En pleno arranque de la liquidación de la cosecha gruesa, la Federación Aceitera y el Sindicato de Obreros Aceiteros de San Lorenzo lanzaron una huelga nacional que paraliza las operaciones de los principales puertos exportadores de Argentina.
Horas después de iniciada la medida de fuerza, la Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria, que rige por 15 días, por lo que los puertos deben seguir operando. Además, fijaron para esta semana una nueva reunión entre las partes para ver si alcanzan un acuerdo. Las plantas volverían a estar plenamente operativas esta misma tarde.
Este año, se espera una cosecha récord que aporte más de u$s 36.000 millones por el aumento de la producción. De concretarse, sería el mayor registro en 16 años.
La medida de fuerza se dio luego de que la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) ofreciera un 0% de aumento para mayo en la negociación colectiva. El sindicato reclama un aumento del 20% para alcanzar un salario mínimo que abarque necesidades básicas de los trabajadores.
La huelga, ya en suspenso tras la conciliación, tiene en vilo a cerca de 80 plantas y puertos agroexportadores.
Según explicaron desde el sindicato, entre el 27 de abril y el 2 de mayo analizarían las variables económicas para negociar los aumentos. Desde la Federación destacaron que las empresas registraron una ganancia adicional de u$s 3740 millones, a lo que suman la reducción de las alícuotas de las retenciones. “Sólo con esa ganancia extraordinaria, pueden pagarnos al menos 5 años de salarios de todos los aceiteros”, consideraron.
“No ofrecen ni un peso de aumento para nosotros, los trabajadores, que producimos la ganancia que ellos acumulan”, marcan desde el sindicato que dirige Daniel Yofra.
Además, postularon que las empresas buscan alinear la evolución de los salarios con la inflación y no con las nueve necesidades que se incluyeron en las negociaciones por el salario mínimo: alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión.
En esta línea cuestionaron la canasta con la que se releva la inflación, ya que consideran que no es representativa de los gastos de las familias, un reclamo atento a la falta de modificación de la canasta de INDEC. Esto, consideran, condena a los salarios a no tener aumentos por encima de la inflación.
Es por esas estimaciones que consideran que el salario mínimo debería ser de $2.802.754. La categoría inicial del sector hoy es de $ 2,3 millones.
Respecto del costo laboral, plantearon que los salarios de todos los trabajadores de la industria, desde los rangos más bajos hasta la gerencia, representan el 3,3% de las exportaciones del sector.
Las empresas nucleadas en CIARA consideran que el reclamo es “desorbitante” ya que el salario mínimo del sector es un 67% superior al salario promedio privado registrado, que ronda los $ 1,4 millones, equivalente a lo que necesita una familia de cuatro personas para no ser pobre según INDEC.
También plantearon que en las categorías superiores, la diferencia entre el salario de aceiteros y el promedio del privado registrado llega a 117%. La paritaria del sector acumuló entre noviembre de 2023 y mayo de 2026 un aumento del 261%, contra una inflación de 299%, una suba del dólar del 304% y de la soba medida en pesos de 179%.
Desde enero, las negociaciones salariales derivaron en un aumento del 13,5%, contra una inflación acumulada de 12,6%, a lo que se sumó un anticipo de $600.000.
Según las empresas, el reclamo de un aumento del 20% implica proyectar una inflación de 34,6%, por encima de las expectativas del mercado que rondan el 30%, a lo que suman que la soja medida en pesos cayó un 9% entre enero y mayo.
“Cada día de paro significa menos salarios para los trabajadores, con una pérdida estimada de $160.000 por día para cada trabajador. También implica menos ventas de productores, menos viajes de camiones, menos exportaciones, menor ingreso de divisas y menor actividad en toda la cadena agroindustrial”, dijeron desde CIARA, y sumaron que el paro es “contra la política económica” y afecta a una actividad estratégica del país: “Paralizar una actividad estratégica no fortalece al país: lo debilita”.
En diálogo con El Cronista, Yofra sostuvo que los argumentos son “excusas”: “Habría que ver por cuánto ellos están por encima en su rentabilidad respecto de otros sectores”.
