Guerra contra la inflación

Empresas rechazan pagar un bono a trabajadores y tensan el diálogo tripartito

La posibilidad se planteó en la reunión del Gobierno con la UIA y la CGT, pero no sumó adeptos. Mañana sería la convocatoria al resto de los sectores.

Pasado el mediodía del lunes, al menos tres de las grandes cámaras sectoriales que deberían participar este martes del diálogo tripartito ampliado que anunció el Gobierno la semana pasada, luego de reunirse con la Confederación General de Trabajadores (CGT) y la Unión Industrial Argentina (UIA), no habían recibido invitaciones

Una cuarta estaba convocada a un encuentro con el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, a pesar de que no participa de los acuerdos de precios que cierran, habitualmente, alimenticias y supermercados. En todos los despachos empresarios consultados, rechazaban la posibilidad de pagar un bono general que sirva como paliativo para la alta inflación de marzo y -se espera- de abril.

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La posibilidad de pagar el bono surgió de las reuniones de la semana pasada. Desde el vamos, el presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, se opuso tajantemente. Otras fuentes de la central fabril argumentaron que los salarios de la industria están por encima de la inflación y que, en plena temporada alta de paritarias, las discusiones deberían ser sectoriales y dirimirse en ese ámbito.

Es lo que dijo, de manera más descarnada, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, la semana pasada, en diálogo con El Destape Radio. "Las negociaciones paritarias están funcionando adecuadamente aun con esta inflación alta", dijo. 

el ritmo de las paritarias

"Las paritarias que se han venido cerrando andan en el 45, 47 o 42%, pero los primeros aumentos para los primeros tres meses, en general, han rondado entre 18 y 21%. Si sumamos que los salarios en enero estaban cuatro puntos arriba de la inflación (anual), hoy no vemos que esta situación haya afectado el ingreso real de los asalariados privados y públicos", sostuvo, en una declaración que le valió reproches dentro del Frente de Todos.

"Buscamos implementar medidas de manera dialogada y consensuada", matizó el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, el fin de semana. "Han habido avances interesantes, esperamos tener en los próximos días algunas medidas ya consensuadas", agregó, en diálogo con radio Mitre.

Yo señor, no señor

Como la UIA, la Cámara Argentina de Comercio (CAC) rechaza el bono paliativo. La central empresaria negocia una tensa paritaria con el sindicato que conduce Armando Cavalieri, que busca paritarias trimestrales. En la Cámara esperan que el salario de abril llegue con el primer aumento de la nueva discusión, que rondaría el 18%. "Sumar a eso un bono de 6000, 8000 pesos, al pequeño empresario lo rompe", argumentaron desde ese rincón. Presidida por Natalio Mario Grinman, la CAC espera un movimiento del Gobierno para descomprimir la presión sobre la canasta básica: una rebaja generalizada de IVA a ese grupo de productos.

La Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) también desestimó pagar un bono. En la entidad que preside Gustavo Weiss sostuvieron que las paritarias que firmaron con Uocra aún le ganan a la inflación. "El bono debería ser para trabajadores que quedaron atrasados con la inflación; nuestra paritaria está encima de la inflación del período, en nuestro caso no debería aplicar", se defendieron en esa entidad.

Propuesta alternativa

En paralelo, ceos de multinacionales de diálogo constante con el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, buscan cerrar una reunión para plantear una alternativa: un aumento generalizado de suma fija para trabajadores del sector privado, a cuenta de paritarias, que impacte con más fuerza en los salarios más bajos y permita compensar la alta inflación de estos meses asociada a la aceleración del ritmo devaluatorio, la suba de tarifas y combustibles y, sobre todo los alimentos frescos y derivados del trigo y el maíz.

No es algo que todavía genere consensos. En el Estado se abre un problema: acompañar esa necesaria recomposición en el sector público implicaría un aumento de gasto que, con el FMI auditando las cuentas, sería difícil de sostener.

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