El Gobierno nacional oficializó una nueva poda sobre partidas sociales, educativas y científicas en la antesala de una nueva movilización universitaria contra el ajuste presupuestario. La Decisión Administrativa 20/2026, firmada por el jefe de Gabinete, redefine créditos del Presupuesto y expone recortes multimillonarios sobre programas de alfabetización, infraestructura escolar, medicamentos, inclusión social, ciencia y tecnología.

Según pudo corroborar El Cronista, las planillas anexas muestran que el ajuste no se concentra únicamente en estructuras administrativas, sino que alcanza programas sensibles y de impacto directo sobre prestaciones estatales.

El recorte más fuerte aparece en el área de niñez y desarrollo social. La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia redujo en $55.465 millones dos programas centrales: “Acciones de Inclusión Social” y “Programa de Integración Social y Fortalecimiento de la Ciudadanía hacia el Desarrollo Humano”, ambos con bajas idénticas de $27.732 millones.

En Educación, el ajuste identificado supera los $63.697 millones. El golpe principal recae sobre el Plan Nacional de Alfabetización, que pierde $35.288 millones, seguido por Infraestructura y Equipamiento, con una caída de $21.686 millones.

También se reducen partidas para formación docente, evaluación educativa, cooperación internacional, desarrollo tecnológico y fortalecimiento de infraestructura del conocimiento, un área vinculada al sistema universitario y científico.

La publicación se produce mientras crece la tensión con rectores, docentes y estudiantes universitarios, que preparan una nueva marcha federal para reclamar recomposición presupuestaria y salarios frente al deterioro del financiamiento del sistema público.

El ajuste también alcanza de lleno al área sanitaria. Entre las principales bajas aparece $25.000 millones menos para Fortalecimiento de los Sistemas Provinciales de Salud; $20.000 millones menos en Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica; $5.000 millones menos en Cobertura Sanitaria Compensatoria y $5.000 millones menos en programas vinculados a cáncer.

A eso se suman recortes sobre programas de VIH, tuberculosis, hepatitis, lepra, salud sexual, enfermedades endémicas e inmunoprevenibles.

Además, el Gobierno redujo transferencias figurativas para organismos como el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante, el Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Carlos G. Malbrán y la Superintendencia de Servicios de Salud.

La poda se extiende al sistema científico. El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) pierde más de $3.263 millones, mientras que la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i) sufre un ajuste de $857 millones.

La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, en tanto, registra un recorte total de $4.490 millones, incluyendo bajas en programas de financiamiento científico y fortalecimiento de tecnologías de la información y comunicación.

Las planillas también muestran una reducción de más de $3.058 millones en financiamiento internacional proveniente del BID y el Banco Mundial para programas científicos y tecnológicos.

En paralelo, aparecen bajas en organismos culturales como la Biblioteca Nacional Mariano Moreno y el Teatro Nacional Cervantes, además de un recorte de $11.020 millones en complementos a prestaciones previsionales de ANSES.

Otro de los ejes que atraviesa el ajuste es la caída de transferencias de capital y programas de infraestructura. El patrón se repite en distintas áreas: menos obra pública, menor financiamiento de equipamiento y retracción de programas ejecutados con organismos multilaterales.

El ajuste también alcanza al sistema de medios públicos. En la órbita de la Secretaría de Comunicación y Prensa, la partida “Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Otros Entes” muestra una reducción de $1.738 millones.

Entre las empresas afectadas aparece Contenidos Artísticos e Informativos S.A., la sociedad estatal que absorbió la ex Télam, con un recorte de $95,8 millones. También figuran transferencias reducidas para Radio y Televisión Argentina S.E. (RTA), que nuclea a la TV Pública y Radio Nacional.

En el sector interpretan que la poda apunta más a restringir funcionamiento y financiamiento operativo que a un cierre inmediato de estructuras.

La decisión administrativa aparece en un momento de máxima sensibilidad política para el Gobierno. La reactivación del conflicto universitario amenaza con reinstalar una de las protestas más masivas contra la gestión de Javier Milei, mientras el Ejecutivo profundiza el ajuste sobre partidas sociales con el objetivo de sostener el equilibrio fiscal.