia de las cortes norteamericanas". "De los u$s 16.100 millones que Argentina podría pagar por la expropiación de YPF, u$s 7600 millones dependen de la tasa de interés aplicable que Preska decidirá: entre 0% y 8%", agregó.
Expropiación de YPF
La diferencia restante, unos 3500 millones de dólares, dependerá de la fecha que determine la jueza en que la Nación tomó el control de la firma. Burford Capital pretende que sea el 16 de abril de 2012, el día en que se anunció la estatización, mientras que la Argentina argumenta que fue el 7 de mayo de ese año, cuando se promulgó la Ley 26.741 que declaró de "Utilidad Pública y sujeto a expropiación" el 51% del patrimonio de YPF.
En el medio de esas tres semanas, el valor bursátil de la compañía se desplomó ante el temor de los inversores por la acción que había tomado el Estado nacional y la posibilidad de una ola de estatizaciones en el país.
Burford Capital compró en 2015 por u$s 15 millones los derechos a litigar por la quiebra de las sociedades Petersen, de la familia Eskenazi
En cualquier caso, la sentencia de Preska puede atravesar instancias de apelación y la Nación no tiene el dinero para pagarla, por lo que los conocedores del tema estiman que ya durante la gestión de un nuevo gobierno en 2024 la Argentina podría tomar deuda pública para hacer frente a ese compromiso.
Burford había comprado en 2015 por unos 15 millones de dólares el derecho a litigar por la quiebra de las sociedades del grupo Petersen, de la familia Eskenazi, que ingresó a YPF de la mano del ex presidente Néstor Kirchner entre 2008 y 2011 con un 25% del total de las acciones, en un plan de "nacionalización" de la firma para compartir el control con la española Repsol. El fondo ahora espera cobrar unos u$s 7500 millones más los intereses, según declaró a sus inversores.
Los Eskenazi habían entrado sin desembolsar dinero y solo pagaron mediante la obtención de dividendos de YPF, en paralelo a una brutal caída de la producción de la empresa porque no se reinvertían las utilidades. El giro de dividendos al exterior y la reversión del superávit comercial energético a un déficit a partir de 2011 fue uno de los principales motivos de la instauración del cepo cambiario.
Por expropiaciones e incumplimientos de contratos, la Argentina todavía espera la definición de otros juicios internacionales por unos 3500 millones de dólares, entre el Cupón PBI, los casos que llegaron al CIADI, la estatización de Aerolíneas Argentinas, holdouts y otros.



